Los grandes propietarios de suelo que se encargaron de la reconstrucción del centro de Santander tras el incendio de 1941, cuyo 75 aniversario se conmemora desde este 15 de febrero, incumplieron sistemáticamente todas las normas fijadas para el diseño urbano y se beneficiaron del diseño del proceso, que permitió configurar un centro urbano diferente, con más peso al sector del comercio y la banca en detrimento de los habitantes tradicionales.

Porque fue un proceso en el que hubo (sobre el papel) bastante planificación, con el apoyo de la Dirección General de Arquitectura de la dictadura franquista, como han investigado y documentado Ramón Rodríguez Llera en su trabajo ‘La reconstrucción urbana de Santander 1941-1950’ editado por el Centro de Estudios Montañeses, o Elena Martín Latorre y Ángela de Meer en ‘Evolución urbanística de Santander 1941-50), en trabajos consultados por EL FARADIO para la elaboración de esta serie de informaciones.

Zona afectada por el incendio

LAS NORMAS DE LA RECONSTRUCCIÓN

Sucedió especialmente con las alturas de los edificios: la máxima permitida fueron 7 plantas en la zona Ribera-Atarazanas; y con alturas que oscilaban entre las 3 y 5 en las calles del centro como Lealtad o Ruasalal.

Pero el Banco Hispanoamericano se concibió, directamente, con ocho plantas, mientras que las siete alturas fueron recurso habitual en Calvo Sotelo, excediéndose en tres respecto a lo autorizado.

Calvo Sotelo, una de las calles con más alturas de las permitidas y alturas ‘extra’

Una de las técnicas más usadas para incumplir la normativa fue la técnica del retranqueo, que es levantar nuevas alturas sobre lo ya previsto, y que se percibe en edificios donde hay una ruptura visual, es decir, en lugar de una unidad en las siete plantas visualmente serían cinco plantas y encima otras dos.

Y hubo excepciones consentidas en otras zonas donde, sin ampliar alturas, se permitió aumentar la edificabilidad para que se pudieran “alcanzar las condiciones económicas exigibles” y pudieran tener pisos a la izquierda y la derecha.

Algunas como la prohibición de construir balcones que tuvieran miradores de madera, y se rechazaban materiales como el mármol e imitaciones, buscándose una uniformidad.

Así, no se consentían salientes que excedieran más de 0,15 metros, mientras que edificaciones como el Hotel Rex los hicieron de más de un metro para dar cabida a las camas en sus habitaciones.

Y todo mientras se hacían omisiones tan anecdóticas como permitir que se incumpliera la previsión inicial de que hubiera más espacios verdes en la calle Cádiz, a lo que se renunció para permitir que hubiera más compra de solares para su edificación.

Fueron ellos quienes marcaron el ritmo: los solares que no creían convenientes o rentables permanecieron vacíos durante años, lo que generó una escasez de oferta y un incremento de precios en lo que ya estaba edificado.

POR ENCIMA DE INSTITUCIONES E IGLESIA

Las instituciones sí que respetaron las normas de alturas y resto de planificación, con la consecuencia de que sus edificios quedaron deslucidos en la comparación con los de la iniciativa privada, más altos y voluminosos.

También la Iglesia respetaba las normas de volúmenes, hasta el punto de que pese a que la reconstrucción de la Catedral estaba concebida para que tuviera una posición predominante, escalinata incluida), acabó minimizada ante las elevadas construcción de la calle Cádiz, como es el caso de Zara.

EL PESO DE LA BANCA

Fue un proceso en el que las empresas del sector de la banca y las grandes compañías de aseguradores tuvieron un peso importante.

Hasta el punto de que el lugar que se diseñó para albergar la sede del Ayuntamiento de Santander (planificado para estar junto a edificios estatales importantes como la Delegación de Hacienda, de Gobierno o de Defensa,  y otros como la Cámara de Comercio) frente a la Catedral, conectada con el eje comercial, es decir, respondiendo al modelo de ciudad orgánica que promovía la dictadura franquista) acabó ocupado por la sede central de Caja Cantabria.

Fueron bancas y aseguradoras las primeras en levantar edificios de la iniciativa privada en ese mapa en blanco que fue el centro de la ciudad.

Reconstrucción a gran escala

Hay ejemplos como el Banco Hispanoamericano, que excedió las alturas permitidas para su zona, y que dedicó tres de esas plantas a pisos en alquiler, que se sumarían así a la parte estrictamente de oficinas (que es el fin para el que dijo inicialmente que se iban a dedicar).

El centro fue copado por empresas del sector de la banca y el seguro, y comerciantes locales, como la Compañía de Seguros Bilbao, y por familias de grandes propietarios como los Laínz o Ribalaygua.

Desde esa perspectiva, se produjo la expansión natural hacia el Paseo Pereda, donde todavía hoy se concentran oficinas y delegaciones de las principales entidades bancarias del país.

Ese nuevo perfil generó un incremento en el comercio de lujo (el 77% de las joyerías se ubicaron allí), y también en los hoteles de lujo (inicialmente allí estaban el 27% del total de la ciudad y acabaron estando el 80%), en detrimento de las pensiones.

Desaparecieron las mercerías, sustituidas por tiendas de tejidos caros, en una sangría que afectó a otros comercios tradicionales como las tiendas de ultramarinos o alimentación, sin encaje en un centro con un nuevo perfil de habitante, principalmente funcionarios, militares y profesionales, de una generación más joven y con más poder adquisitivo.

LO PÚBLICO AL RESCATE DE LO PRIVADO

El régimen era consciente de que la operación de reconstrucción concebida era costosa, por lo que dividió las funciones entre lo que le correspondía a lo público y a lo privado.

Lo público se encargó de la construcción de los edificios institucionales y las casas baratas, y lo privado de los solares.

Además, las inmobiliarias y las constructoras se ofrecieron para constituir una entidad que las agrupara a todas y que permitiera la financiación de la operación.

El método final elegido fue la expropiación y subasta de parcelas (que había adquirido el Ayuntamiento gracias a créditos extraordinarios que le concedió el Estado), en un proceso de expropiación exprés que se aprobó apenas una semana después y que incluyó parcelas que no habían sufrido los daños del incendio.

Se las vendían al sector privado, por un sistema de subasta en lotes que favoreció que el mismo espacio tuviera menos propietarios, cada uno con más solares, y que excluyó a los propietarios originarios, con menos renta y capacidad de participar en ellas.

Y se hizo con precios fijados desde lo público que dejaban el camino abierto a plusvalías futuras que acabaran haciendo la inversión rentable (más aún cuando se acabaron excediendo en la volumetría, optimizando, por tanto, esa inversión).

Debió parecerlo, pues comenzaron a crearse empresas: de las diez de 1940 se pasó a triplicarse en cada año siguiente, en un ritmo que se prolongó durante toda la década.

También ayudaron normas estatales para el sector como la exención de impuestos durante 20 años que no repercutieron en los vecinos, ya que la vivienda experimentó un proceso de subida en sus precios; y otros incentivos como los bajos intereses de los préstamos, la aportación estatal, etc..

En total, desaparecieron cuatrocientos edificios, y esos fueron los que se quisieron reconstruir, pero al final se acabó levantando 2.000 viviendas en la misma zona, con un cambio extra en la morfología que se evidenciaría también al final del proceso: Santander pasó también de ser una ciudad inquilina (en la que la fórmula de vivienda más extendida era la del alquiler) a una ciudad propietaria y rentista.