La Fiscalía de Cantabria investiga si el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha podido cometer un delito de prevaricación por omisión, al no dar cumplimiento al acuerdo de un Pleno del mes de julio en el Ayuntamiento, que aprobó por unanimidad realizar una declaración institucional de disculpas a los afectados por el incendio de Tetuán.

Incendio en la calle Tetuán el 8 de octubre de 2008 || Foto: Joaquín Gómez Sastre

Todo parte de una denuncia de una familiar de afectados, Verónica Fraile, la vecina que ha denunciado al alcalde después de una pregunta en el Pleno de septiembre, un ruego en la sesión de diciembre que daba 15 días al equipo de Gobierno (PP) para que cumpliera el acuerdo y varias conversaciones con el concejal de Obras, Cesar Díaz. El que avisa no es traidor.

“No hay nada que justifique ese retraso y me he visto abocada a tomar acciones legales”, explica la denunciante en una entrevista en BUENAS TARDES CANTABRIA,

En su opinión, el cumplimiento del acuerdo plenario “no requiere modificación de ordenanza ni partida presupuestaria alguna».

Añade que es una cuestión de “voluntad política”, porque el cumplimiento consiste en aprobar un texto en una moción en otro Pleno. “Sólo tiene que redactar un papel”, insiste Verónica.

“Debe ser que eso es demasiado para él (por De la Serna)”, y que “prefiere mantener que fue una actuación ejemplar, alabar a sus bomberos y decir que son lo mejor de Europa”, en lugar de “reconocer que fue una actuación negligente y pedir perdón a unos afectados que han perdido su vivienda y se les ha destrozado la vida”, critica.

DE NEGLIGENTE A ACTUACIÓN EJEMPLAR

Además, Verónica sostiene que el incendio “se podía haber impedido”, tal y como apuntó la sentencia que cerró el caso.

“De manera clara y contundente el juez dictó que fue una actuación negligente”, reitera. Sin embargo, el alcalde no lo cree y «sigue en sus trece de que fue una actuación ejemplar”.

Frente al argumento del Ayuntamiento, esta familiar de afectados recuerda que “se ha dejado a gente mayor en la calle”, por lo que considera que el equipo de Gobierno “se ha reído de los afectados”.

Con su acción ante la Fiscalía, Verónica quiere ver “si el señor alcalde de Santander lleva hasta sus últimas consecuencias que la actuación municipal ha sido ejemplar y no admitir su responsabilidad”. “Quiero verlo”, subraya.

PRESUNTA PREVARICACIÓN POR OMISIÓN

La denuncia se enmarca en la obligación que tiene el primer edil de la corporación santanderina de dar cumplimiento a los acuerdos del Pleno, como señala el Código Penal en su artículo 404, y que puede implicar una inhabilitación para el cargo.

“La Ley dice que los acuerdos del Pleno son inmediatamente ejecutivos”, explica la denunciante, “se puede hacer en media hora: es realizar un escrito y decirlo”.

Con su denuncia, lo que pretende es “ver si el Fiscal me dice si el alcalde tiene que cumplir la Ley o si va por libre”. También quiere ver “si el alcalde sigue en sus trece a pesar de esta denuncia de la Fiscalía”.

NUEVO PROTOCOLO Y DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Lo que se acordó en el Pleno santanderino del mes de julio de 2015, a propuesta del PRC y por unanimidad, fue revisar los protocolos de actuación, después de la sentencia que dejó en mal lugar la labor municipal en los servicios de los bomberos y la policía.

La resolución, basada en los informes de los peritos, advertía que debió dejarse un retén de bomberos en el lugar tras la primera explosión, ya que fueron unos rescoldos de aquel primer accidente los que motivaron el devastador incendio posterior en los números 41, 43 y 45 de la calle Tetuán.

También, se aprobó una declaración institucional de disculpas a los afectados por el calvario que pasaron desde esa noche.

Seis meses después, el acuerdo no se ha cumplido y esta vecina ha llevado una denuncia a la Fiscalía.