El Ayuntamiento de Santander retomará este lunes la tramitación del expediente del proyecto urbanístico en la zona de El Pilón, en el antiguo El Alta (General Dávila).

En concreto, la Junta de Gobierno local lleva en el orden del día de su reunión de este lunes la reanudación de la tramitación del expediente de aprobación inicial del Proyecto de Bases y Estatutos de la Unidad de Actuación del Área Específica 3(B), el nombre de la zona en la que se ubica el proyecto de Costa Verde Hábitat.

Zona de El Pilón

Cuando arreciaron las críticas y primeras movilizaciones de los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Santander acabó optando por posponer tres meses el expediente, en una fecha que coincidía justo con después de las elecciones, tan milimétricamente que se retoma apenas un día después de la cita electoral.

Se ha reproducido aquí el fenómeno del Prado San Roque, afectado también por proyectos urbanísticos que implican expropiaciones, que se pospuso primero hasta después de las autonómicas, y luego fue paralizado a instancias ajenas al Ayuntamiento de Santander.

Lo que se hace es permitir que continúe la constitución de la Junta de Compensación, una entidad en la que las decisiones se toman en función de quien tenga la mayoría de la propiedad, que, en este caso, es Costa Verde Hábitat, la empresa constructora.

Una mayoría que fue posible gracias a la financiación que la rescatada Bankia le proporcionó a la empresa, cuyo origen es una constructora valenciana que acabó siendo gestionada por la cántabra Tecniobras.

Y que vio como sus sugerencias al Plan General de Ordenación Urbana para la zona fueron aceptadas, en detrimento de las planteadas por vecinos de El Alta.

NI NEGOCIACIÓN NI CAMBIO

En cualquier caso, en todo este tiempo los vecinos ya saben que la empresa no tenía intención de negociar la situación, y se ha conocido el informe de los técnicos municipales que secundaba la tesis que había avanzado previamente el equipo de Gobierno.

Lo que los vecinos reclamaban era una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, rechazada por el Ayuntamiento con el argumento del interés público, y que, en cambio, sí se hizo poco después para permitir un centro comercial en El Alisal.

Y aquí se reprodujo el mismo modelo, el de aceptar las alegaciones de la constructora propietaria de los terrenos y de la ingeniería encargada de proyectos comerciales, mientras se rechazaban las de particulares, como sucedió con la modificación del Plan Sardinero pedida por los Díaz y los Botín, cuando años atrás se había rechazado modificarlo, como habían pedido también vecinos de la zona.