Como sucedió en la legislatura 2007-2011, cuando el Gobierno de Cantabria aprobó el concurso eólico que posteriormente anuló el TSJC y en última instancia el Tribunal Supremo, la sociedad civil vuelve a advertir de que los tribunales tumbarán el desarrollo eólico que planea en la actualidad el Ejecutivo. Por el mismo motivo, “por ilegal”.

En un debate en la tertulia de Buenas Tardes Cantabria, Javier Ceruti, abogado y miembro de Cantabria Nuestra, asociación que forma parte de CORE (Cántabros por una Ordenación Racional de la Energía Eólica); Rafael Sebrango, también abogado y Luis Marina, empresario y consultor en Saciva, han expresado dudas económicas, ambientales y jurídicas del desarrollo eólico que ha comenzado su tramitación.

La confirmación reciente por parte del Consejero de Industria, Francisco Martín – que lo fue de Medio Ambiente en el frustrado concurso eólico de hace dos legislaturas-, de la tramitación de 14 parques eólicos que estarán instalados en un plazo de dos años, ha reactivado a la sociedad civil en contra, de nuevo, del procedimiento eólico.

CUMPLIR LA LEGALIDAD

“Se empecinan en mantener una postura que el Tribunal Supremo ya ha dicho que es ilegal, que es la de intentar desarrollar la energía eólica sin haber planificado previamente el territorio”, asevera Ceruti.

Aerogeneradores eólicos

Un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) en cuyo desarrollo trabaja el Gobierno de Cantabria, aunque tal y como lo ha definido la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE),  en respuesta a Podemos en la última sesión del Parlamento, el planeamiento reunirá un “conjunto de criterios” que no puede “paralizar nada”, en relación a los proyectos eólicos.

En este sentido, Ceruti recuerda que la Ley del Suelo de 2001 daba un plazo de seis meses al Gobierno para la aprobación del PROT.

Y denuncia que – a las autoridades – “no les importa llevar 14 años sin cumplir la Ley porque saben que si se aplica un PROT no van a poder hacer lo que están haciendo ahora, que es colocar parques eólicos cuando quieran y donde quieran los que les han animado a conceder esas licencias”.

Ceruti remite a la sentencia del Supremo: “Lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad, que está para preservar lo que es de todos: el territorio, el paisaje y el medio ambiente de Cantabria, antes de actuar con actuaciones concretas de instalación de la energía eólica”.

Y lamenta que “se empeñan en que tumbemos este plan hasta que de una vez decidan que lo que hay que hacer es cumplir la legalidad”.

LOS MISMOS RESPONSABLES

“Claro, son los máximos responsables de lo que pasó entonces – el frustrado concurso eólico en los tribunales- y mirad dónde están”, ironiza este activista por la ordenación racional de la energía eólica, sobre los cargos que ocupan quienes adjudicaron los 1500 Megavatios de potencia eólica que fueron tumbados en los tribunales.

(Juan José Sota era consejero de Industria y ahora es el titular de Economía; el actual consejero de Industria, Paco Martín, era el responsable de Medio Ambiente y la entonces vicepresidenta, Lola Gorostiaga, es en la actualidad presidenta del Parlamento).

“En vez de pagar han sido premiados, ¿Por qué no responden ante los incumplimientos de la Ley?”

Rafael Sebrango, abogado, recuerda que “el sector eólico se ha convertido en refugio del dinero de la especulación”, con situaciones derivadas dell Plan Eólico cántabro tan poco comprensibles como que Rianxeira, la empresa de conservas gallega, se impusiera en el concurso eólico a Gamesa, que produce palas para molinos de viento en Reinosa.

Y es que a aquel concurso eólico acudieron y lo ganaron empresas tan diversas como bancos, constructoras o empresas de gestión de residuos y del agua.

Las élites económicas, hombres de negocios polifacéticos, desde la promoción inmobiliaria a asesorías legales, pasando por el sector de los Balnearios.

SE ESTÁN TRAMITANDO MÁS DE 2.000 MEGAVATIOS

Antes del fracasado concurso eólico, Cantabria se dotó de una Ley, el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN 2005-2011) que contemplaba 300 megavatios de potencia eólica y no tuvo contestación social.

Aerogeneradores eólicos

“Por primera vez hubo un poco de orden en el desarrollo”, recuerda Ceruti, con “zonas de instalación y de exclusión”.

Una de esas zonas era el sur de Cantabria, por el “enorme” y “relevante” patrimonio del País Románico, de un valor “extraordinario en el mundo”.

Precisamente de esa zona han llegado las primeras voces de denuncia sobre el desarrollo eólico en marcha en la actualidad.

En concreto desde Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que también forma parte de CORE, que estudia llevar al Gobierno y en concreto al consejero de Industria a la Fiscalía, al entender que se han podido cometer delitos de prevaricación, tráfico de influencias y ecológicos.

“Es una zona donde pueden poner lo que quieran porque está prácticamente deshabitada”, añade Ceruti, que recuerda que también “ahí apuntó el concurso eólico” anulado en los tribunales.

En la última legislatura, con Gobierno del PP, y tras decaer el desarrollo eólico por sentencia judicial, el Parlamento aprobó el nuevo PLENERCAN, que rebajaba el total de potencia eólica a instalar en la región a más de la mitad: de 1.500 a 700 megavatios, pero no como “límite imperativo”, aclara Ceruti, sino como “orientativo”.

“Ahora mismo se están tramitando permisos que sumarían más de 2.000 Megavatios en Cantabria”, asegura.

NO HAY INTERÉS REGIONAL

Este abogado rechaza que haya un interés regional en la instalación de esa potencia eólica en Cantabria. No cree que vaya a haber una creación de empleo “relevante” mientras que, por el contrario, según estudios realizados por CORE, puede haber una pérdida neta de empleo en el sector del turismo rural.

Los colectivos que se oponen denuncian que es una cuestión de negocio privado, como está demostrando la Fiscalía anticorrupción en sus investigaciones en Castilla y León, con beneficios por encima de 40 millones de euros para los especuladores. “El único interés es el de las empresas adjudicatarias”.

“Yo prefiero energía eólica que fósil”, explica Ceruti, que recuerda que los colectivos contrarios al concurso eólico fueron tachados por el Gobierno de “reaccionarios”.

Molino de viento

Y razona que Cantabria podría tener instalados 300 megavatios desde hace 10 años si se hubiera desarrollado el PLENERCAN 2005-2011. Una potencia que se podría multiplicar ahora con nueva tecnología y sin necesidad de adjudicar nuevos parques. “Sólo con la repotenciación de los parques que ya existen en España y que empiezan a estar obsoletos se doblaría la capacidad de generación”, añade.

Luis Marina, empresario y consultor en SACIVA, tampoco encuentra la justificación económica al despliegue eólico en Cantabria, toda vez que se eliminaron las primas por producción de energía limpia que las adjudicatarias iban a destinar a inversiones en otros proyectos de valor añadido para la comunidad, que era lo que planteaba el anterior concurso eólico.

“La tecnología, los fustes de los molinos, los construyen fábricas que no están aquí; los motores, empresas internacionales y los grandes instaladores son compañías globales que gestionan parques”, cuestiona Marina sobre los beneficios económicos para Cantabria

A todo esto añade el “evidente” impacto visual evidente y que la producción energética va directa a “un pool”, una subasta donde compañías nacionales e internacionales juegan a ese mercado, por lo que concluye que “la localización de la producción no es relevante”.