El ‘banco malo’ desahucia a un vecino de Puente Arce
El próximo 15 de abril la SAREB, la sociedad que concentra los activos tóxicos del sector bancario, fundamentalmente el ladrillo, conocida como el ‘banco mal’, va a desahuciar a Alexandre de una vivienda en Puente Arce (Piélagos).
Según denuncia la asociación antidesahucios PAH Santander, Alexandre es un español estafado, que hace años fue engañado por la promotora de las viviendas, Promociones Gumor, que le cobró 18.000 euros para entrar a vivir en un piso firmando en ese momento un contrato de compraventa, pero dicho piso estaba embargado.
Alexandre se dio cuenta del engaño cuando fue a firmar el contrato hipotecario con el banco, firma que al final no se produjo. Es por esto que decidió no abandonar la vivienda hasta que se le devolviera las cantidades que le habían estafado, reclamando en los juzgados las mismas y que, tras ganar el correspondiente juicio, no ha recibido.
La SAREB ha ejecutado la vivienda y ahora insta al desahucio de la misma. Alexandre se ha hecho cargo de los gastos de la vivienda hasta ahora, porque con la renta básica que cobra, 426 euros, no puede irse a otra vivienda.
La PAH Santander considera “indignante” que “una sociedad creada para rescatar bancos no use dichas viviendas para el alquiler social, porque ahora son propiedad de toda la población y porque no se puede especular con ellas”.
Por tanto, este colectivo reclama que se conceda un alquiler social en la vivienda o que devuelva la cantidad estafada a este hombre por los promotores, y si no es así esta plataforma convocará un StopDesahucios (una acción con activistas para evitar que se eche a Alexandre de la vivienda) el próximo 15 de abril.
Y recuerda que el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla se comprometió a acudir a este tipo de acciones cuando fueran en caso de bancos y familias que no puedan pagar.
OFICINA DE EMERGENCIA HABITACIONAL
El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha ya la Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional, a través de GESVICAN, la empresa pública de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
Aunque se contempla la posibilidad de incrementar su personal si fuera necesario, actualmente trabajan en la oficina tres funcionarios y un gerente que estudian caso por caso para tratar de evitar o paliar los efectos de los desahucios, intermediando ante las entidades bancarias para lograr aplazamientos o bien ofreciendo a los afectados una de las viviendas que el Gobierno tiene reservadas para estos casos de emergencia habitacional en régimen de alquiler.
De las 194 viviendas que conforman el parque público, 56 se encuentran libres en estos momentos, si bien el Ejecutivo tiene ya muy avanzado un acuerdo precisamente con la SAREB (se firmará la semana que viene) para poder incorporar al mismo otras 40 viviendas repartidas por diferentes puntos de Cantabria.
La Oficina de Intermediación Hipotecaria y de Emergencia Habitacional, ubicada en la calle Juan de Herrera, 2-4, 5ª planta, comenzó a operar en el mes de enero y desde entonces ha atendido 25 casos, de los cuales 9 han sido resueltos. Tiene una dotación económica de 2,5 millones de euros en los presupuestos de Cantabria.
La Oficina atiende de lunes a viernes en la calle Juan de Herrera 2-4, 5ª planta, de Santander. Es preciso solicitar cita previa en los números de teléfono 942 31 89 82 y 942 31 89 80. Los interesados pueden dirigirse también a la Oficina a través del correo emergenciahabitacional@gesvican.es y encontrar toda la información www.emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es
jose luis quintana mantecon
Me lo envía mi amigo Antonio y no puedo guardarlo solo para mi:
La política ha servido para mediar y medrar entre empresarios necesitados de contrato, facilitando adjudicaciones, licencias, recalificaciones, favores, fusiones, tando dentro como fuera del país
Este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del poder económico
Garzón exige al PSOE que decida si está “con las clases populares o con el Ibex”
Vicente Aleixandre nos advertía: “No confundáis sus plumas, sus alisadas plumas, con el torso de una paloma. No penséis en el pujante acero del águila. Por el cielo las garras poderosas detienen el sol”.
