Ecomasa pagó salarios de hasta 5.000 euros mensuales por persona a los gestores de HUB, la empresa encargada de elaborar su Plan de Viabilidad.

Y lo hizo mientras de forma paralela argumentaba ante Gobierno y trabajadores la falta de liquidez tanto para desarrollar su actividad como para pagar las indemnizaciones a los empleados incluidos en el ERE.

De hecho, la empresa pidió modificar las condiciones del préstamo que se le había concedido desde SODERCAN (la empresa pública de la Consejería de Industria), con dos objetivos: por un lado, ampliar la cantidad, y, por otro, atender la liquidez de la empresa.

Ecomasa

Es uno de los detalles que se revelan en la sentencia, consultada por EL FARADIO, que considera improcedente una de las tandas de despido en Ecomasa, la sociedad que pese a recibir inyecciones de dinero público por parte del anterior Gobierno se enfrentó a sucesivos expedientes de regulación de empleo y a un concurso de acreedores hasta finalmente desaparecer.

Lo sucedido está en el ámbito de la Justicia, pero también se investigará en el plano político: la semana próxima comenzarán los primeros pasos de la Comisión de Investigación creada en el Parlamento de Cantabria para esclarecer el destino de los 18 millones de euros de dinero público que llegaron a esta fábrica.

Y que se suman a la aportación que los trabajadores despedidos de otra factoría, Teka, hicieron a esta segunda empresa para incorporarse a ella, tal y como se pactó en ese momento.

EL CRÉDITO

En un primer momento, el crédito proporcionado desde la empresa pública SODERCAN ascendió a 714.000 euros, tal y como fue suscrito en marzo de 2015.

Pero luego (apenas dos meses después, el 7 de mayo, en los estertores del anterior Gobierno, en plena precampaña ya) se amplió hasta 3 millones de euros, de los que se dispuso en un primer momento de un millón.

Imagen denuncia de la situación de la fábrica

Era un préstamo, recuerda la sentencia, controlado desde SODERCAN y orientado a la financiación de la actividad de la empresa (“atender los gastos necesarios para poder desarrollar la actividad”, decía textualmente).

Y en la ampliación de ese crédito ya se condiciona el préstamo a la liquidez de la empresa para poner en marcha el Plan de Viabilidad que habían elaborado precisamente desde HUB.

Es ya un Plan de Viabilidad concebido para mantener la existencia de la sociedad, no su actividad (es decir, orientado a que se mantenga la estructura de la empresa, pero no la producción y el empleo).

Y se consideraba necesario para este objetivo el despido de 42 trabajadores (para salvar 54, decían entonces, argumentando tanto un descenso en la actividad como, de repente, el recordatorio de que al fabricar estufas su actividad se centraba en el invierno. Finalmente la fábrica acabó cerrando).

En los despidos se les hablaba ya de que las indemnizaciones correrían a cargo del FOGASA, el organismo público que se encarga de estos asuntos cuando la parte privada ya no puede.

Con todo, la Justicia matiza que al ser un préstamo participativo, cada provisión de fondos debe contar con autorización y justificación del prestamista, esto es, de SODERCAN.

Otro reproche que hace la Justicia es que no constaba la “urgencia” de hacer otro tipo de pagos, como las nóminas de 5.000 euros al mes a los tres miembros de HUB, los gestores y encargados del Plan de Viabilidad.

Y todo cuando en el mismo período en el que firmaron la primera versión del préstamo las pérdidas se elevaron ya a 1,2 millones de euros. Con todo, era una situación de mejoría pues tres años antes las pérdidas llegaron a ser de 34,4 millones de euros.

LIQUIDEZ E INDEMNIZACIONES

Había cierto debate sobre si la falta de liquidez puede considerarse causa económica (un motivo legal para presentar EREs), pero concebida para hablar de pérdidas económicas (que también las hubo), no para la falta de liquidez.

Además, la empresa intentó que en la relación de hechos probados (el relato de la historia que hacen los jueces y en el que se basan las sentencias) figurara que los trabajadores NO habían aportado sus indemnizaciones por los despidos previos de Teka. La sentencia rechaza estas pretensiones, recordando que en resoluciones previos ya quedó contrastada hasta la entrega del talón.