Identificar al autor de un incendio forestal es el primer paso para poder formular una acusación que le lleve a cumplir condena judicial como consecuencia de lo que no deja de ser un delito.

Y este primer paso tan obvio es uno de los más difíciles de dar: es un daño que se detecta después de haberse producido, en zonas de difícil acceso y, por tanto, con pocos testigos directos, y en un momento en el que todos los esfuerzos humanos y materiales, siempre escasos, se dirigen a lo que es urgente, sofocarlos.

La identificación es el primer problema para sentar al acusado en el banquillo.Y una vez allí, el otro es conseguir pruebas que determinen que el procesado efectivamente estuviera en el lugar de los hechos en el momento en que se produjo el incendio.

Uno de los incendios de las pasadas navidades

La consecuencia es que incluso aunque se celebre juicio, que ya es un paso importante porque supone que se han visto indicios de delito, este puede acabar con una sentencia absolutoria y el procedimiento judicial, archivado.

Es lo que pasó en 2014 (último año del que constan estadísticas actualizadas) con 348 procedimientos judiciales por incendios forestales con carácter intencionado.

Así lo refleja la Memoria de la Fiscalía Superior de Cantabria, consultada por EL FARADIO.

Es una cifra que la propia Fiscalía, que tiene una división específica para delitos medioambientales, ve “elevada”.

Esos 348 procedimientos judiciales fueron archivados por falta de autor conocido en 2014, un año en el que en Cantabria se registraron 559 incendios forestales (lo que ya supuso un significativo incremento del 166% respecto al año anterior).

En 2015, la cifra provisional ha sido de 396 incendios forestales sólo en la segunda y trágica quincena de diciembre (es decir, en dos semanas se ha alcanzado más de la mitad que el año anterior), y de momento se han saldado con una única detención.

Sí que hubo cuatro sentencias condenatorias en los que los acusados y, finalmente, condenados eran responsables de industrias madereras.

FISCALÍA E INCENDIOS FORESTALES

Eso en cuanto a lo que llegó a la Fiscalía (que es el Ministerio Público, es decir, que en los juicios no representa a ninguna de las partes y que debe defender los derechos de todos).

Y que se produce en todos los casos como consecuencia de denuncias del Gobierno de Cantabria (en concreto, de la Dirección General de Montes) en cuanto se producen los fuegos y se abre un proceso judicial en el que el Ministerio Público tiene que personarse.

Y luego están las diligencias (las investigaciones) que abre la Fiscalía por su propia iniciativa: en 2014 fueron 23, del total de las 49 diligencias medioambientales abiertas. Es decir, casi la mitad de los asuntos que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente son incendios forestales.

La Fiscalía llama la atención sobre su falta de medios en el apartado de Medio Ambiente (dos personas para un área que incluye más asuntos aparte de los incendios forestales, como vertidos, matanzas de animales, urbanismo…), y destaca la colaboración fluida que se mantiene con el SEPRONA, el cuerpo medioambiental de la Guardia Civil.