Hoy se acercan viejos fantasmas restauradores, maquilladores de la élite dirigente en diferentes periodos de la historia de España, aún activos gracias a los partidos emergentes y su necesidad de acercarse a su par ideológico. El empate técnico que dibujó el 20D y la consiguiente necesidad de generar alianzas ha hecho que todos participen en un juego de limpieza semántica del otro, de redefinición de los límites amigo-enemigo, reemplazando la crítica estructural del adversario (como expresión de unos intereses, como partido de clase, definido por una trayectoria histórica), por categorías líquidas político-partidarias (los partidos son sus líderes y sus votantes y, por tanto, susceptibles de cambio
No obstante, detrás de su pretendida función, se manifiesta su rol como articulador de los negocios de la urbe. Como tal, recibe una renta de los negocios del lugar, promociona a aquellos que le han apoyado durante la campaña electoral, y hunde a aquellos que osan enfrentarse a él. Su posición viene facilitada por un hecho: él construyó aquel lugar y fue quien puso a cada uno de los que ocupan un puesto de importancia. Sin embargo, su poder se tuerce con la aprobación de la ley seca y la entrada de nuevos competidores.
Es la política vista desde el conflicto entre clases pudientes, y las transformaciones sociales que originaron dicho conflicto.
Siguiendo esta lectura, la política en España parece rodar hoy por similares derroteros. La corrupción estructural y las tres crisis sistémicas (del régimen político, del modelo financiero/económico, y del bloque mediático y propagandístico) que la acompañan así lo indican: en los últimos 25 años, la política (desde la monarquía hasta las pequeñas instituciones locales) ha servido para mediar y medrar entre empresarios necesitados de contratos, facilitando adjudicaciones, licencias, recalificaciones, favores, fusiones, tanto dentro como fuera del país.
Si apuntamos a la acumulación primigenia que ha resultado en esta capacidad intermediaria, veremos cómo los diferentes gobiernos de turno han facilitado durante décadas que gigantescos recursos (financieros, materiales, humanos) fueran desviados desde el Estado a determinadas manos.
Un ejemplo del peso de este capital transferido a manos privadas es que la capitalización de las seis empresas públicas que cotizaban en el Ibex35 en los años 90 (Fecsa, Repsol, Telefónica, Sevillana, Tabacalera y Endesa) suponía entonces casi el 40% de la capitalización del índice bursátil (38,14%); es decir, una sexta parte de las empresas concentraba más de un tercio de la capitalización del índice. Hoy, estas empresas siguen siendo fundamentales en el reparto de poder del Ibex. Pero la crisis ha movido las fichas y el poder se ha troceado entre distintas facciones.
Este capitalismo español concentrado ha ayudado a que los partidos y sus líderes se sitúen en una posición privilegiada dentro del poder económico, cual oligarquía perestroikiana, hasta ser un reflejo del mismo, ocupando así sus más altas posiciones. Los gobiernos de nuestra historia democrática y predemocrática se abrazan en el Ibex35, en un imparable juego de puertas giratorias.
En el Grupo Santander están UCD, el PSOE y el PP: el actual vicepresidente, Matías Rodríguez Inciarte, fue ministro de la Presidencia con UCD; el consejero Guillermo de la Dehesa fue secretario de Estado de Economía y arquitecto de las privatizaciones en los 80 con el PSOE; Isabel Tocino, ministra de Medio Ambiente con el PP, también es consejera.
En Gas Natural, nuestro presidente más longevo (14 años), Felipe González, fue consejero hasta el año pasado; retrocediendo al Ibex de los años 90, encontramos a otro expresidente, Leopoldo Calvo Sotelo, como consejero de Ferrovial; y en otra gran constructora, OHL, se unen pasado y presente: su actual presidente y propietario, Juan Miguel Villar Mir, remite a la Transición –fue vicepresidente y ministro de Economía del primer Gobierno del Rey (1975)–; su actual CEO, peso pesado en los dos Gabinetes de Aznar, es Josep Piqué, ex ministro de Exteriores, Industria, Ciencia y ex portavoz del gobierno.
Los políticos que acaban en el Ibex no son sujetos aislados, sino que tienen una singularidad y una unidad específica como grupo, lo que les constituye como un bloque de poder ‘económico’: se extienden por 29 de las 35 empresas del Ibex35 actual. Forman así parte de un grupo de presión muy relevante, pues el simple estornudo de estas empresas asusta a toda la economía: su cotización es una muestra de salud interna y muchas de ellas entran, por su riesgo sistémico, en la lista de las ‘entidades susceptibles de rescate’, las denominadas “too big to fail”.
