El Gobierno de Cantabria trasladó el pasado 7 de abril al Ejecutivo central una petición de documentación sobre el proyecto de construcción de diques en la playa de La Magdalena en Santander.

La playa de La Magdalena

En concreto, le han solicitado al Gobierno central documentos como la propia solicitud del estudio, la respuesta en la que se consideraba que el proyecto no tenía impacto sobre el medio ambiente, entre otros documentos similares sobre el efecto de este proyecto, concebido para luchar contra la pérdida de arena en estas playas que se viene produciendo en los últimos meses y de la que se ha avisado sobre su riesgo tanto de impacto visual como de generación de movimientos de mareas y oleajes en otras zonas de la Bahía de Santander.

El Ministerio de Medio Ambiente, responsable del proyecto, fue el mismo que adjudicó, también en Santander, el proyecto de la senda costera, en una obra que no se acabó correspondiendo con lo previsto inicialmente, con unos excesos constructivos y unos incumplimientos de la normativa que desataron alarma vecinal y que llevaron a anular el contrato y, paradójicamente, indemnizar a la empresa adjudicataria, Dragados, que lo había conseguido tras presentar una baja temeraria.

Desde el Ayuntamiento de Santander (que considera que es un proyecto trascendental para la ciudad y que ha definido las peticiones de documentación como “acoso” a la institución) y desde el Gobierno central (la ministra Isabel García Tejerina, este mismo fin de semana en una entrevista en El Diario Montañés) se reprochaba al Ejecutivo cántabro no haber solicitado información sobre este proyecto.