A veces, en Cantabria, para entender la gravedad de una información, hay que ‘traducir’ a nacional.

Pasarela entre la calle Alta y Castilla Hermida

Imaginaros que en el Gobierno de España, la ministra de Fomento, la ministra de Medio ambiente que se encarga de informes ambientales en la obra pública y el responsable de una de sus empresas públicas (por ejemplo, ADIF o AENA) hubieran trabajado todos previamente en la constructora ACS.

Y que luego a Florentino Pérez le hubieran llovido adjudicaciones de obra pública desde estos departamentos. La reacción es fácil de anticipar: el grito en el cielo. Editoriales, portadas, debate sobre incompatibilidades, los privilegios de las empresas del IBEX…

Primero saldría en los medios de comunicación críticos. O puede que, antes, en las redes sociales #puertasgiratorias hubiera sido trending topic. Los partidos de la oposición hubieran promovido acciones parlamentarias de reprobación. Y puede que algún partido o plataforma ciudadana encontrara base jurídica para montar jaleo en los tribunales.

De hecho, no hay que ser tan imaginativos. En esa situación se ha visto esta legislatura el ministro de Defensa, Pedro Morenés, con adjudicaciones a una empresa de seguridad que presidió. O la polémica que hubo por la participación que tenía Cañete, Comisario Europeo de Energía, en empresas del sector petrolero.

Pues eso es lo que está pasando en Santander con el urbanismo: los tres principales responsables del urbanismo en el Ayuntamiento de la ciudad han pasado por la misma empresa constructora, el Grupo SADISA, una empresa tan grande y poderosa como poco ejemplar en el pasado (condenada por el cártel del asfalto en Cantabria, por ejemplo).

¿ES LA ÚNICA EMPRESA?

Seguramente no es delito y puede que no sea corrupción: no implica, necesariamente, que haya pasado nada extraño en las adjudicaciones a estas empresas.

Y se puede argumentar que es bueno, hasta sano, en pleno debate sobre la capacitación de los políticos, que a las instituciones se incorporen personas procedentes del mundo profesional, sin currículum en blanco más allá del partido, como tantas veces se ha criticado.

Trabajos en la Quinta Maza

Pero esta realidad, este fenómeno, abre una serie de cuestiones importantes sobre las que merece la pena debatir y es posible que regular. Tal vez habría que hablar de incompatibilidades, como sí están estipuladas en el Gobierno de Cantabria.

Y nos hacemos preguntas: ¿Todos los gestores del urbanismo municipal vienen de la misma empresa, del mismo grupo? ¿Es SADISA el único grupo constructor que opera en la capital?

¿En concreto de esta empresa? ¿La que ya gestiona el súper contrato de las basuras en la ciudad?¿Esa a la que se perdonan multas por infracciones? Y al contrario: ¿esa que es tan intocable que se expedienta y sanciona a quien, como le ha pasado a un policía local, pretende multarla por exceso de ruidos?

¿Todos de la misma empresa que se benefició de la aprobación exprés de un convenio urbanístico, con la jefa de servicio de vacaciones, para desarrollar vivienda de lujo en uno de los balcones más privilegiados de la ciudad?

¿Todos los gestores del urbanismo en el Ayuntamiento de Santander son exempleados de la empresa promotora de Playa de San Martín?

¿A la que le adjudicaron obras sugeridas por ella misma al Plan General, en el mismo entorno de Gamazo?

¿La empresa cuyos propietarios consiguieron que se cambiara un plan de protección en el Sardinero para permitir reformar y vender sus fincas a la familia del banco que les financia las operaciones?

¿La misma familia Botín que fue clave en la refinanciación de la constructora cuando entró en crisis de pagos?¿La misma familia que construye el Centro de las Artes con adivinad qué empresas constructoras? (Sí, ASCAN entre en UTE con OHL)

¿GESTIONAR EL URBANISMO ES CONSTRUIR PISOS Y PUENTES?

Nosotros nos dedicamos al periodismo pero si nos dedicáramos a la construcción, en caso de que los tiempos de los cárteles estuvieran superados y ya no estuviera toda la obra repartida de antemano, tal vez nos preocuparíamos.

Y nos preocupamos en cualquier caso, como ciudadanos, por lo muy cuestionable que es entregar las decisiones sobre el urbanismo en Santander a tres perfiles coincidentes, no sólo con la misma empresa, sino también con el mismo sector.

Porque hay un error de concepto, y es entender que alguien que gestiona la construcción de pisos o los residuos sólidos urbanos, es la persona adecuada con conocimientos de urbanismo.

Zona de San Martín

Significa, directamente, que se está equiparando urbanismo con construir pisos. Salvo que así lo entienda el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander, que también puede ser.

Creemos que el urbanismo es mucho más: realmente debería ser la definición de para qué se usa el suelo de todos; una visión de la ciudad, de los espacios urbanos, mucho más a largo plazo; una visión de la ciudad contraria a como se suele ver desde los despachos de una empresa de construcción, que busca beneficios, cuando no pelotazos, inmediatos.

De hecho, puestos a buscar perfiles de fuera de la política con conocimientos en la materia para incorporar a las instituciones, quizás fuera más adecuado, por ejemplo, un experto universitario en ordenación del territorio. O incorporar también otros perfiles profesionales,  del mundo de la arquitectura, del paisaje o del medio ambiente.

Porque pensar que levantar pisos capacita para gestionar el urbanismo equivale a pensar que construir puentes da conocimientos de planificación hidrológica. O que un jardinero sea paisajista. O que un alumno sea profesor. O que alguien que pasee perros sea veterinario, o que alguien que cuide ancianos o enfermos sea médico.

Por último, es también una cuestión de transparencia: como mínimo, la gestión de estos cargos en lo que afecte a sus exempresas requiere de una mayor observación externa, de una mayor exigencia, incluso ponerse a pensar en la posibilidad de incompatibilidades.

Tal vez, los señores Díaz, Quirós y Gómez deberían ausentarse de las reuniones que afectan a estos casos, como sucede a nivel nacional y como debería entender una institución que presume de transparencia, en un momento en que se considera la transparencia como vacuna ante la corrupción.

Si lo traducimos a nacional, sería un escándalo, no tenemos dudas. Que no lo sea en versión autonómico abrirá no menos preguntas de las que ya planteamos aquí.