Este miércoles las Plataformas de Afectados por las Hipotecas de Cantabria (Santander y Torrelavega) ha registrado ante la Comisión de Peticiones del Parlamento de Cantabria una carta dirigida al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, solicitándole su mediación frente a los casos que la PAH tiene pendientes con Liberbank y que han provocado las últimas ocupaciones de las oficinas de la entidad.

Miembros de la PAH este miércoles en el Parlamento de Cantabria.

En la carta, la PAH le explica a Revilla que llevan desde el mes de junio tratando de negociar con Liberbank los casos de tres de sus compañeros que buscan solución. En la última reunión que la PAH mantuvo con el Jefe de Recuperaciones de Liberbank en Cantabria, se les trasladó la negativa de la entidad de renegociar la deuda de dos casos que, aunque pueden pagar, solicitan variar las condiciones de sus hipotecas.

Sí acordaron, por otro lado, aceptar la dación en pago del tercero de esos casos. Desde entonces, ninguno de ellos ha recibido respuestas del banco, lo que ha llevado a que la PAH ocupe hasta en cuatro ocasiones las oficinas de la entidad, conllevando la primera denuncia y multa de la Ley Mordaza en Cantabria.

La PAH solicita a Revilla, ante «la desesperación que cunde entre los afectados», que se ponga en contacto con el Presidente de Liberbank para que se involucre en este conflicto, y las situaciones pendientes puedan resolverse «sin necesidad de ocupar bancos y sin que los afectados se enfrenten a multas».

HAN PRESENTADO UNA MOCIÓN EXIGIENDO MEDIDAS PARA LA LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL

Este miércoles, la PAH también ha registrado un documento para exigir una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda, que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional existente en la región.

Esta nueva ley sería parecida a la anunciada por el Ejecutivo cántabro, cuyo borrador ya está escrito y que la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos ya ha anunciado que saldrá a la luz en el mes de noviembre, justo a tiempo para las elecciones generales.

Este registro forma parte de un movimiento coordinado por varias Plataformas antidesahucios a nivel estatal, que buscan modificar la actual Ley Hipotecaria, la eliminación de las cláusulas abusivas por parte de entidades bancarias y la protección de aquellos que vean peligrar su primera vivienda.

Para ello, la PAH se ampara en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea contra el sistema hipotecaria español, pidiendo su modificación y varias medidas que fuercen a entidades bancarias y fondos buitre propietarios de viviendas a asumir derechos garantistas para los inquilinos.

Entre estas medidas se encuentra la regulación del alquiler en favor de los inquilinos, sobre todo si el arrendador es un banco o gran propietario de viviendas; así, como una ley que garantice una vivienda de alquiler social «para  las  personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares», que «habiendo cedido su vivienda  única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional», asegurándoles el acceso a los suministros básicos.

Otra medida que exige la PAH, y que está contemplada en la Ley de Emergencia Habitacional, es la creación de un observatorio de la vivienda, compuesto por representantes de las instituciones y de la sociedad civil, y que sería el encargado de investigar y analizar la situación de la vivienda en  España para realizar censos periódicos de viviendas vacías.