El Ayuntamiento de Santander ha anunciado que la Junta de Gobierno Local del Consistorio aprobará el próximo lunes la suspensión temporal durante tres meses de la tramitación de las bases y estatutos de la junta de compensación de la zona de ‘El Pilón’.

El concejal, César Díaz, ha tofmado esta decisión tras establecer contacto de la empresa titular de la mayor parte de los terrenos, Costa Verde Habitat. El Ayuntamento ha manifestado que, tras conversaciones mantenidas con el equipo de gobierno municipal, la empresa se ha comprometido a profundizar en las vías de diálogo «para tratar de lograr un consenso con el resto de propietarios».

Zona de El Pilón

Este resto de propietarios son los más de 30 vecinos afectados por este proceso, y que de seguir adelante perderán sus casas, sin opción a realojo, y deberán pagar su parte de los gastos en la demolición de las viviendas y en la edificabilidad de la zona para construir 140 viviendas, más de 200 plazas de garaje, un vial y zonas verdes.

El proceso de ‘El Pilón’ estaba a punto de iniciarse el 30 de septiembre, fecha en la que finalizaría el plazo para aprobar la Unidad de Actuación, que implicará la creación de una Junta de Compensación a la que los vecinos deben adherirse si no quieren ser expropiados, y que supone pagar su parte de los gastos de demolición y edificabilidad.

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha informado hoy de esta decisión a los vecinos afectados por la actuación urbanística y al resto de grupos municipales en una reunión en el Ayuntamiento.

Díaz, que se ha puesto en contacto con la promotora, asegura que que la empresa ha sido “perfectamente consciente” del problema y, por eso, ha solicitado suspender temporalmente el proceso en marcha y se ha comprometido a profundizar en la búsqueda de consensos con los afectados y a mantener nuevas reuniones con el resto de propietarios con voluntad de llegar a acuerdos.

LOS INFORMES TÉCNICOS PLANTEAN MODIFICAR LA LEY DEL SUELO AUTONÓMICA

En el pleno del 27 de agosto donde desde la oposición se le instó a dar una solución a los vecinos, César Díaz condicionó su apoyo a paralizar el proceso, siempre que esto coincidiera con los informes hechos por los profesionales técnicos municipales. En esta ocasión no lo han paralizado sino que lo han alargado durante tres meses.

El Pilón

En estos informes, que han presentado a los vecinos y al resto de grupos municipales, se incluye una propuesta que, a su juicio, «es una medida fundamental no sólo para este caso, sino para otras actuaciones que se puedan desarrollar en Santander o en otros municipios de Cantabria».

Y es que el Consistorio insiste, como ya anunció en el pleno, que se plantea pedir al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley del Suelo autonómica con el fin de que se regulen los derechos de realojo y retorno para personas afectadas por procesos urbanísticos como el de El Pilón.

En el texto que se propone trasladar al Gobierno, el Ayuntamiento de Santander plantea una regulación del derecho de realojo y retorno basada en dos principios básicos que considera “ineludibles”: la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas; y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.

Además, sugiere que, en función de sus ingresos, los afectados puedan llegar a optar a una vivienda de reemplazo a un precio equivalente al justiprecio o indemnización a percibir, sin tener que realizar así un esfuerzo económico suplementario.

De esta manera, señala Díaz, se quiere garantizar que “ningún afectado” por una acción urbanística “pueda ver seriamente entorpecido su legítimo derecho de acceder a una vivienda digna, en condiciones realmente asumibles y en atención a sus concretas circunstancias personales”.

La cuestión es que el proceso de El Pilón y sus características, entre las que se incluye la Unidad de Actuación, la Junta de Compensación o la negativa a un realojo obligatorio, se recogen dentro del Plan General de Ordenación Urbana, que es de competencia municipal, al contrario que la Ley de Suelo.

Los vecinos de El Pilón y su abogado, Juan Mantilla, ya le recordaron al municipio que la solución sería «técnica, no política», pues se puede tomar desde el propio Ayuntamiento con la modificación del PGOU.