El Gobierno sustituye al abogado de CANTUR en el caso Racing
Burgada, tercero por la izquierda, en un acto con el consejero de Justicia, Rafael de la Sierra (PRC), tercero por la derecha, en la Universidad de Cantabria || Foto: Gobierno de Cantabria
El Consejo de Administración de CANTUR, la empresa pública del Gobierno (PRC-PSOE) que ejerce la única acusación particular en el Caso Racing, ha sustituido al abogado que ha llevado la iniciativa desde que se presentó la querella, Javier Noriega, por el letrado Miguel Burgada, vicedecano del Colegio de Abogados.
Así consta en un escrito presentado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander según ha adelantado BUENAS TARDES CANTABRIA.
En concreto, la procuradora en nombre de CANTUR pone en conocimiento del órgano judicial que Javier Noriega ha recibido notificación de la empresa pública en la que “se comunica su cese como Letrado Director en la causa, conforme al acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2016”.
Y añade que “siguiendo expresas instrucciones de CANTUR”, Noriega ha “concedido la venia” a su compañero Miguel Burgada Sanz.
En el Juzgado nº 5 se desarrolla la fase final de la instrucción derivada de la querella que impulsó la propia CANTUR contra los responsables públicos y privados que intervinieron en las ayudas al Racing de Santander.
Noriega fue designado por CANTUR con el anterior Gobierno (PP) para presentar una querella contra los responsables del Gobierno PRC-PSOE (2003-2011) y ha participado en las diligencias durante una larga instrucción, que ha constatado indicios de delito, tanto en los exresponsables públicos como en los privados, como consta en el amplio expediente.
SITUACIÓN DEL CASO RACING
La primera instructora del caso, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Paz Hidalgo, cifró un quebranto de 43,8 millones de euros a las arcas públicas por la intervención del Gobierno en el Racing de Santander, como consta en el auto de 11 de mayo de 2015 de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
En aquella resolución, la magistrada acordaba incoar procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado por la posible comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro posible delito continuado de fraude a ente público.
Los acusados son el exconsejero de Turismo, Javier López Marcano (PRC); el exconsejero de Economía y presidente del PSOE, Ángel Agudo; el abogado que asesoró las operaciones, Emiliano Garayar; y el empresario presuntamente beneficiado, Jacobo Montalvo.
Desde hace nueve meses el procedimiento está pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos interpuestos por la Fiscalía y los acusados en la querella de Cantur, frente a aquel auto de 11 de mayo que iniciaba el procedimiento para la celebración del juicio.
CANTUR ES LA ÚNICA ACUSACIÓN PARTICULAR
Cantur es la única acusación en el caso Racing, toda vez que CEP Cantabria, que fue requerida insistentemente por la magistrada Paz Hidalgo para que se personara en la causa para defender los intereses de la parte pública, retiró sus acusaciones el 29 de julio, coincidiendo con el escrito de Fiscalía que rebajaba la gravedad de los hechos investigados
El asunto se acaba de abordar en el Parlamento de Cantabria, en la última sesión, a partir de una pregunta de Podemos sobre el estado de las actuaciones del caso Racing en las que el Gobierno es acusación particular.
El consejero de Turismo, Paco Martín, que preside el Consejo de Administración de CANTUR, aseguró que el Gobierno de Cantabria va a mantener la acusación en el caso Racing: “Estén tranquilos porque el Gobierno dijo que no se iba a retirar la acusación de CANTUR y así ha sido hasta este momento».
“NI UN SOLO PAPEL”
Además, Martín imputó al anterior Gobierno del PP la retirada de CEP Cantabria como acusación en el proceso – el acuerdo fue el 20 de junio, con el Ejecutivo popular en funciones, aunque el escrito se presentó el 29 de julio, con el actual Gobierno investido-.
CEP Cantabria es la empresa pública que coordinó todas las ayudas al Racing y en la que la juez situó la mayor parte del quebranto patrimonial de 43,8 millones de euros.
En este sentido, respondió a la insistencia del diputado de Podemos, Alberto Bolado, que el actual Ejecutivo “no ha modificado ni un solo papel» en el caso Racing.
Según el escrito presentado hoy en el juzgado el acuerdo del Consejo de Administración es del lunes 28 de marzo, el mismo día en que se produjeron las afirmaciones de Martín ante el Pleno del Parlamento.
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