El Ayuntamiento de Santander ha acordado la apertura de un expediente disciplinario a un agente de la Policía Local que quiso imponer una multa a la constructora ASCAN, en lugar de a un trabajador de esta empresa que pertenece al mismo grupo que la adjudicataria del servicio municipal de recogida de basuras.

Los hechos sucedieron en septiembre de 2014, cuando un policía local informó de que iba a denunciar a ASCAN por una presunta infracción en materia de ruido.

Sin embargo, al oírlo por el sistema de comunicaciones, un cabo, superior directo del agente, le indicó que debía denunciar a los responsables materiales de la infracción, es decir, al trabajador que se encontraba en el vehículo.

Esa orden se le trasladó tanto a través del sistema de comunicaciones, abierto para todos los agentes, como posteriormente en persona.

El empleado se negó a hacerlo en ambas ocasiones, y se ausentó del lugar de los hechos sin interponer la denuncia.

Por ese motivo, apenas dos días después de los hechos, el jefe de la Policía Local, atendiendo las indicaciones del cabo cuyas órdenes habían sido rechazadas, emitió un informe en el que ponía de manifiesto esta situación de desobediencia.

APERTURA DE EXPEDIENTE

Y esta desobediencia es, según la legislación vigente para policías o empleados públicos, una falta grave o muy grave, que puede tener como consecuencia la suspensión de funciones por un período de entre cinco días y tres meses.

De momento lo que se aprobó no han sido las sanciones en sí mismas, sino la apertura de un expediente sancionador, es decir, el inicio de un proceso que terminará o no en represalías sobre el agente denunciado, aunque los informes y la actitud de sus superiores ya denotan un interés en que este las sufra.

En base a este proceso, se designa a un instructor, un alto funcionario municipal, que escuchará a las partes implicadas y sus alegaciones, para tomar una decisión que, no obstante, en última instancia, le corresponde a la Junta de Gobierno local, es decir, a los miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander.

ASCAN Y LAS MULTAS

La historia del Ayuntamiento de Santander y ASCAN con las multas ha deparado momentos como el publicado por Eldiario.es, cuando la falta de notificación de una sanción por incumplimiento de contrato por parte del propio Ayuntamiento hizo que el expediente caducara y la empresa se librara de abonar 150.000 euros.

En ese momento, desde el equipo de Gobierno se argumentó que esa cantidad se recuperaría detrayendo las cantidades del propio servicio al mes siguiente, como se aprobó más tarde.

SADISA Y SANTANDER

En Santander, el Grupo SADISA, al que pertenece ASCAN, es adjudicatario de una promoción de viviendas protegidas en La Albericia o de la pasarela entre la calle Alta y Castilla Hermida, y es la propietaria de la mayoría de los terrenos de la zona de San Martín, donde se aprobó un convenio urbanístico el año pasado que permitía la construcción de 140 viviendas.

También ha sido beneficiaria de una modificación del Plan Especial de Protección del Sardinero, que les permitió realizar reformas en fincas de su propiedad y que recogió una operación de compraventa de terrenos entre los Díaz, propietarios del grupo, y los Botín.

Además del propio servicio de recogida de basuras en la capital, una división del grupo, la de basuras, a la que pertenecía el concejal de Urbanismo César Díaz antes de ser fichado para el Ayuntamiento por el alcalde, Íñigo de la Serna.