La Asamblea por la Senda Costera abordará el impacto del ‘catastrazo’ en la costa norte
La Asamblea en Defensa de la Senda Costera y la Costa Norte de Santander ha convocado para este jueves una reunión para abordar el impacto de la revisión al alza del catastro sobre las fincas y terrenos de los particulares.
Será este jueves,a las 20.00 horas, en el Hogar San Pablo (en un encuentro en el que también se abordará la recientemente conocida liquidación del proyecto de la senda costera y su coste económico, 635.000 euros)
Lo hace ante la inquietud que le vienen trasladando al respecto los vecinos, que están empezando a recibir la información sobre la actualización de sus valores catastrales (el valor de la finca a efectos de Hacienda, que se usa posteriormente en el cálculo de otros impuestos como el IBI).
Y que están registrando subidas del 600% o el 800%, por distintos motivos, entre ellos, las consecuencias de que en el Plan General de Ordenación Urbana de Santander se optara por agotar el suelo del municipio y clasificarlo todo como urbano, urbanizable u otras modalidades al margen del rústico (en el que no se puede edificar) salvo en lo que contemple el Plan de Ordenación del Litoral.
Según explican desde la asamblea, «es momento de analizar los pros y los contras» de este «catastrazo» que «en principio afectara a los impuestos sobre las fincas, IBI, Sucesiones, Plusvalías, gravando estos terrenos de uso rustico actualmente con un difícil horizonte,en el que prima el empeño contributivo».
Y recuerdan que, al margen de ser propietario o no, la «presión» urbanística sobre un espacio que ha dejado de ser totalmente rústico, «nos afecta a todos».
Los vecinos afectados tienen el plazo de un mes desde que consulten su revisión para reclamar ante el propio Catastro (y el día 17 es el último día para consultar esa revisión), y luego ya les quedaría reclamar ante instancias superiores o judiciales.
CONSECUENCIAS SOBRE LOS TERRENOS
El cambio de uso tiene consecuencias sobre el valor de los terrenos: al dejar de ser rústicos valen más, en una hipotética venta, pero también lo tienen de cara a los impuestos que obligatoriamente se tienen que pagar.
Las notificaciones que están recibiendo los vecinos señalan expresamente que el valor catastral es el que se utiliza para el pago del IBI, impuesto municipal sobre el suelo.
Con todo, el Tribunal Supremo especificó en una sentencia, incorporada luego a la legislación, que para que un suelo sea considerado urbano a urbanizable a efectos de Catastro (a efectos del posterior pago de impuestos) no vale con que lo haya decidido así el Ayuntamiento en su Plan General (que define los usos), sino que debe estar efectivamente desarrollado así (es decir, que no basta con decir que un suelo sea urbano, sino que debe haberse materializado así).
Pendientes de que se les ofrezca más información desde el Ayuntamiento en la parte que es de sus competencias, como el IBI, este colectivo, que ya advirtió de que esto iba a suceder, ha convocado una reunión para conocer más casos y examinar qué pasos se pueden dar al respecto.
Para este 2016, el Ayuntamiento contempla un descenso en la recaudación del IBI de apenas un 0,88% pese a que la media de la revisión de los valores catastrales es de una bajada, y mucho mayor, un 15%.
También hay convocada otra reunión, de la asociación de vecinos oficial, que en su orden del día no alude directamente a este problema, aunque sí menciona las reivindicaciones que correspondan ante las instituciones públicas.
Esta será el 17 de marzo, cuando el plazo para presentar alegaciones sobre la revisión del catastro ya habrá avanzado en el caso de los que lo hayan consultado.
La repercusión en el IBI de la revisión catastral no es el único asunto relacionado con los impuestos municipales que comienza a levantar malestar ciudadano: un joven abogado santanderino, Miguel Gómez Cotera, ha llamado la atención sobre la discriminación que se produce en las bonificaciones por el impuesto de la plusvalía, provocando con su denuncia y aviso de la posible inconstitucionalidad de las exclusiones que el equipo de Gobierno se movilice frente a su petición.