Ahora que ya se han cumplido los tres meses de prórroga que el Ayuntamiento santanderino, coincidiendo con las elecciones generales, dio a los vecinos del Pilón, el proyecto se ha retomado y camina rumbo a la aprobación del sistema de compensación que tanto temen los propietarios.

La Plataforma DEBA, presente en todos los frentes que luchan contra el PGOU y que ha apoyado a los vecinos desde el comienzo, ha iniciado su lucha en el nuevo año responsabilizando a todos los grupos municipales de lo que está sucediendo en el Pilón.

Zona de El Pilón.

No solo al Partido Popular, que por primera vez gobierna en minoría, sino al resto de las fuerzas que han ocupado sillones en el pleno desde las elecciones del pasado mes de mayo. Cinco partidos: PSOE, PRC, Ganemos Santander Sí Puede, Ciudadanos e Izquierda Unida.

DEBA les ha acusado de mirar «para otro lado» y de ser cómplices pasivos que «parecen no querer enterarse de los abusos y consecuencias desastrosas» que está generando el PGOU, y que creará en el futuro.

Tal y como recuerda DEBA, todos ellos llevaban en sus programas la conveniencia de revisar y modificar el Plan General, pero ninguno ha movido ficha en este sentido. «Quizás es que los problemas de la planificación del  espacio urbano de Santander y del condicionante permanente  que ello supone para la calidad de vida de sus vecinos no les parezca suficientemente importante, o no les interese», ha criticado la plataforma, que cree que el problema ha dejado de ser prioritario «una vez conseguido el puesto de concejal».

LA PLATAFORMA EXIGE LA PARALIZACIÓN Y REVISIÓN URGENTE DEL PGOU

A pesar de que todos los partidos de la oposición, incluidos Ciudadanos, partido que permite al PP sacar adelante la mayoría de sus propuestas y PRC, partido que apoyó el PGOU en 2012, tenían en sus programas electorales la propuesta de variar el Plan General, nadie ha hecho nada en los seis primeros meses de legislatura.

Algo que podría proponer cualquier grupo en pleno municipal y que, si todos cumplen su programa, podría aprobarse aún cuando el PP votara en contra, como ya ha sucedido en alguna ocasión, como en la moción contra la Ley Mordaza en la que los populares se quedaron solos defendiendo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

El incendio en la calle Tetuán se utilizó para pedir el voto a favor del PGOU en 2012.

De estos primeros seis meses, DEBA también recuerda que en el pleno municipal se han llevado a cabo varias modificaciones puntuales del Plan General, todas ellas «a petición y en beneficio de constructores, promotores o banqueros», tal y como ya hemos informado varias veces en EL FARADIO.

Casos como el Plan Especial del Sardinero, que fue denegada la modificación para algunos vecinos pero sí se aprobó al pedirlo para`las fincas propiedad de los Díaz y los Botín.

O también pudimos presenciar como, en un mismo pleno, se modificaba el PGOU en favor de una constructora y se negaba la petición de los vecinos del Pilón. En este último caso se acogían a la petición de los empleados municipales de justificar el interés público de la modificación, mientras que se ignoró este requisito en el primer caso.

Sin embargo, pese a que se han presentado varias propuestas destinadas a modificar el PGOU en favor de los vecinos del Pilón, estas no han salido adelante a pesar de que la oposición cuenta con mayoría. En el pleno de noviembre, varios partidos de la oposición solicitaron que se cambiara el sistema de la unidad de actuación por otro más justo, pero Ciudadanos y PRC se abstuvieron a última hora, imposibilitando su aprobación.

«Cuando se quiere se puede», aseguran desde la Plataforma DEBA en referencia a todos estos casos. «Lo que pasa es que el equipo de gobierno no tiene voluntad política más que para defender  exclusivamente a los promotores».

Y, como ningún grupo ha tomado la iniciativa en esta reforma, DEBA insiste en que «todos son corresponsables del mantenimiento de este desastroso plan, mientras no hagan algo eficaz» en su contra. La Plataforma exige que el PGOU sea paralizado con urgencia y sometido a una revisión en profundidad, pues denuncia que se basa en un modelo de urbanismo que está «al servicio exclusivo de intereses especulativos».

UN PLAN QUE «AGRAVA» LOS ERRORES HISTÓRICOS EN VEZ DE CORREGIRLOS

Situado en el punto más alto de la ciudad, en el paseo de General Dávila frente al campo  de fútbol del Regimiento, a apenas unos metros de Prado San Roque, otra zona en peligro; el barrio de El Pilón se enfrenta desde hace meses a la aprobación de una unidad de actuación que supone expulsar a varias decenas de familias de sus casas para construir 140 nuevas viviendas en bloques de 8 alturas, derribando las viviendas de 3 alturas que ahora existen.

Actuaciones como esta se prevén en otros 90 lugares de la ciudad. Actuaciones que se recogen dentro del Plan General de Ordenación Urbana aprobado en 2012, que el PP sacó adelante con la abstención entonces del PRC y los votos en contra del PSOE; cuando el pleno era a tres bandas.

Los partidos de la oposición se reunieron con los vecinos del Pilón y han presentado varias mociones que no han salido adelante pese a contar con mayoría en el pleno.

Un Plan que, en su momento, a las puertas de las elecciones de 2011, defendió con vehemencia el propio alcalde de Santander, que acusó a la oposición de que quien votara en contra, votaría contra La Remonta, contra la reordenación ferroviaria, contra el Frente Marítimo, contra el Cabildo de Arriba y hasta contra la solución para los vecinos de las viviendas incendiadas en Tetuán. Una solución que siete años después llegó templada. Tan templada que los vecinos afectados ni la han sentido, y que tachan de «indignante», y han recurrido a los tribunales.

Por todo ello, DEBA critica que el actual Plan General «no está sirviendo para corregir los históricos errores cometidos y heredados  del pasado, sino que  está agravándolos y creando otros nuevos, al pretender construir viviendas en toda la superficie del municipio hasta agotar el suelo disponible y en todas las zonas libres que aparezcan en la ciudad consolidada por pequeñas que sean».

Al equipo de Gobierno le acusa de actuar «como mero agente inmobiliario en defensa de los intereses económicos de los promotores y no como representante y garante del interés general de la ciudad y de sus habitantes». A la oposición les acusa de «inhibición y falta de iniciativa» y de «apoyo por omisión» a este modelo de urbanismo. El resultado: al final todos culpables, y son los vecinos los que pagan.