Ese grupo de políticos/empresarios forma, junto a los empresarios puros, una clase pacíficamente desunida dentro del Ibex35, en el que hoy se cruzan alianzas y enfrentamientos y se desarrolla la pugna por conseguir la posición dominante en la economía. Hay mucho en juego. En un país vigilado muy de cerca por la Troika y más endeudado que nunca (casi el 100% del PIB), la capitalización de las 35 empresas del principal índice bursátil equivale a la mitad del Producto Interior Bruto español: 547.785 millones, aportando 18.173 millones (en 2014) a las arcas del Estado por impuestos de sociedades (un 40,5% de los 44.823 millones que se recaudaban al inicio de la crisis, en 2007, según un informe de CC.OO).
Durante dos largas décadas todo fue bien para las grandes empresas del Ibex y su imperio: la unidad del bloque estaba garantizada por el Estado y por las cajas de ahorro, es decir, por consejeros políticos y el riego de capital de las cajas y el Estado. Durante este tiempo, se repartieron el poder PP y PSOE, apoyándose en cajas de ahorros y en el control de la SEPI (el grupo industrial estatal, antes conocido como INI y INH) según el gobierno de turno. Pero la larga recesión y las medidas impuestas por Europa torcieron este equilibrio.
El reparto vigente en 2010 daba a los tecnócratas del PSOE influencia en un área del Ibex35 que incluía a las antiguas empresas públicas (Telefónica, Repsol, Endesa), las participadas por el Estado (Red Eléctrica o Enagás) y el Banco Santander, al cual benefició en los años 90 (concurso mediante) con la adjudicación de un Banesto expropiado, convirtiendo así el banco de la familia Botín en la mayor entidad financiera del país.
Los mandarines del PP, por el contrario, se habían ido extendiendo por múltiples sectores, constituyendo un holding de eléctricas, seguros, tecnológicas y alimentación, a partir de su control de Caja Madrid y Bancaja. Ambas cajas, controladas por el exvicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato y por José Luis Olivas (expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP), y finalmente fusionadas en Bankia, disfrutaban en 2010, ya bien entrada la crisis económica, de una posición oligopólica en el Ibex35, con la participación en un total de ocho sociedades del índice (Indra, Iberia, Mapfre, Iberdrola, Ebro Foods, Enagás y BME), siendo dominantes en las tres primeras, e indirectamente, controlando un área mucho más amplia, a través de las participaciones de sus participadas. Sólo había un accionista con un poder similar en el Ibex35 en 2010: La Caixa (con seis participadas).
Ni siquiera el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un problema para el poderío del PP/Ibex. El presidente socialista dio el visto bueno, aunque no fuera de su agrado, a la fusión de Bancaja y Caja Madrid en diciembre de 2010, las dos cajas madres del gran proyecto económico del PP y sus empresarios afines: Valencia y Madrid.
En Valencia, Bancaja siempre fue un fiel aliado para financiar el imperio del PP: fútbol, construcción, arte y espectáculos. Un ejemplo: la caja compró suelo –sin valor según el juez Andreu– por valor de 86 millones a Enrique Ortiz, amigo de la alcaldesa alicantina Sonia Castelló y de Aurelio Izquierdo, director general de Bancaja, con el que compartía juergas en prostíbulos y yates. La caja se sumaba así al apoyo de la CAM, que había llegado a financiar con 150 millones al constructor. También insufló oxígeno a proyectos faraónicos, como Terra Mítica (200 millones junto a la CAM) o la Ciudad de la Luz (que costó una cifra similar y que estos días sale, por segunda vez, a subasta pública). La incursión de Bancaja en el fútbol no fue menor: colaboró como si no hubiera un mañana en la financiación del Valencia C.F., con el cual tenía en 2008 una deuda de 308 millones.
En el imperio levantino no se ponía el sol: la caja hizo inversiones hasta en el Caribe, en la sociedad Grand Coral, que operaba en México, con préstamos y compra de acciones por valor de 100 millones. A partir de maniobras fraudulentas de ampliación de capital, los socios alicantinos Juan Ferrí y José Baldó (dueños del 35% de Grand Coral) se embolsaron 47,4 millones de la caja, según un informe de Bankia. El presidente de Bancaja y posterior vicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, está hoy imputado por estafa y malversación. Como medida de gracia, el juez Juan Pablo González le ha concedido el desbloqueo de 3.500 euros al mes.
