Sobre el papel, un ERE, un Expediente de Regulación de Empleo, es algo malo. Pero en Andalucía se le dio la vuelta a la tortilla, y entrar en un ERE era algo que merecía tanto la pena que hasta se pagaban comisiones por conseguirlo.

Se pagaban con el fondo de reptiles, un nombre muy apropiado para un caso que se ha ido arrastrando, que se ha dejado en el camino la trayectoria de dos presidentes andaluces.

Y que han recopilado en ‘El saqueo de los ERE’ en fase de lanzamiento en Libros.com los periodistas de El Mundo Andalucía Antonio Salvador y Sebastián Torres. Hablamos con este último.

-El caso de los  ERE es relativamente reciente para el resto de España. ¿En Andalucía como era la percepción? ¿Era algo que se sabía y se ignoraba? ¿Cómo se llega a este nivel de complejidad?

-El caso delos EREs era absolutamente desconocido para una inmensa mayoría de Andaluces. Nadie sabía que existía un plan de jubilaciones con fondos públicos, y no se sabía que se pagaba de forma arbitraria, sin control.

Salvador y Torres en su investigación sobre los ERE.

La investigación arranca con el caso MercaSevilla, en el que aparece una grabación en la que se alude a un ERE.

Para nosotros fue desconcertante: teníamos la percepción de que un ERE era algo negativo, y allí se hablaba de ellos en positivo, en plan “yo he conseguido un ERE pagando comisión”.

Si tenías 52 años y la posibilidad de cobrar lo mismo pero sin trabajar, pues iban encantados  a firmar.

Lo que no sabían es que detrás estaba la Junta de Andalucía poniendo dinero, con cantidades desorbitadas, que incluían el pago de comisiones.

Eso acabó siendo la punta del iceberg de algo que movía cientos de millones de euros.

-Hemos visto episodios muy chuscos y bochornosos, como el más anecdótico, el del chófer de la coca…

-Era el chófer del director general de Trabajo, Javier Guerrero, que era quien controlaba el fondo, y que confesó que se fundía el dinero en fiestas y coca. Lo sacaban de las arcas públicas para subvencionar a empresas fantasmas que creaba el propio chófer.

-¿Lo llegaron a saber los expresidentes Chaves y Griñán?

-Hay que recordar que ambos están imputados porque el Tribunal Supremo vio indicios de prevaricación. Y Griñán recibió, como mínimo, 15 advertencias de Intervención (el organismo de la Administración que vela por el cumplimiento de la legalidad en contratos públicos). El interventor declaró que tuvo que conocerlo necesariamente, porque los informes iban dirigidos expresamente a él.

«Hay ciudadanos que se benefician de la corrupción»

-¿Podrá Susana Díaz despegarse de la sombra de los EREs?

-Ella llega al Gobierno en 2012 y a la Presidencia de la Junta en 2013, cuando el caso ya está judicializado.

Susana Díaz se enfrenta al síndrome del tren en marcha: cuando te subes a un tren, en este caso la Junta de Andalucía, tienes que tomar la decisión de si sigues adelante con la política que se estaba haciendo o pones orden.

Ella posiblemente no tenga nada que ver, pero luego han aparecido muchas investigaciones, por ejemplo sobre los fondos para formación, y el caso Jeremy, que es un caso muy reciente, sobre el manejo de fondos europeos, y allí Susana Díaz ya estaba de presidenta.

-Desde tu perspectiva, suponemos que todo lo de la nueva política te resulte cuanto menos gracioso, al ver, por ejemplo, titulares como que Ciudadanos ha apoyado a este gobierno o que la corrupción allí no se va a investigar en el Parlamento durante la campaña electoral…

-Ciudadanos vendió durante la campaña electoral el discurso de la regeneración, en el que tenían credibilidad porque no habían ocupado cargo alguno.

Pero lo cierto es que en Andalucía su posición está dejando desconcertada a mucha gente, incluso del propio partido.

Decisiones como la de posponer la Comisión de Investigación hasta después de las elecciones, o su posición con respecto a las dimisiones de Chaves y Griñán. Costó, pero dimitieron. Ciudadanos se atribuye el mérito, y puede que tuvieran algo que ver, pero la gente y sus propios militantes esperaban más.

-Porque esa es la otra gran pregunta, ¿se penaliza electoralmente la corrupción?

-El caso es ver si esa corrupción es vista por los propios ciudadanos como corrupción, porque en ocasiones los ciudadanos se benefician.

Es cierto que en estas autonómicas el PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia en Andalucía, pero no ha sido suficiente para desbancarlo del poder.

«El fondo de reptiles servía para comprar paz social y evitar protestas»

La jueza Mercedes Alaya habla reiteradamente del clientelismo, de como el fondo de reptiles servía para mantener la paz social y el orden público, que no hubiera manifestaciones de empresas en crisis o de industrias con problemas, y también para el pago de favores.

-Una jueza que lo ha pasado muy mal durante la investigación…

-Ha sufrido muchas trabas por arte de la Junta de Andalucía, desde la falta de medios materiales y personales (prácticamente tuvo que robar un escáner para tratar la documentación de los archivadores, que estaban literalmente tirados por el suelo).

O la falta de colaboración por parte de la Junta de Andalucía como investigada, que le planteó un conflicto de competencias ante el Tribunal Supremo cuando ella les pidió las actas de la Junta de Gobierno.

Y el consejero de Justicia la ha criticado abiertamente, tuvo que salir en su defensa el Consejo General del Poder Judicial.

Pero ella parece que está hecha de otra pasta: la presión no le afecta como al resto de los mortales.

Es una trabajadora incansable, desde siempre, ya en los años 90 hay fotos de ella con un taco inmenso de papeles y su maleta a todas partes.

-Estamos pendientes de las responsabilidades judiciales, pero, ¿y las políticas? ¿Se pueden dar por cerradas?

-Al dividirse la causa por piezas, eso significa que habrá 300 piezas, o sea, 300 juicios. Eso va a suponer que nos vamos a un plazo muy lejano en el tiempo en el plano juidicial.

Y en cuanto a las responsabilidades políticas, han sido importantes: dos expresidentes de Andalucía. Ha llevado mucho trabajo que se depuren. Griñán admitió ante el Supremo que dimitió por los EREs, pero Chaves dice que no.

Lo que es un hecho evidente es que los partidos han conseguido equiparar responsabilidad política con responsabilidad penal, y para ellos lo que no es delito no es causa de dimisión. Pero no hace falta un delito para dimitir, basta la mala gestión.

El libro se encuentra en la fase de captación de apoyos en una campaña de crowdfunding en la que se puede participar a través de este enlace.