La Comisión de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander ha aprobado de forma definitiva la modificación del Plan Especial de Protección de El Sardinero, un documento que regula las acciones y obras que pueden realizar los propietarios en esta emblemática y protegida zona de la capital cántabra.

Esta modificación (dos, en realidad), responde a sendas peticiones, bien de los Botín, para facilitar la ampliación del Promontorio en el que se encuentra la sed de la Fundación Marcelino Botín, o bien de los Díaz, para realizar obras en Villa Aragón y redistribuir los límites de una finca, la Quinta Maza, que la familia de banqueros le adquirió a los responsables del Grupo SADISA, del que depende la constructora ASCAN.

Y aunque se han topado con escollos burocráticos (problemas de plazos y períodos de alegaciones) que han retrasado su aprobación, lo cierto es que estas peticiones han tenido más éxito que otras demandas previas de particulares de la zona en un plan que el Ayuntamiento de Santander venía tratando con cierta rigidez.

Entre esos propietarios que quisieron realizar reformas en sus fincas en la zona se encontraban, paradojicamente, según constata documentación municipal manejada por EL FARADIO, los propios Díaz. Eran otros tiempos, con relaciones más difíciles, y la operación no iba de la mano de los Botín.

Obras en Villa Aragón

MODIFICACIONES A MEDIDA

El Plan Especial de Protección del Sardinero es una figura que ha experimentado pocos cambios en los últimos años. En la pasada legislatura se han tramitado dos modificaciones del Plan Especial de Protección de El Sardinero, y las dos han tenido como protagonistas a dos ilustres propietarios de la zona, los Botín del Banco Santander y los Díaz del Grupo Sadisa y la constructora ASCAN

La primera resultó sencilla: la pidió la Fundación Marcelino Botín (entidad cultural vinculada al Banco Santander) y una de las empresas que gestiona el patrimonio de la estirpe de banqueros a la que pertenecía el ya fallecido Emilio Botín.

El objetivo era facilitar la ampliación del Promontorio (como se conoce el lugar donde tienen su sede la Fundación Botín y vivienda particular de la familia), gracias a unos terrenos que pertenecían a la empresa del grupo que así lo solicitó.

Se aprobó definitivamente en junio de 2013, tras un proceso que comenzó cuatro meses antes.

La segunda modificación, más compleja en su tramitación, fue solicitada por empresas ligadas al Grupo Sadisa o empleados del conglomerado de Santiago Díaz.

Trabajos en la Quinta Maza

Esta otra modificación afecta a dos fincas que eran propiedad del empresario constructor cántabro.

Se trata de la Quinta Maza y Villa Aragón, ambas visibles desde Reina Victoria, y en las que se realizan distintas obras en estos momentos.

Villa Aragón era un antiguo hotel que fue comprado por Santiago Díaz y el expresidente Juan Hormaechea, y que ha acumulado varios avisos y multas sobre su mal estado durante años. Después pasó a ser propiedad de Díaz.

Pegado a él, aunque con acceso desde Pérez Galdós (justo enfrente del Promontorio de la Fundación Botín o del Hotel Real, propiedad también de la familia Botín), está la Quinta Maza, que fue propiedad de Díaz.

En ambos edificios se realizan ahora obras de reforma, tras varios años en los que no fue posible ejecutarlas, entre otros motivos, debido a las restricciones que fijaba el Plan Sardinero, como se les dijo en su momento a otros propietarios de la zona.

LA COMPRAVENTA DE FINCAS

Los cambios incluidos recogen una operación de compraventa de terrenos entre los Díaz y los Botín que llegó en un momento muy oportuno para la situación económica de las empresas del Grupo Sadisa, al que pertenece la constructora ASCAN.

Porque la Quinta Maza ya no es propiedad de los Díaz: en el primer trimestre de 2013, los Botín compraron a los Díaz esta finca justo enfrente de otras propiedades de los banqueros como el Promontorio de la Fundación o el Hotel Real.

Obras en Villa Aragón

La operación rondó los 7 millones de euros, según publicaron en su día medios especializados como Invertia, con un descuento cifrado en torno al 30% respecto a su precio de mercado.

Y llegó en un momento especialmente delicado para los Díaz: meses después presentaron un preconcurso de acreedores para una de sus sociedades, ASCAN, en un momento en que le afectaron tanta la crisis del sector de la construcción, el descenso en la obra pública como una serie de decisiones en su contra tomadas por el Gobierno de Ignacio Diego.

