Sobre el papel, el contrato del Puerto de Laredo con ASCAN y FCC no suponía riesgo para el Gobierno de Cantabria.

El documento, al que ha tenido acceso EL FARADIO, lo dejaba claro: el riesgo corría por parte de la empresa privada y la parte pública no haría nunca de avalista de operaciones financieras.

Pero algo muy enrevesado sucedió, con unas muy difíciles relaciones entre el Gobierno y las empresas, para que al final todos los cántabros vayamos a tener que pagar un ‘rescate’ de aproximadamente 50 millones de euros que ha motivado la petición de comparecencias parlamentarias (este jueves, del consejero de Obras Públicas José María Mazón) y las primeras críticas de Podemos al Gobierno regionalsocialista cuya formación facilitaron.

Porque al final del proceso, la empresa concesionaria se acabó declarando en concurso de acreedores, esa figura que la Ley reserva para las empresas en dificultades para gestionar sus cobros.

El concurso de acreedores, y la posterior liquidación, tuvo como consecuencia la anulación del contrato (así lo reconocen las condiciones) y la consiguiente indemnización.

Y llegar a esa declaración fue posible gracias a un pacto entre las empresas que supuso cambiar el sistema de cobros que venían manteniendo y que les dejó sin ingresos para afrontar las deudas.

Fue una declaración que evitó que se tuvieran en cuenta otros detalles negativos de la gestión que hubieran tenido que hacer que fueran ellos los que indemnizaran si se hubiera anulado el contrato del Puerto de Laredo.

Puerto de Laredo.

EL CONTRATO

El contrato se firmó en el año 2005, en la época de los Gobiernos de PRC y PSOE, y tenía dos partes: la construcción del Puerto (las propias obras) y luego la gestión de los atraques, es decir, la concesión durante 40 años.

En realidad, todo lo iban a hacer las mismas empresas, la cántabra ASCAN (del Grupo SADISA) y la nacional FCC, pero con un reparto de funciones diferenciado.

Es decir, por un lado una unión de empresas, una UTE entre ASCAN y FCC se encargó de la construcción del Puerto.

Y por otro, se creó una empresa nueva para la gestión diaria de la concesión.

Esa empresa es Marina de Laredo, y la formaron ASCAN, FCC y Puntida, una empresa que en realidad era propiedad de Caja Cantabria, que tal y como habían definido la relación, se iba a encargar de la financiación (con la cantidad de 19,1 millones de euros durante 20 años).

LOS MODIFICADOS

Pero llegó el invierno de 2007 y con ello dos grandes temporales, cuya excepcionalidad avaló el Instituto de Hidráulica, que llevaron a cambios en las obras en lo que en el argot se conoce como modificado.

Y luego se produjo un segundo modificado, esta vez motivado por la petición de los pescadores de ampliar el dragado del Puerto, al constatar que los barcos pesqueros son cada vez más grandes.

En este segundo modificado se empezaron a complicar las cosas: hubo un sobrecoste de 11 millones de euros que la empresa asumió, sin revertir a la parte pública.

LOS PROBLEMAS

El tiempo corrió y pasaron varias cosas: la salida de la Caja de la empresa (lo que cambió las condiciones de financiación) y las dificultades genéricas de financiación cuando explotó la burbuja acabaron, junto a otros factores, complicando la situación económica de las empresas, tensando la relación y llevando a las fotos que hicieron del Puerto de Laredo nuestro Aeropuerto de Castellón: o sea, otra infraestructura vacía.

La concesionaria vio que no llegaba y planteó distintos escenarios alternativos, que pasaron por ampliar más años la concesión (hasta 60), elevar los precios de los atraques o implicar más al Gobierno en la participación en la empresa, hasta el punto de que llegaron a sugerir la palabra (de tan negras connotaciones en Cantabria) del préstamo participativo.

Mientras, la sociedad concesionaria fue acumulando una deuda, por el exceso de gasto y la falta de ingresos (no tenían financiación y no vendían atraques). Por no llegar, no llegaron ni los esperados ingresos de los atraques del Club Náutico de Laredo, con sentencia de derribo no ejecutada, cuyos barcos, como consecuencia, esperaban en Marina de Laredo

EL CAMBIO

Y se produjo un cambio en la relación entre las dos sociedades, la constructora y la concesionaria (aunque en realidad eran las mismas).

En un primer momento, en 2008, la constructora adoptó un papel de financiera, de adelantar el dinero, pero en 2013, cuando la obra ya estaba entregada y pagada, se hizo un cambio en las condiciones del contrato de obra y pasó de ser financiera a considerar esa cantidad financiada directamente como una deuda, como una cifra que le debía.

Más de 42 millones de euros para los que se ideó una fórmula de pago: se irían abonando según les fuera llegando el IVA de las certificaciones de obra, según el sistema de cobros que arbitraron.

El problema vino con los plazos: esta fórmula para conseguir que la concesionaria tuviera ingresos se aprobó días antes de que Marina de Laredo fuera a concurso de acreedores y a liquidación, es decir, a desaparecer como empresa.

EL FINAL

La desaparición de la empresa es uno de los motivos que contemplaba el contrato del Puerto de Laredo para resolverlo, para acabar con él y, por tanto, para indemnizar.

Puerto de Laredo.

Una maniobra que el nuevo Gobierno del Partido Popular rechazó al encontrársela.

Y que trató de evitar buscando fórmulas para que fuera Marina de Laredo la que indemnizara a la administración.

Por motivos como los retrasos, el incumplimiento de las condiciones económicas, la poca dotación con que nació la empresa («infracapitalización», lo llamaron los administradores concursales) o la ocultación de información.

A partir de ahí empezó un largo proceso de cruce de papeles en un profuso expediente que acabó con el Gobierno reafirmándose en sus tesis y con el asunto, ante la imposibilidad total de acuerdo, en el Consejo de Estado.

Finalmente, el informe del Consejo de Estado concluyó que los motivos que alegaba el Gobierno no estaban tan claros en el contrato, que en cambio sí dejaba negro sobre blanco que la liquidación era un buen motivo para anular el contrato, en un texto no vinculante que está en el origen de la futura indemnización con la que se ‘rescatará a ASCAN y FCC en Marina de Laredo.