La jueza Mercedes Compostizo ha acordado el archivo de la causa en los cursos de formación de Ecomasa, la fábrica de estufas cerrada tras una inversión de dinero público del anterior Gobierno de Cantabria y despues de que los trabajadores de otra planta en problemas, Teka, aportaran sus indemnizaciones para entrar a trabajar allí en lo que se planteó como un rescate.

Ecomasa

Toda esta gestión está en vías de fiscalización por dos vías, la política, con una Comisión de Investigación en el Parlamento de Cantabria, y la judicial, en fase de instrucción (la investigación previa, la que determinará si hay o no juicio).

Dentro de la parte judicial se encontraba la de los cursos de formación subvencionados por el Gobierno de Cantabria y ligados a la incorporación de los empleados de Teka a la planta, de la que se ha llegado a cuestionar su existencia,

La jueza sí que considera que existen indicios de que estos cursos sí se produjeron, tal y como sostiene en un auto al que ha tenido acceso EL FARADIO.

Previamente ya había rechazado la conexión de esta parte con la exdirectora de Empleo, que estuvo imputada en la causa, apoyándose igualmente en la existencia de estos cursos con el argumento de que los alumnos (trabajadores) y los docentes firmaron la asistencia.

LOS CURSOS DE FORMACIÓN

En concreto, se trata de seis cursos de formación por valor de 190.000 euros, que despertaron sospechas que habían dado lugar a investigaciones sobre presuntos delitos de estafa y fraude en subvenciones.

El problema es que durante la toma de declaraciones se produjeron declaraciones contradictorias por parte de la empresa y de los trabajadores, incluso los docentes negaron haber impartido esos cursos.

En la misma línea, el diputado de Podemos, José Ramón Blanco, explicaba, en la tertulia de BUENAS TARDES CANTABRIA que lo que a él le trasladan los trabajadores (con los que está en contacto por la Comisión de Investigación parlamentaria) es que esos cursos en realidad no se produjeron, y que lo que hicieron los empleados fue realizar tareas de mantenimiento de la fábrica.

La jueza se apoya en la existencia de partes de asistencia firmados por los propios trabajadores, o en que no constató ninguna queja por parte de ellos ni cuando se produjeron visitas a la fábrica de los inspectores del Servicio Cántabro de Empleo, ni en los cuestionarios anónimos.

Se comprobó la existencia de facturas sobre los materiales comprados para realizar los cursos.

Y además, existe otro factor que determina que no sea delito de fraude en subvenciones públicas, y es la cantidad: tiene que estar por encima de los 120.000 euros, y aunque los cursos ascendieran a 190.000, si se descuenta la parte subvencionada, entonces la cifra queda por debajo del limite.

La jueza descarta así un informe del Fiscal, el Ministerio Público, que cuestionaba la veracidad de los cursos, entendiendo que ha quedado desvirtuado por las pruebas y declaraciones posteriores.

El delito de fraude en subvenciones implica tanto a quien la da como a quien se beneficia de ellas.