El Gobierno del Partido Popular delegó la pasada legislatura en la unión de dos empresas constructoras, Ferrovial y SIEC, la gestión de aspectos claves del día a día del Hospital Universitario ‘Marqués de Valdecilla’, el principal activo de la sanidad pública cántabra, reconocido expresamente en el Estatuto de Autonomía.

Visita a las obras de Valdecilla

Porque la empresa no sólo se encargó de finalizar de forma rápida, en menos de una legislatura (y a tiempo de llegar a las elecciones), unas obras que llevaban años empantanadas, y que se derivan de una decisión tras el derrumbe de parte de la fachada de Traumatología hace más de diez años.

Es que Ferrovial y SIEC (Smart Hospital Cantabria) también asumieron la gestión, por el método de la concesión, de los servicios no sanitarios que ya venían prestando otras empresas privadas (como la lavandería, seguridad, etc…)

Todo por un importe de más de 900 millones de euros durante un período de 20 años, a razón de en torno a 44 millones de euros anuales.

ENTRE LA GESTIÓN Y LA BATA BLANCA

Lo asistencial y no asistencial se entremezclan en el día a día del hospital

Sin embargo, la documentación que aprueba al propio contrato admite que la gestión del día a día de la empresa tendrá efectos sobre la atención sanitaria, en aspectos como la alimentación, el mantenimiento de la tecnología médica, la gestión de los residuos…

Por eso se arbitra un sistema de penalizaciones si la gestión de la empresa incurre en incumplimientos del contrato o si sus acciones llegan a perjudicar la atención sanitaria.

Las penalizaciones se traducen o bien en rebajas de la cantidad que la empresa recibe mes a mes o bien en multas, que en los casos más elevados oscilan entre los 150.000 y los tres millones de euros.

Y que suponen 20 euros diarios de sanción cuando se llegue al extremo de dejar paralizada la actividad asistencial como consecuencia de la labor de las dos constructoras.

UN CONTRATO ENTRE DOS PARTES

Es un contrato entre dos partes, y como tal incluye responsabilidades si se rescinde el contrato.

Si lo hace la Administración sin motivo aparente, la empresa será indemnizada con lo ya invertido de las obras, que ya están hechas, y de la gestión. Si sucediera hoy mismo, serían 140 millones de euros.

Pero no es un contrato al uso: la administración pública deberá velar por el equilibrio económico-financiero si, por ejemplo, se produce un aumento de las necesidades asistenciales (por ejemplo, una epidemia sanitaria).

Y se prevé una actualización de precios al alza si la constante innovación tecnológica requiere una sustitución o modernización de los equipos.

La empresa también se verá compensada en la cantidad que reciba mes a mes como consecuencia de la política de personal, que las estancias de los pacientes se incrementen más de lo habitual o que suban los consumos energéticos.

DERECHOS DE LA EMPRESA

Y además de los ingresos de la Administración, la empresa puede generar sus propios ingresos, pues se le permite la gestión de áreas comerciales, entre las ya existentes, como la cafetería, el aparcamiento, como de futuras, desde la alusión a instalaciones multimedia hasta las que se le vayan ocurriendo, pues tiene derecho a reservarse para esos fines los espacios que considere necesarios.

En cualquier caso, si la empresa lo estima oportuno, puede hasta ceder la gestión del hospital a una tercera empresa, y subcontratar servicios de los que tenía concentrados.

El contrato incluye un pormenorizado escenario de situaciones, imprevistos, incumplimientos y sanciones, de una forma que sobre el papel es bastante rígida, pero que a la vez deja bastante margen a la discrecionalidad de la Administración a la hora de tomar represalías económicas y que hace que no le compense el ‘rescate’ de la concesión para lo público.