Los vecinos se han movilizado en defensa de sus viviendas

Los vecinos del Prado San Roque, el Pilón del Alta y la familia de la anciana Amparo Pérez, que comparecerán próximamente ante la comisión parlamentaria que debatirá la reforma de la Ley del Suelo de 2001 para introducir el «derecho al realojo», están «ofendidos» e «indignados» ante la negativa de PP y PSOE a que sus testimonios sean públicos.

En un comunicado, las Plataformas Salvemos Prado San Roque y El Pilón del Alta, junto a Marco Santamaría, nieto de la fallecida Amparo Pérez, invitados por el Grupo Parlamentario de Podemos a exponer sus casos en la fase de ponencia de la reforma de la Ley del Suelo, critican la falta de transparencia que supone la decisión y consideran que se trata de un acto «antidemocrático».

Recuerdan que esta ponencia para modificar puntualmente la vigente Ley del Suelo de Cantabria del 2001 aborda recoger el derecho al “realojo“ para todos aquellos afectados por el PGOU que actualmente están luchando por no ser expropiados de sus casas y negocios «en un futuro muy muy cercano».

«Los vecinos vamos a dar nuestro testimonio de cómo nos afecta personalmente el PGOU y el derecho al realojo. Pero ante la negativa por parte del PP y PSOE  a que nuestros testimonios sean públicos, a puertas abiertas, y solo podamos ser escuchados por los miembros de la Comisión Parlamentaria, los vecinos nos sentimos ofendidos e indignados ante tal falta de transparencia para con la ciudadanía cántabra», expresan en la nota difundida.

«Creemos que es un acto antidemocrático», añaden, al tiempo que cuestionan la medida: «no entendemos qué se esconde tras esta decisión. Nosotros no tenemos nada que esconder ni ocultar. Simplemente, como ha sido hasta ahora, pensamos que los vecinos de esta provincia tienen derecho a estar informados de nuestra situación, como de cualquier otra».

EL ORIGEN DE LA ‘COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN’ DEL URBANISMO EN SANTANDER

El urbanismo en Santander se debate en el Parlamento de Cantabria, paradójicamente, a instancias de una propuesta del Partido Popular.

Siguiendo la estrategia del Ayuntamiento de Santander para responsabilizar al Gobierno de Cantabria de la situación de los vecinos de El Pilón afectados por el Plan General de Ordenación Urbana de Santander (PGOU), que contempla el desarrollo de nuevas viviendas en esa zona de la capital, el grupo parlamentario popular instó una modificación de la Ley del Suelo autonómica.

Ante la creación de la Junta de Compensación que da inicio a los trámites que perjudican a estos vecinos de Santander, el Ayuntamiento (PP) se negó a modificar su PGOU y se escudó en la normativa autonómica para instar al Gobierno a que introdujera el derecho al realojo en la Ley del Suelo en vigor.

La tramitación parlamentaria se inició con la oposición de los grupos que apoyan al Gobierno, PRC y PSOE, que argumentaban que la nueva Ley del Suelo está en estado avanzado de tramitación, pero salió adelante con el apoyo de Podemos y Ciudadanos.

Sin embargo, Podemos utilizó el procedimiento parlamentario para convertir el trámite prácticamente en una ‘Comisión de Investigación’ del Urbanismo en Santander, con las invitaciones de afectados del PGOU, expertos y políticos del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno de Cantabria.

Entre los testimonios estarán el de la familia de Amparo Pérez, la anciana fallecida coincidiendo con el derribo de su casa para la construcción de un vial de conexión con la S-20; los vecinos del Prado San Roque, afectados por las expropiaciones o el último caso polémico, el del Pilón, un proyecto de renovación que amenaza con la expulsión de su barrio de decenas de propietarios de viviendas y negocios.

También se ha citado a miembros de la plataforma DEBA (Defensa de la Bahía), especializada en urbanismo, como el abogado Juan Mantilla, el arquitecto Jesús Molinero y el ecologista Carlos García.

Junto a ellos, están llamados a exponer ante esta comisión el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna (PP) y su concejal de Urbanismo, César Díaz. Y por la parte del Gobierno de Cantabria, la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos (PSOE), al frente de la macroconsejería en la que residen las competencias de Urbanismo, y el consejero de Vivienda, José María Mazón (PRC).