El Pleno de Santander de este mes de marzo ha debatido dos veces el caso de la plusvalía del valor de los tereenos de naturaleza urbana, que afecta especialmente a aquellos jóvenes que heredan una vivienda por el fallecimiento de un ascendiente.

En primer lugar para desestimar el recurso que el joven abogado Miguel Gómez Cotera puso a la ordenanza que le ha afectado directamente ante el reciente fallecimiento de su padre. La ordenanza exige que, para acogerse a la plusvalía, el heredero haya pasado los dos últimos años viviendo en el inmueble familiar. Y él estudiaba en otra ciudad en el momento del deceso.

La desestimación la ha llevado a cabo  el equipo de gobierno, compuesto por el PP, junto a, su socio, Ciudadanos, cuyos votos se han impuesto al rechazo del resto de la oposición. El partido de Albert Rivera ha rechazado usar su turno de palabra para explicar el motivo de su posición.

Votación durante el pleno municipal.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, ha insistido en que el tema se trata «de un particular», y ha pedido a los grupos municipales que «miren por el interés general y el bien común». Sin embargo, esta justificación no se sustenta porque, como le han recordado desde la oposición, esta vecino no podría acogerse a este beneficio porque no tendría carácter retroactivo.

De la Serna se ampara en los informes técnicos y jurídicos elaborados por los servicios municipales, y asegura que pedir que se vote en contra de estos sería «una decisión política que no sé en qué acabaríamos incurriendo», insistiendo en que cualquier vecino podría tumbarlo en los juzgados.

El informe jurídico elaborado por servicios municipales, al que ha tenido acceso EL FARADIO, defiende que no se discrimina en función de la residencia territorial sino en función de “una relación más o menos intensa con el causante y el inmueble” objeto tributario. Así mismo, reconoce que la plusvalía «puede ser injusta en su aplicación» en los ciudadanos.

Aunque la intervención del alcalde suele ser la última, el portavoz del PRC José María Fuentes-Pila, ha tomado la palabra para recalcar que los grupos han recurrido a profesionales jurídicos para asegurarse de que esta es «una decisión política» y que no implica ningún riesgo jurídico tomarla, algo en lo que el alcalde ha insistido.

PP Y CIUDADANOS IMPIDEN LA MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA

Por otro lado, la oposición formada por el PRC, PSOE, Ganemos Santander Sí Puede e Izquierda Unida, han llevado al pleno una moción para modificar esta ordenanza, presentando otras alternativas. En ella se ha incluido el requisito de que los beneficiados por la bonificación del 90% del impuesto municipal no trasmitan la vivienda en los siguientes tres años al deceso.

De este modo buscan «corregir esta injusticia», ya que se dan situaciones de que si fallece el padre de un matrimonio divorciado, su hijo no tendrá bonificación, al igual que tampoco lo tendrá el joven que estudie fuera durante el fallecimiento.

El PP habla, Ciudadanos se abstiene.

Algo que la concejala de Hacienda, Ana González Pescador, considera «absolutamente antisocial» porque «evite que vendan el piso a pesar de que lo necesiten. La concejala del PP ha pedido que «se retire la moción por demagogia y por falta de solidaridad», y ha insistido en que su propuesta es la «más social».

Tampoco en este caso el partido de Ciudadanos ha querido hacer uso de la palabra para expresar sus criterios de por qué se han abstenido en este caso, impidiendo que haya prosperado la iniciativa.

UN IMPUESTO QUE «CASTIGA» A LOS QUE NO HAN VIVIDO EN LA VIVIENDA EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

Ya en el pleno del pasado febrero, el equipo de Gobierno trató de presentar la desestimación que se ha llevado a cabo este jueves, que fue en ese momento ‘tumbada’ por el interventor del pleno, porque consideró que no había sustento jurídico para desestimar el recurso directamente, como pretendía el Ayuntamiento, sino que hacía falta pedir un nuevo informe, más solido, antes de hacerlo.

Actualmente la ordenanza que establece la bonificación del 90% en la plusvalía municipal de Santander entró en vigor el 1 de enero de este año 2015, con dos requisitos:

-que el valor catastral del suelo de la “vivienda habitual” sea inferior o igual a 60.000 euros

-y que el adquirente debe “haber convivido con el causante los dos años anteriores al fallecimiento”, acreditándose mediante la inscripción en el padrón municipal.

Ya el pasado mes de octubre el PRC presentó una moción al pleno a instancias de la petición del vecino, para aligerar las condiciones y suprimir las exigencias para acogerse a la bonificación del 90% en la plusvalía municipal, que excluye y grava fundamentalmente a jóvenes que heredan una vivienda por el fallecimiento de un ascendiente.

En aquel momento la moción fue rechazado con los votos del PP y Ciudadanos, y el propio alcalde de Santander, Iñigo de la Serna (PP), lo justificó asegurando que el particular afectado impulsor de la iniciativa “no vive en Santander”.

Una afirmación que choca con el certificado de empadronamiento al que ha accedido EL FARADIO, firmado por el propio alcalde, Iñigo de la Serna, y por la jefa del Servicio de Estadística del Ayuntamiento, Puerto Sánchez-Calero López, que prueba que el impulsor de la iniciativa, el abogado santanderino Miguel Gómez Cotera, reside en la capital cántabra, en el mismo domicilio familiar.