||por MARIANO DE MIGUEL, historiador||

De todos es bien conocido -por desgracia- que nuestro país desde la mal llamada reconversión industrial, ha sufrido en sus carnes la destrucción del tejido vinculado al sector secundario.

El paradigma de los polos industriales en desarrollo, como fueron los Altos Hornos de Bizkaia, los complejos textiles de Catalunya y un largo etcétera, desde hace 30 años, junto a la industria extractiva clásica (principalmente la minería astur-leonesa) o la química de Cantabria, han sufrido -y sufren- una prolongada agonía que no tiene visos de cambio.

Cuan curioso es que un complejo dentro del sector secundario, en este, nuestro país nunca, nunca ha sufrido carencia de capital o crisis. No es otro que el relativo al marco militar-industrial.

Los intereses de la venta de armas

Desde organizaciones o holdings tecnológicos, hasta filántropos como fue el caso de Joan March, el conocido como “Mundo de la Defensa” ha incrementado su capital y ganancias en no menos de un billón de euros desde 1988.

Mucha gente dice que todo ello redunda en la mejoría del PIB de este país. No nos llamemos a engaño, una vez más. Claramente se sabe a quién o a qué van destinados los beneficios. Junto a que los destinatarios de este ‘hardware’ de defensa son países que poco o nada respetan los derechos humanos más elementales.

Desde la mal llamada “Primavera Árabe”, seis países que la ONU califica como “depredadores de la libertad” (Bahrein, Arabia Saudí, Israel, Guinea Ecuatorial, Uzbekistán y la República Democrática de El Congo), han recibido instrumentos de guerra por parte del Gobierno de España.

Un Gobierno cuyo ministro de defensa, Pedro Morenés, según es harto conocido. procede de varios conglomerados de defensa –uno de ellos, todo sea dicho, suministrador de bombas de racimo y laminados para cañones antiaéreos al gobierno baazista de Saddam Hussein en 1983, durante la guerra del país árabe contra el Irán revolucionario–.

Los réditos de estas empresas no dejan de crecer a su vez siguen presionando porque consideran ínfimo el gasto de 9.586,8 millones de euros, con lo que representó el 2,08% del gasto público total. Su lema o motu propio es decir la ya conocida frase de “Invirtiendo en defensa, se invierte en seguridad y calidad de vida en un país”. Triste realidad.

Una industria en expansión

Pero más triste es ver sobretodo que los llamados “contratistas de defensa” vuelven a tener la voz cantante en muchos asuntos gubernamentales.

Ya fue malo que durante la década de 1980-1990 del siglo pasado, la ciudad de Marbella (principalmente) se convirtiese en un pseudo refugio de los malamente denominados “personajes de la jet set” que en realidad eran -y son- traficantes de armas por todo el globo.

Tales son los casos del denominado “Príncipe de Marbella”, Monzer Al Kassar un sirio con muchos nexos con el gobierno del por entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem; el saudí Adnan Khashoggi, cuyo yate estaba varado en el puerto de la ciudad y desde donde suministró armas consideradas ilegales a los contendientes de la anteriormente mencionada guerra iraquí-persa; Raimond Nakachian -un armenio más famoso por el secuestro de su hija, todo ello en base a un trato de venta de armas a Croacia que no salió del modo deseado- u oscuros personajes procedentes de la mafia georgiana y afincados en Andalucía y la Costa del Sol desde la implosión de la Unión Soviética.

Triste es ver como no sólo pocos de ellos no están siendo jugados por Tribunales como el de La Haya por su connivencia en delitos de lesa humanidad por todo el globo, si no que muchos de ellos, han ganado aún más dinero y del mismo modo han financiado campañas de no pocos polacos y partidos.

Cerrando todo y en base a un acontecimiento horrible como es la guerra de Siria, hay que decir que Monzer Al Kassar, el cual está condenado a 30 años de reclusión federal en la prisión de Terre Haute, Indiana, por la venta de armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ruso Viktor Bout, también condenado en su caso por un tribunal de Nueva York por suministro de armas a grupos como los Talibán o Sendero Luminoso, han visto sus peticiones de habeas corpus aceptadas y bien pueden ser libres en cuestión de meses.

Cabría preguntarse: ¿se necesitan de nuevo los servicios de estos financieros para bien armar a los “rebeldes” en Siria o al presidente Bashar Al Assad? El ciclo económico prosigue. La muerte de inocentes por culpa de las armas, también.