Fue un momento en que el grupo sometió su gestión a firmas auditoras, en un proceso en el que se le recomendó liberarse de patrimonio que tuviera inmovilizado para convertirlo en dinero, como hizo, por ejemplo, cuando a finales de 2014 vendió dos terrenos en El Alisal (en los que se asientan Toys’R’Us y Media Market, cuyas obras ejecutó), por valor de 17 millones de euros.

Aparte de ser prácticamente vecinos, los Díaz y los Botín han coincidido en proyectos como las obras del Centro Botín en terrenos portuarios anexos a los Jardines de Pereda, realizadas por ASCAN en UTE con OHL, de Villar Mir (con otra importante empresa con sede en Cantabria, Ferroatlántica).

Con OHL, que en la época de Emilio Botín tenía buenas relaciones con el grupo bancario, ha trabajado Sadisa en tándem en varias ocasiones (por ejemplo, en el frustrado contrato del Hospital Valdecilla o el mantenimiento de zonas de Madrid).

Además, el Santander y Sadisa son incluso socios en otro proyecto empresarial: Ascan Water Services, sociedad especializada en la gestión del agua que se encarga del servicio en el Ayuntamiento de Castro Urdiales.

LAS ALEGACIONES

Este cambio se produce después de constantes negativas a mejoras en la zona, alegando precisamente la existencia de este Plan Especial.

Así quedó de manifiesto en uno de los procesos de información pública al que se sometió el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, aprobado finalmente en 2012.

Al comprobar lo que recogía el avance del Plan, varios ciudadanos con propiedades en El Sardinero plantearon peticiones u objeciones, plasmadas en alegaciones.

La zona de El Sardinero tiene una protección especial

Todas fueron rechazadas por el Ayuntamiento de Santander, que se remitía a las especificaciones del Plan Especial de Protección de El Sardinero que, sin embargo, se modificaría luego.

Así, por ejemplo, un particular propuso que se eliminase la limitación en un 40% a las plantas sótano, norma que le impedía construirse un garaje para su vivienda ampliando el sótano.

Lo de los aparcamientos subterráneos fue una petición que también realizó otro propietario, que se quejaba de que ciertas limitaciones del Plan resultaban incompatibles con el estilo de vida actual.

Y reclamaba, de hecho, que el Plan Especial de Protección de El Sardinero dejara de ser considerado como algo “rígido e inamovible”.

Otra quiso hacer reformas de elementos de la fachada, sustituyéndolos, que no podía acometer debido a la protección para la zona.

En todos los casos, la respuesta era muy escueta, y común: “La propiedad queda incluida dentro del Plan Especial de Protección de El Sardinero, y por ello sujeta a lo dispuesto en el mismo tal y como queda establecido en la legislación vigente”.

Algo más de acogida tuvo una de las propietarias que se dio cuenta de que parte de su propiedad era considerada en el Plan General como público, lo que fue rectificado.

LAS ALEGACIONES DE LOS DÍAZ

Entre los propietarios que alegaron al Plan General, sin éxito, se da la paradoja de que se encontraban los propios Díaz, que finalmente, años después, han logrado una modificación del Plan Sardinero que tiempo atrás se les vendió como inamovible.

En ellas se percibe como el constructor y su entorno trataron de realizar mejoras en sus fincas, que les fueran negadas acogiéndose a lo marcado en el plan cuyo cambio se tramita ahora.

En 2009, durante el período de información pública del Plan General de Ordenación Urbana, se presentaron alegaciones que afectaban a ambos edificios de su propiedad, la Quinta Maza y Villa Aragón.

Ambas iban en el mismo sentido: advertir de que la rehabilitación de los inmuebles que ellos deseaban no era posible en base a la Ley, que sólo permitía su restauración de una forma determinada al estar calificados como de protección estructural.

De modo que reclamaban una ampliación de las obras para esta categoría (apelando a la existencia de precedentes de cambios en inmuebles incluidos en ese mismo Plan).

Además de la posibilidad de realizar cambios en los cierres de las parcelas, para acabar, finalmente, planteando que se aprovechara el proceso de modificación del Plan General para realizar un cambio en el Plan Especial del Sardinero.

Ni sus alegaciones para hacer obras como las que querían en los edificios ni el cambio en el Plan Sardinero fueron aceptadas por el equipo redactor del Plan General, que les respondió lacónicamente con que “la propiedad queda incluida dentro del Plan Especial de Protección de El Sardinero, y por ello sujeta a lo dispuesto en el mismo tal y como queda establecido en la legislación vigente”.