Imagen que circuló por las redes sociales cuando empezaron los problemas en Ecomasa

La titular del juzgado de instrucción número 5 de Santander, Mercedes Compostizo, investigará también al director de fábrica de Ecomasa, Mario Palacio Martín, después de un escrito de la Fiscalía que considera que jugó un papel relevante junto a los gestores, Andrés de León y Jesús Lavín, en un presunto delito de estafa agravada relacionado con el fraude en las subvenciones de formación para el empleo.

Para ello practicará nuevas diligencias, como ha solicitado el fiscal, mientras se esperan aclaraciones al informe pericial que apuntaba al desvío de los 18 millones de dinero público inyectado en la fábrica.

De manera que sigue adelante la instrucción, centrada en la investigación a Lavín, De León y Palacio Martín, por presuntos delitos societarios y fraude de subvenciones.

Por el contrario, la juez ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto a la exdirectora general de Empleo del Gobierno de Cantabria (PP), que estaba investigada por un presunto delito de falsedad documental en los cursos de formación de Ecomasa.

Así lo ha ordenado, en un auto firmado este lunes . Se apoya en un escrito de la Fiscalía del pasado viernes (después de que la juez hubiera solicitado al fiscal que informara de su posición sobre los indicios de delito que se habían apreciado), que ya apuntaba que las irregularidades de los cursos no eran conocidas por la entonces directora de empleo, porque, aparentemente, la documentación se correspondía con la realidad de los cursos.

LA DOCUMENTACIÓN DE LOS CURSOS PARECÍA REAL

Es decir, que la documentación que manejó Sopeña para certificar los cursos de formación fue «en apariencia correcta», como dice el Fiscal.

Verosímil, puesto que los alumnos (trabajadores) y los docentes firmaron la asistencia, había cuadros de evaluación del alumnado, cuestionarios anónimos de satisfacción de los cursos suscritos por los trabajadores, que firmaron recibos de material didáctico, con sus correspondientes facturas.

Esto se suma a que los inspectores no recibieron ninguna queja de los trabajadores cuando giraron visita a la fábrica.

De esta manera, a pesar de que la Fiscalía reconoce posibles irregularidades, que incluso llevaron al Servicio Cántabro de Empleo a tramitar el reintegro de las subvenciones, la juez concluye que «no se puede acreditar de forma adecuada» el delito de falsificación de certificados del que acusaban en su querella los trabajadores a la exdirectora general de Empleo.

NO SE HAN PODIDO PROBAR LAS COACCIONES

Toda esa documentación, que pudo parecer real en manos de Sopeña, según los trabajadores, fue fruto de las coacciones del director de fábrica, Mario Palacio Martín.

Así lo aseguró en su declaración un trabajador, que manifestó que los entonces futuros empleados de Ecomasa (que acaban de ser despedidos de TEKA y optaban a la recolocación en la fábrica de estufas) recibieron presiones del director de fábrica para que firmaran las actas de asistencia a los cursos porque si no lo hacían no les contratarían.

Pero este delito de coacciones que se le imputaba también ha sido archivado por falta de pruebas. Este extremo fue negado por dos trabajadores y por los propios inspectores, que asistieron a la firma de las encuestas de calificación de los cursos.

NO SE GENERÓ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN DE TEKA

Según el auto al que ha tenido acceso EL FARADIO, la juez ordena igualmente el sobreseimiento con respecto al delito de apropiación indebida de las indemnizaciones del despido de TEKA, que habían denunciado los trabajadores, al considerar que estos no llegaron a generar el derecho a la indemnización porque optaron por la recolocación en Ecomasa.

SIGUE LA INVESTIGACIÓN POR ESTAFA EN LA FORMACIÓN

Sin embargo, con respecto a los cursos de formación, la juez seguirá investigando, a instancias del Fiscal, al director de fábrica, Mario Palacio Martín, por presuntos delitos de estafa, fraude de subvenciones y falsedad documental.

La Fiscalía considera que jugó un papel relevante junto a Lavín y De León.

El fiscal considera que se ha evidenciado que existen graves discrepancias (cuando no total oposición) entre lo justificado como gasto subvencionable y la realidad de las actividades formativas realizadas.

Así se desprende las declaraciones de los profesores, que negaron siquiera conocer tal condición  los empleados de otra empresa de Lavín, que sí admitieron haber dado formación, pero no se corresponde con el contenido y la duración justificados por Ecomasa ante el SCE.

En la subvención, los gestores de Ecomasa imputaron como gastos subvencionables materiales que eran productivos.

Es decir, se mantienen las investigaciones con respecto a los gestores, Jesús Lavín y Andrés de León, por los presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad en documento oficial. Y al director de fábrica por estafa agravada por razón de la cuantía, dado que parece obvio que se logró del Servicio Cántabro de Empleo el pago de 190.000 euros.

Todo con la presentación de unos documentos que aparentemente mostraban un gasto superior a esa cifra, que el Fiscal considera «falso» y «engaño bastante», con «ánimo de lucro» y en «pejuicio público».

Por último, la juez rechaza expresamente el sobreseimiento de las actuaciones que había solicitado la defensa de Jesús Lavín, por estar pendientes las aclaraciones al informe pericial (que apuntaba a que los 18 millones de euros de dinero público fue desviado a otras empresas de los gestores), que es importante para determinar si hubo delitos societarios, y al haber solicitado nuevas pruebas la Fiscalía, sobre el delito de fraude de subvenciones.

Entre estas nuevas diligencias y requerimientos, el fiscal pide aclaraciones a la Fundación Laboral del Metal y a la empresa Mahenor (de Jesús Lavín)

La acusación particular estudia recurrir a este respecto.