Plataformas alargadas y escaleras en la senda costera

El contrato de la senda costera está liquidado, tras meses de negociaciones entre la administración y Dragados, la empresa adjudicataria.

Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Santander, después de una reunión en Madrid del alcalde, Iñigo de la Serna, con la Ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en el último párrafo de un comunicado dedicado al compromiso de licitación, este trimestre, del proyecto de estabilización de las playas de la Magdalena y Los Peligros.

Sin embargo, ninguna de las instituciones ha dado a conocer el coste de la liquidación, como han solicitado ciudadanos y medios de comunicación en reiteradas ocasiones.

El pasado mes de noviembre, cuando se conoció el informe final del Defensor del Pueblo que dictaminaba los incumplimientos y la falta de respeto al medio ambiente del proyecto, supimos por el Ayuntamiento que la empresa había rechazado la propuesta de indemnización del Ministerio.

La Asamblea en Defensa de la Senda Costera demandaba conocer el coste real de la obra, adjudicada a Dragados por cerca de un millón de euros y con más de un 50% de baja temeraria, pero que se canceló ante las quejas ciudadanas por el excesivo volumen, el impacto ambiental  y visual de las obras.

En la liquidación, se tiene en cuenta el porcentaje de la obra realizado, que distintas fuentes habían situado en el 80%. Y sobre el resto, se aplica una fórmula prevista por la Ley, que en cualquier caso requiere la conformidad de la empresa.

A LA ESPERA DEL NUEVO PROYECTO

La ministra también ha comunicado al alcalde que en el mes de febrero estará en disposición de presentar un avance del nuevo proyecto a las asociaciones de vecinos y colectivos afectados, que lideraron uno de los movimientos sociales más enérgicos y se enfrentaron a las obras de la senda costera.

Desde la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, el movimiento social surgido para detener los trabajos excesivos en la senda ante el silencio de las asociaciones de vecinos oficiales, solicitan un nuevo proyecto que cumpla con  el POL, el plan de sendas del Gobierno Cantabria y con toda la normativa de medio ambiente.

Como señaló el Defensor del Pueblo, piden básicamente que sea «legal» y tenga una información pública real y participativa, así como la restauración ambiental del daño causado.