Décadas después de que los tribunales dictaran las primeras sentencias de derribo de viviendas en municipios de la costa cántabra (sentencias que han llegado a afectar a unas 500 viviendas y que han sido confirmadas por la justicia en las más altas instancias) y tras sucesivos planes y leyes, anuladas en parte por los tribunales, que han intentado soslayar la materialización de los derribos, parece que van a sustanciarse demoliciones en los municipios de Argoños y Escalante.

Díaz Tezanos con representantes de AMA

Porque hasta la fecha los derribos realmente ejecutados han sido mínimos, mientras los municipios caminaban hacia la redacción de nuevos planes generales que corrigieran los fallos que dieron lugar a estas ilegalidades, plasmadas en licencias municipales ratificadas por la administración autonómica.

El alcalde de Argoños, Juan José Barruetabeña, ha anunciado que en su municipio se producirán derribos, y lo ha atribuido a un hecho: un calendario de ejecución de una justicia que siempre ha recordado a todos los sectores que las leyes estaban para cumplirse.

Una decisión que ha sorprendido al Gobierno de Cantabria, cuyas competencias en materia de Urbanismo ahora dependen de la megaconsejería de la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos, quien recibía este lunes a los propietarios, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración y que han recibido la noticia apesadumbrados.

LA EXPLICACIÓN DEL ALCALDE

En un comunicado, el alcalde relata que tras confirmar el Tribunal Constitucional la anulación de la Ley de Autorizaciones Provisionales, figura ideada por el exconsejero de Urbanismo Javier Fernández, abogado experto en urbanismo y hoy senador por el Partido Popular, en la que se adelantaban las indemnizaciones a los propietarios y se daba margen a legalizar las viviendas (forzando una situación extraña en derecho, la de que la indemnización por un daño, el derribo, se produjera antes de que se demoliera la vivienda) fue la justicia en Cantabria (la Sala de lo Contencioso, que siempre ha estado al frente de las acciones judiciales al respecto) la que pidió al Gobierno y a los municipios que planteasen un calendario de ejecución de las sentencias, es decir, que fijaran plazos para los derribos.

El problema es que la condena es a dos partes, al Ayuntamiento y al Gobierno, que tienen que coordinar sus actuaciones, en consecuencia, algo que no parece haberse dado en este caso.

Parte de esa coordinación se apoyaba en los convenios para las indemnizaciones a los propietarios, pero el regidor de Argoños ha revelado que en octubre el Gobierno se negó a firmar más convenios de este tipo en casos en los que la condena no fuera expresamente al Ejecutivo autonómico.

Según el alcalde, el Gobierno ha alegado que el convenio que ha firmado para garantizar sus indemnizaciones con los propietarios no supone garantía alguna para estos y solicita que se conserven las viviendas hasta la aprobación de los nuevos planeamientos, es decir, ha planteado “una gran autorización provisional general”.

“SORPRESA” EN EL GOBIERNO

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha reiterado “la firme voluntad del Ejecutivo de colaborar con los tribunales de justicia y acatar lo que éstos dispongan en relación con las sentencias de derribo de viviendas”.

Además, ha mostrado su “sorpresa” por las declaraciones de los alcaldes de Escalante y Argoños sobre la posibilidad de llevar a cabo “una rápida ejecución de derribos en claro perjuicio para los afectados”, algo en lo que ha visto un tinte “partidista” al ser ambos municipios del PP.

“Los planes generales de ordenación urbana que cumplan la legalidad serán aprobados y los que no cumplan con la legalidad no será aprobados porque nosotros respetamos profundamente el Estado de Derecho y porque nosotros no creemos en soluciones mágicas ni en un urbanismo a la carta, que es lo que vino haciendo el Gobierno del PP”, declaraba la consejera, sin concretar más de cómo afecta lo sucedido en Argoños a sus planes, en una reunión con AMA.