Los vecinos del santanderino barrio de El Pilón (en el antiguo El Alta, en General Dávila) intensifican sus medidas para proteger sus viviendas, de las que corren serio riesgo de ser expulsados si se concretan los planes para la zona de la constructora Costa Verde Hábitat, reflejados en el Plan General de Ordenación Urbana.

El asunto se encuentra atascado: las protestas de los vecinos consiguieron una moratoria de tres meses, una especie de indulto temporal mientras se buscaban soluciones, en el que ahora ven un intento de evitar protestas vecinales durante la campaña electoral que perjudicaran al Partido Popular.

Zona de El Pilón

Pero estas soluciones no sólo no llegan, sino que los vecinos no perciben ningún tipo de avance desde un Ayuntamiento de Santander al que reprochan que trate de desviar el tiro de las soluciones hacia el Gobierno de Cantabria.

La reacción vecinal se conoce, además, tras el Pleno de este lunes en el que se trató el tema, a petición de Podemos, que no logró recabar apoyos para su propuesta en defensa de los propietarios de El Pilón.

Todo en una sesión en la que se apeló a la autonomía municipal y las competencias de Santander, y en el que no intervino el alcalde Íñigo de la Serna, que es también diputado autonómico del Partido Popular.

Así que los vecinos se han plantado y han tomado distintas iniciativas, que pasan por un escrito al Defensor del Pueblo (que recientemente ya se pronunció pidiendo el cumplimiento de la legalidad en el nuevo proyecto de la senda costera) o por un recurso administrativo contra el acuerdo de la Junta de Gobierno local que supuso el aplazamiento

 (en concreto, lo que se aplazó fue la constitución de la Junta de Compensación, un organismo en el que las decisiones se toman en función de la mayoría de la propiedad que, en este caso, pertenece a la constructora Costa Verde Hábitat, ligada al Grupo Tecniobras, y que pudo hacerse con ella gracias a la financiación de la rescatada Bankia)

Los vecinos lamentan que ni siquiera se les haya respondido a distintos escritos con propuestas realizados por ellos, por lo que cuestionan el compromiso municipal con la búsqueda de soluciones a su problema.

Y piden la modificación del Plan General en la zona, así como que se pase, en ese cambio, a una opción que no suponga su expulsión del barrio, suspendiéndose las actuaciones y recogiendo también el cambio en la Ley del Suelo de Cantabria que pide el Ayuntamiento.

Los vecinos ponen en contraste la negativa de los grupos parlamentarios a actuar sobre esta cuestión con sus reiteradas medidas en el asunto de las sentencias firme de derribo en urbanizaciones de la costa cántabra, con sucesivas modificaciones legislativas para tratar o bien de legalizar las viviendas o bien anticipar el pago de las indemnizaciones.