«Hay que reconocer que la empresa, la UTE, no digo que nos engañó, pero no nos lo dijo en su momento. No nos lo comunicó», reconoce el Consejero de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, José María Mazón.

Se refiere a la salida del tercer socio de la UTE que formaba Marina de Laredo, y que componían Ascán, FCC y Puntida, una empresa de la Caja de Ahorros de Caja Cantabria. La salida de Caja Cantabria, que Mazón reconoce que «tardaron casi un año en comunicarnos», llevó a una modificación del contrato que empujó a la empresa Marina de Laredo al concurso de acreedores que llevó a la liquidación.

José María Mazón (izquierda) durante la comisión en el Parlamento de Cantabria.

«Si nos lo hubieran dicho inmediatamente la cosa podría haber cambiado», asume Mazón, que, en una Comisión Especial sobre el Puerto de Laredo en el Parlamento de Cantabria, ha recordado que este hecho, unido a la crisis económica, llevó a crear en el contrato la fórmula de la cuenta de compensación.

«Era la fórmula de apoyar a una empresa que si no no conseguía financiación», ha defendido Mazón este jueves, en una sesión en la que ha anunciado que el Consejo de Gobierno ha autorizado nuevamente su procedimiento de resolución, «en base a lo establecido en la ley».

Es decir, que el Gobierno sigue adelante con el procedimiento que anunció en el mes de julio, tras desestimar continuar con el procedimiento iniciado por el anterior gobierno del Partido Popular en el que pretendía buscar una resolución en base del incumplimiento de la empresa de asumir la total financiación de las obras.

LA OPOSICIÓN QUIERE LLEVAR EL CASO POR LA VÍA JUDICIAL

El Gobierno de Cantabria, compuesto por el PRC y el PSOE, se ha quedado solo con esta decisión pues los tres partidos de la oposición, PP, Podemos y Ciudadanos, han recriminado duramente esta actitud y se han desmarcado.

Desde el principal partido de la oposición y anterior formación en el Gobierno, el Partido Popular, ha insistido en su estrategia de llevar el caso por la por la vía judicial. En referencia a ello, ha recordado que la empresa Marina de Laredo ha perdido 6 de 6 sentencias que los tribunales han dictaminado, «ahorrando muchos millones de euros a los cántabros», tal y como ha manifestado el ex Consejero Francisco Rodríguez Argüeso.

Rodríguez Argüeso ha insistido en la conveniencia de seguir los consejos del jefe de la asesoría jurídica de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, que fue instructor del expediente que inició el PP, y no la resolución del Consejo de Estado, que no es vinculante.

Según ha manifestado Argüeso, este instructor, en un informe de más de 300 páginas, recomendaba resolver la concesión por motivos imputables a la concesionaria.

«¿Me puede decir que es cierto que su resolución, haciendo caso al Consejo de Estado, supone muchos más millones para la concesionaria en perjuicio de los intereses del dinero público y de los cántabros?», ha cuestionado el exconsejero.

Una pregunta a la que ha contestado Mazón indicando que «la diferencia económica probablemente no sea tan grande porque las penalidades son las que son», y se ha manifestado en contra de «meternos en un mundo de pleitos y más pleitos».

José Ramón Blanco, de Podemos, ha insistido en que va a apoyar cualquier iniciativa que incite a que se lleve el caso por la vía judicial. «Queremos que nos diga la Justicia quién tiene la culpa de esta situación y cuánto tiene que ser el dinero», en vez de que sea a través de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno. «Esto parece una subasta pues cada consejero da una cifra diferente», ha insistido.

Desde Ciudadanos, Rubén Gómez ha manifestado que no se siente «tan positivo» como parece mostrarse el consejero en el éxito de este Puerto, que el propio Mazón ha calificado de «infraestructura extraordinaria» con un «futuro prometedor».

Gómez ha insistido en que el Gobierno ha decidido entre dos caminos: hacer caso a la resolución no vinculante del Consejo de Estado de indemnizar a la empresa, o iniciar trámites judiciales para luchar por la posibilidad de no tener que hacerlo.

En esta última, insiste, «había mucho que ganar y nada que perder pues en caso de que la Justicia no nos diera la razón se hubiera llegado al primer caso» y podría «haber disminuido el perjuicio económico para la Comunidad Autónoma».

EL PAPEL DE BOCANEGRA, A DEBATE

En la sesión de la Comisión ha salido un tema que ya adelantó EL FARADIO, y es el papel que tuvo en el Puerto de Laredo, José Antonio Bocanegra, quien ahora es concejal en el Ayuntamiento de Laredo por el PRC.

Bocanegra, ingeniero de Caminos, ha sido designado nuevo director de la empresa pública SICAN, y fue director del Puerto de Laredo, como máximo responsable ejecutivo.

El exconsejero de Obras Públicas, Rodríguez Argüeso, ha cuestionado a Mazón en referencia a este tema, que se llevará al Parlamento por una pregunta registrada por el partido Podemos a raíz de la publicación de esa información en El Faradio.

«¿Quién ha sido el máximo responsable ejecutivo de la empresa Marina de Laredo hasta hace dos años?», ha preguntado Rodríguez Argüeso, que también se ha cuestionado en qué beneficia a este hombre la actual resolución del Gobierno.

«¿Usted sabe que este hombre es el que presentó ese reequilibrio económico financiero?¿Usted sabe que este hombre en diciembre de 2011 demandó a la administración regional para resolver el contrato por incumplimiento de la administración?, ha insistido, para finalizar con una última pregunta y respuesta: «¿Y sabe lo que pedía? 67 millones de euros».

Mazón ha defendido la actuación de Bocanegra, quien asegura que era «un profesional contratado» y «no tiene nada que ver con el Puerto desde hace 3 años». Mazón asegura que Bocanegra era «un gerente para explotar la obra», pero que no estaba metido en el diseño financiero, el cual asegura que «lo llevaban los sabios de Madrid de las concesiones de Fomento (FCC)».

Ha defendido, además, su vinculación con el PRC, del que ha asegurado que es uno de sus fundadores, y ha pedido a los otros partidos que «no creen desconfianza», y más «si están viendo fantasmas donde no los hay». «Esto es cuestión de personas jurídicas, no personas físicas», ha defendido.