Hace unos días la PAH-Stop Desahucios de Santander y Cantabria (por favor, no confundir con la PAH de Santander, que no son lo mismo y parece que no se acaban de llevar bien) alertó sobre el riesgo de desahucio en el caso de una familia por impago de alquiler.

Esta familia finalmente será desahuciada este jueves, 5 de noviembre, al haber mantenido el juez la orden de lanzamiento que se ejecutará a las 10:00 horas.

Desahucio que la PAH consiguió parar en El Astillero en 2014.

La plataforma PAH-Stop Desahucios ha iniciado un protocolo para detener el desahucio y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que se una. «Lo vamos a intentar todo para parar el desahucio, incluyendo la presencia de algún político de relevancia para hacer de ‘escudo humano”, revela la organización.

Esta declaración hace una clara alusión al compromiso adquirido por el propio Miguel Ángel Revilla, que en el pleno de esta semana en el Parlamento de Cantabria, aceptó el reto de José Ramón Blanco para que en el siguiente desahucio se interpusieran ambos como ‘escudo humano’ y evitarlo.

Ya añadimos que esto es muy improbable que se dé, ya que el compromiso de Revilla iba dirigido a los desahucios bancarios, y este es un alquiler privado. Además, la plataforma que acude en ayuda de la familia es la escisión de la PAH Santander en la que colabora el propio Blanco, es decir, la conocida como la otra PAH.

«LA JUSTICIA HA SIDO DEMASIADO CIEGA»

La plataforma insiste que esta situación podría haberse evitado si el juez hubiera actuado de otra forma. “En el desahucio de esta familia, la justicia ha sido demasiado ciega», critican. De hecho, denuncian que la familia será desahuciada por impago de alquiler, a pesar de haber pagado un año por adelantado, y de no tener deudas en el momento de la demanda.

«En primer lugar, se admite una demanda y se emite una sentencia cuando no existe deuda realmente ya que faltaban todavía tres meses de alquiler para cobrar sin contar el aval. Y en la propia diligencia de ordenación donde se confirma el desahucio se hace una interpretación demasiado inflexible de la ley de enjuiciamiento civil, cuando esta norma, en su artículo 704, permite un aplazamiento de un mes si está convenientemente motivado”.

Fue a finales de la semana pasada, el abogado de los afectados presentó un escrito solicitando la suspensión del desahucio por la situación económica de la familia y pidió el mes de gracia al que tenían derecho por ley. Una solicitud que ha sido finalmente rechazada.

La historia de la familia es empieza en septiembre de 2014 la familia pagó por adelantado 6.600 euros, correspondientes a las mensualidades de un año, además del aval de un mes (550 euros). Sin embargo, en junio de 2015 los propietarios presentaron la demanda de desahucio.

En ese momento todavía quedaban de pagar tres meses, es decir, 1.650 euros y el correspondiente aval. En total, 2.200 euros. La deuda, por suministros, que tenía la familia en ese momento era de 932 euros y el juzgado de primera instancia nº 2 de Santander dictó sentencia poco más de dos meses después.

La familia está compuesta por Luis y Rocío, ambos de 46 años, con dos hijos, uno de 20 y otro de 7. Ambos padres se encuentran en situación de desempleo, y actualmente no reciben ningún ingreso. La unidad familiar sobrevive gracias a las ayudas que les ofrecen diferentes ONG.