Blesa, Aznar y compañía
En Madrid, la caja controlada por Miguel Blesa, el viejo amigo de José María Aznar, tuvo una actuación similar, aunque, dado su tamaño, el brazo financiero de la casa ayudaba a círculos empresariales más exclusivos. Ahí quedan los créditos a múltiples empresarios, algunos de ellos encarcelados hoy. Por ejemplo, a Díaz Ferrán, consejero en Bankia (131 millones, de los que el 15% ha quedado impagado); al exvicepresidente de la CEOE y también consejero en Bankia, Arturo Fernández (2 millones), o a los todopoderosos Florentino Pérez (620 millones, aún sin cuantificar los que proceden de Bankia), Esther Koplowitz (1.000 millones en créditos junto al BBVA, cuyo pago ha sido pospuesto a 2018), Villar Mir (344 millones al 0% de interés, concedidos mientras López Madrid, su yerno, era consejero) o al dueño de la quebrada Martinsa Fadesa, Fernando Martín (1.000 millones para la compra de Fadesa a Manuel Jové, autorizados por el responsable de créditos a empresas Carlos Vela, quien después pasó a ser CEO del grupo constructor).
Pero Caja Madrid no es sólo la gran acreedora de las fortunas del ladrillazo español. Su política como brazo financiero de proyectos de envergadura le llevó a igualar a su amiga valenciana, financiando un parque temático para Madrid, el Parque Warner, al cual concedió un crédito de 211 millones. O el fichaje de Cristiano Ronaldo (76,5 millones). O dando crédito a mansalva a medios de comunicación. Su radio de acción no sólo abarcaba la tierra patria. Su política de compras le llevó muy cerca de Bancaja, a Florida, donde se hizo con el City National Bank of Florida, por 1.134 millones, que finalmente fue vendido en 2013 por 683 millones, casi la mitad de lo que costó. Esta fue una operación investigada por el juez Elpidio Silva, que le supuso ser apartado de la carrera judicial.
El destino quiso que la unión en 2010 del imperio del PP en Valencia (Bancaja) y Madrid (Caja Madrid) se hiciera con la bendición del PSOE. No sólo dio su visto bueno en esta ocasión, sino que posteriormente, Elena Salgado (ministra de Economía, hoy en Enel) permitió su salida a Bolsa en mayo de 2011, en un proceso para el cual las cuentas fueron “maquilladas”, en palabras de los peritos del Banco de España al servicio de la Audiencia Nacional y del juez Andreu. Veredicto que no comparten el FROB y la CNMV, esta última investigada por la Audiencia Nacional por una presunta trama de cobros por la cual se pudo beneficiar a, entre otras, Bankia, en su salida a Bolsa. Están siendo investigados los responsables del presunto regulador desde la etapa de Zapatero: Manuel Conthe (hoy en Acerinox y participante en muchos de los actos de Ciudadanos), Julio Segura Sánchez (en el cargo durante la salida a Bolsa), y Elvira Rodríguez (actualmente en funciones).
El verdadero problema llegó con el rescate a Bankia. La casa Aznar había depositado ahí todas sus esperanzas de control y poder: ahí estaban todos los proyectos apadrinados durante tres lustros por el Partido Popular, y todos sus compañeros de viaje, empresarios, conseguidores y capitalistas, unos renombrados y otros menos conocidos. Ahí estaban los créditos concedidos a dedo, pero también las participaciones en empresas que permitían al Partido Popular mantener un gran poder intermediario dentro del Ibex35. Todos los indicios apuntan hoy a que Caja Madrid sirvió de tabla de salvación para el poder económico cuando llegó la crisis.
Pero dos años después, años de Púnica y Taula, todo se torció. Las pérdidas reales que anunció Bankia en diciembre de 2012, próximas a los 20.000 millones, quedaban fuera del alcance del FROB, así que el Gobierno Rajoy tuvo que acudir a un crédito concedido por el MEDE (Mecanismo Europeo de Estabilidad). La aprobación del préstamo, que incluye tres tramos hasta llegar a los 100.000 millones (el 10% de la deuda pública actual), la realizó Mariano Rajoy en el momento de mayor especulación sobre la prima de riesgo, que había llegado a los 610 puntos en agosto de 2012.
Ya en diciembre, con el rescate debajo del brazo, el Gobierno firma las condiciones incluidas en el memorando de entendimiento. Su aplicación implicaba limitar el control de las cajas de ahorros sobre las empresas en las que participaban (se reduce a cuatro), transformarlas todas en bancos (y a las fundaciones en tenedoras de acciones), y evitar la participación de políticos en ellas. Era el programa perfecto para limitar el poder de las cajas y facilitar la entrada de un nuevo competidor en el quebrantado pastel económico: los fondos y los bancos custodio estadounidenses.
