Sobre el papel, la Ley de Costas en las zonas de dominio público terrestre-marítimo (o sea, las zonas pegadas al mar) sólo permitía que en los puertos se desarrollasen actividades relacionadas directamente con la portuaria.

Sin embargo, esto texto, que depende del Gobierno central, experimentó en 2013-2014 una modificación (cambio de Ley y redacción de un reglamento) que incluyó una cláusula que permitió la realización de actividades relacionadas de forma indirecta con la portuaria, tanto en el Puerto de Laredo como en otros.

Actividades indirectas, significa, por ejemplo, actividades hosteleras (una terraza) o el aparcamiento, que fue uno de los quebraderos de cabeza en la tensa relación que mantuvieron el Gobierno de Cantabria y la empresa concesionaria del Puerto, Marina de Laredo (o sea, la suma de ASCAN y FCC).

EL APARCAMIENTO

También sobre el papel, el aparcamiento le suponía a la empresa unos (necesarios) ingresos, pero también estaba incluido entre los múltiples gafes que han asolado a esta infraestructura, nuestro aeropuerto de Castellón, con una empresa que, como consecuencia de su propia política de pagos, llegó a un concurso de acreedores que está en la base que justifica la indemnización millonaria que recibirán ambas empresas.

Ese gafe consistió en que en el lote de los cambios en el proyecto hubo una modificación en la zona que acabó dejando al aparcamiento descolgado del área de influencia y, por tanto, menos atractivo para su uso, y, por tanto otra vez, menos susceptible de suponer unos necesarios ingresos.

La situación del aparcamiento fue objeto de uno de esos tensos cruces de correos entre los responsables del Puerto y el Gobierno, entonces en manos del Partido Popular, por los retrasos para su acondicionamiento y su puesta en marcha.

LA LEY DE COSTAS

En el recurrente cruce de acusaciones partidista en torno al Puerto de Laredo, socialistas y regionalistas, impulsores del proyecto, han reprochado siempre al Gobierno sucesor, el de Ignacio Diego, un desinterés que habría tenido como consecuencia la situación actual de esta infraestructura.

El Puerto de Laredo

Sin embargo, al principal apoyo a la empresa que supusieron las propias condiciones del contrato (las que dejaban claro que la liquidación de una empresa por concurso de acreedores era motivo para indemnizar) suscrito en la época de PSOE y PRC se sumó también una ayuda desde el Gobierno del PP.

Así lo ha revelado desde la tribuna el diputado del PP, Francisco Javier Rodríguez Argüeso, que fue consejero de Obras Públicas en el Gobierno de Ignacio Diego, en el Pleno de este lunes del Parlamento.

Rodríguez Argüeso incluso ha especificado que fue un planteamiento desde ese Ejecutivo al Gobierno central (responsable de la Ley), en un asunto que trató también el presidente Ignacio Diego, matizando a EL FARADIO que el Puerto de Laredo no fue el principal causante de esta petición, sino que era una necesidad detectada en otros puertos.

Si bien la ley y sus cambios son, como no pueden ser de otra forma, públicos, lo cierto es que las distintas referencias que se trasladaron entonces a la sociedad respecto a esta modificación fueron algo así como Save Raos: que se quería acabar con la inseguridad jurídica que sufrían los polígonos industriales en zonas de dominio público a los que se les caducaba la concesión, como venían denunciando la Cámara de Comercio y la Plataforma de afectados por la Ley de Costas.