La dirección de la empresa de acuicultura Tinamenor, con sede en Val de San Vicente, ha advertido de que si el Gobierno de Cantabria no les hace un “rescate” que cifran en 3,7 millones de euros tendrán que proceder a la “liquidación” de las instalaciones.

Lo hacen en un comunicado difundido después de que el sindicato Comisiones Obreras advierta del riesgo “inminente” de cierre de la fábrica, que acaba de salir de un concurso de acreedores con nuevos inversores al frente, y que da empleo de forma directa e indirecta a unas 80 personas de los municipios de Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera.

En su información, la dirección de la empresa explica cómo se ha llegado a esta situación:

-Por un lado, afirman que durante años no pudieron realizar inversiones para la modernización de sus instalaciones debido al proceso de renovación por parte de la Administración de la concesión para poder ocupar el espacio en el que se asienta, sobre la ría (necesario para le desarrollo de su actividad). Finalmente, se les avanzó que la concesión se les daría hasta el año 2018, plazo “insuficiente” para rentabilizar las inversiones, lo que les causó desde 2008 pérdidas por valor de 9 millones de euros.

-Y se suma un nuevo factor, el contagio de una enfermedad, por un virus, que ha afectado a los peces que cultivan, provocando una elevada mortandad y que les ha hecho renunciar “forzosamente” a la campaña comercial de 2016 (y que fue, aseguran, una situación sobrevenida, no prevista, que se encontraron los nuevos inversores de la empresa).

Así pues, con esta perspectiva, fijan en 3,7 millones de euros sus “necesidades financieras”, que llaman abiertamente “rescate” y que han trasladado ya al Gobierno de Cantabria.

“De no mediar dicho rescate, la decisión empresarial es clara: liquidar la empresa, lo que implicaría irremediablemente la pérdida de sus 44 empleos directos actuales, de los 15 de ETT, más los indirectos en la comarca, estimándose el total en unos 79 empleos”, señalan textualmente en el comunicado.

Los inversores son nuevos, pero la dirección se mantiene, y explica que “el nuevo Grupo inversor respalda a la Dirección en el empeño”, añadiendo que “se trata de un rescate social”.

“Hay proyecto de inversión, pero siempre que sea viable. Ello pasa por una importante inversión del Gobierno regional, en un plazo muy corto y por la renovación de la concesión a un plazo suficiente. De lo contrario no es viable a ojos de un inversor”, afirman.

“CIERRE INMINENTE”

Previamente, Comisiones Obreras explica que la empresa ubicada en Pesúes (Val de San Vicente) ha salido de concurso de acreedores la pasada semana y lo ha hecho con la aprobación de un convenio en el que destaca la quita de un 80 por ciento de la deuda, que era principalmente con el sector bancario y que ascendía a unos 35 millones de euros.

En concreto, las nuevas empresas inversoras, GTN 2015 y 2005 KP Inversiones, han pagado “unos siete millones de euros” por hacerse con la deuda de la planta cántabra, algo que el sindicato considera “sorprendente” que haya salido adelante.