Este hecho supuso un duro golpe para Aznar. Al aplicar esas condiciones a Bankia, Rajoy, su sucesor designado, le había robado el muñeco con el que había dominado el Ibex35. Rajoy defenestró a la cúpula de Bankia, retiró a Rato e impuso un consejo de administración dominado por un ex del BBVA, Ignacio Goirigolzarri. Indirectamente, con esa acción puso toda clase de información no solo en manos de la Troika sino también en manos de los competidores, los fondos de inversión que controlan el BBVA. Los mismos que hoy han logrado poner en su órbita de control a Bankia. Presionado por Alemania, Draghi y el FMI, el Gobierno de Rajoy se desprenderá unos meses después del holding Bankia: el 12% de IAG (junio de 2013), el 20,14% de Indra (agosto de 2013), el 4,94% de Iberdrola (abril de 2014), el 19,07% de Metrovacesa (diciembre del 2014), y la joya de la corona, el 15% de Mapfre (septiembre de 2014).
Sin mover una ceja, y quizá sin proponérselo, Rajoy había ganado la partida a su expatrón y a su gran enemiga, Esperanza Aguirre. Aznar y la presidenta del PP madrileño se quedaron de repente sin su inmenso poder de intermediación, si bien es cierto que el cerebro de la operación todavía podía recurrir a sus delfines, Francisco González (BBVA), Pablo Isla (Inditex) y César Alierta (Telefónica), a los cuales colocó en puestos clave durante su mandato. Pero nada era lo mismo, pues sin dominar el aparato de créditos, favores y participaciones, ya no tenía poder económico sobre ellos.
Aznar respondió a la situación creando el Instituto Atlántico de Gobierno, en el cual reunió a sus otrora beneficiados y benefactores. En el consejo directivo del instituto que preside figuran numerosas autoridades “amigas” de empresas del Ibex35: Alierta (Telefónica), Borja Prado (Endesa), Josep Piqué (OHL), Javier Monzón (Indra), Javier Benjumea (Abengoa), Antonio Brufau (Repsol), María Dolores Dancausa (Bankinter) o Antonio Huertas (Mapfre).
Como consecuencia de la intervención de Bankia, la influencia del PP sobre el Ibex quedó en manos de Rajoy, quien a través de la SEPI controla (en funciones) Ebro Foods, Enagás, Indra y Red Eléctrica; y, a través del FROB, también Bankia y otras entidades financieras rescatadas, como Banco Mare Nostrum o Banco CEISS.
La consecuencia más inmediata de este cambio de cromos es que, si el PP no lograra acceder al Gobierno en las sesiones de investidura o elecciones venideras, quedará sin ninguna capacidad de control sobre un buen número de sociedades del Ibex35.
Y no sólo eso, sino que quien controle la galaxia Bankia controlará un sinfín de créditos que sostienen todavía a muchas de las grandes fortunas y empresas que van en dirección a la quiebra y cuya subsistencia depende del gran respirador artificial.
Madrid como accionistas de múltiples empresas) a una que incluye a tres actores: un PP que se aferra a la SEPI y el FROB para no perder el control de lo que fue su imperio; un sector mayoritario, vinculado a las antiguas empresas públicas o concertadas (Telefónica, Repsol, Iberia, Endesa), hoy en la órbita del Santander, BBVA y los fondos de inversión (Chase Nominees, Bank of New York Mellon, State Street Bank), y en particular de Blackrock; y por último, un tercer sector de empresas, el único articulado por una entidad de capital nacional: La Caixa.
El nuevo actor emergente, Blackrock, ha ganado terreno con la crisis y tiene hoy repartidos 12.000 millones por empresas del Ibex35. Su ascenso ha sido meteórico. En 2010 solo tenía participaciones en dos empresas (Telefónica y Gamesa); en 2013 tenía participación en doce sociedades del Ibex35, y en 2016 han pasado a ser 19. Sus principales referentes en España son el BBVA y el Santander, los cuales han tenido tradicionalmente bancos custodio como accionistas de referencia (State Street Bank y New York Mellon, y Chase Nominees, entre otros). Los bancos fueron los precursores de la invasión fondista, con Telefónica, la primera empresa del Ibex35 que introdujo a Blackrock como accionista.
El candidato Pedro Sánchez ha tenido varias ocasiones para conocerles. En junio de 2015, fue invitado a una reunión del Club Bilderberg (junto a Ana Patricia Botín y Juan Luis Cebrián) en la que estaba el vicepresidente de Blacrock, Philipp Hildebrand, aunque finalmente el líder socialista no acudió. No obstante, según la agenda del PSOE, dos meses después, el secretario de economía del PSOE, Manuel de la Rocha, se reunió con Jim Barry, responsable de Infraestructura de Blackrock, en Ferraz. Su presidente, Larry Fink, un asiduo al foro de Davos, es autor de varias frases memorables. Una afirma: “Hay que educar a la población [en Europa] para que vote al líder correcto que tome las medidas correctas”. En otra aconsejaba esperar el momento oportuno, cuando suceden fuertes caídas y hay pánico en las bolsas, para comprar acciones: “Antes de comprar hay que ver sangre en las calles”.
En una entrevista concedida a El País durante una visita a España en junio del año pasado, Fink advertía: “Quien gobierne en España (…) debe de ser responsable de los compromisos adquiridos, que son compromisos de Estado y no de un gobierno concreto”.
Blackrock es la mayor gestora de fondos del mundo: maneja una cartera de 4,2 billones de euros, cuatro veces el PIB español.
Otro de los actores poderosos del actual Ibex35 es Caixabank (La Caixa), el holding catalán comandado por el pío y opusdeísta Isidro Fainé. Es la única gran caja que no tiene participación del FROB, al igual que otras cajas menores reconvertidas, como Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Unicaja, cuyo accionista de referencia es la fundación. Fainé suele ser discreto con sus preferencias, y le cuesta entrar en el juego de apariencias y amistades madrileño, pero no ha podido ocultar su preferencia por un gobierno estable: “Si se hace un gobierno estable habrá inversiones”, dijo en la presentación de resultados de La Caixa en enero de este año.
Cabe recordar que Fainé conoce bien las virtudes y las debilidades de Albert Rivera porque fue su jefe (supremo) en La Caixa, y que fue el único patrón del Ibex (junto a Josep Oliú, del Sabadell, o Salvador Alemany, de Abertis) que no acudió en octubre, dos meses antes de las elecciones, a la reunión organizada por el lobby del Ibex35, Puente Aéreo, con el candidato de Ciudadanos. Fainé sabe lo importante que es 2016, con una agenda de fusiones recomendadas por la Unión Europea, que acercan a La Caixa al Banco Popular o Ibercaja.
Todos en el Ibex se juegan mucho con el próximo Gobierno, pues de él dependerá inclinar hacia un lado u otro la balanza de poder entre las tres galaxias dominantes (SEPI, Caixa, Blackrock). Se podría hacer una hipotética lectura de los bandos del Ibex35 y de sus preferencias políticas, aunque evidentemente nunca sería una correlación perfecta. Pero lo que se puede afirmar es que el núcleo de las grandes empresas españolas se ha dividido en tres zonas de influencia que coinciden con los tres partidos que hoy se postulan (entre trucos, silencios y teatro) para formar la gran coalición. También, que hay en curso un clima social y un choque de trenes entre las clases pudientes que amenaza con llevarse todo lo que fue –y también lo que puede llegar a ser– el PP, y que de ello depende que este siga controlando los resortes del Estado y su gran caja fuerte, todavía en manos de Bankia-FROB.
Por otro lado, sorprende el mutismo en las negociaciones sobre el futuro de Bankia y otras entidades intervenidas por el FROB, ante la anunciada nueva fase de concentración del sector bancario.
Y por último, parece evidente que los grandes capitales del Ibex35 y sus gestores, ante la situación de parálisis política, no pueden dejar que sus padrinos se enfrenten –o peor, que opten por peligrosos derroteros–. De ahí su esfuerzo por mediar en su reconciliación, y su mal disimulado interés en apartar como sea a Podemos de un hipotético Gobierno de coalición.
Cada cual puede sacar sus propias conclusiones. Pero que nadie se equivoque: las negociaciones por la investidura de 2016 tienen detrás una agenda que no vemos. Y en la portada de esa agenda pone IBEX. Aunque el mundo cambia muy deprisa y, como sugería Aleixandre, cabe la posibilidad de que esas cuatro letras y dos números sean solo las marionetas (las plumas alisadas) de unos titiriteros más grandes, cuyo rostro y nombre apenas distinguimos…