No era lo esperado, pero finalmente el Parlamento de Cantabria investigará las obras del Hospital Universitario ‘Marqués de Valdecilla’, tras sumar sus votos PSOE y PRC a los de Podemos y Ciudadanos, que habían presentado una iniciativa para la creación de una Comisión de Investigación. Sólo el PP no la ha apoyado, votando en contra.

La cosa va de sumar: el Parlamento suma una nueva comisión de investigación esta legislatura (está la de el fiasco industrial de Ecomasa, y la tramitación de la Ley del Suelo –aka Ley Pilón- se está convirtiendo, de facto, en una comisión sobre el urbanismo en Santander); y Valdecilla suma una nueva fiscalización, que se añade a los informes pedidos a la Universidad de Cantabria.

Hospital Valdecilla

Desde Podemos, la diputada Verónica Ordóñez adelantaba que el objetivo es que todos aquellos cargos políticos y de la administración que han participado en la toma de decisiones en torno al Hospital de Valdecilla “rindan cuentas ante la ciudadanía de un emblema como es Valdecilla”, y ha añadido que no rendir cuentas es propio de “autoritarismos”.

Y han enumerado problemas detectados pese a las obras, como que la unidad de reproducción asistida no cumple con la normativa legal y requiere una reforma de al menos un millón de euros; maternidad “está tan mal concebida” que carece de una zona de admisión adecuada; la unidad de alta resolución obstétrica no podrá cumplir su función, hay dudas sobre la posibilidad de utilizar los quirófanos del paritorio, el servicio de esterilización debe ser ampliado y, por tanto, cambiado el tren de esterilización y el Servicio de Farmacia tampoco cumple la normativa de seguridad.

“Hay servicios que no caben en Valdecilla y hay que saber por qué”, aseveraba por su parte el portavoz de Ciudadanos, Rubén Gómez, promotor también de la Comisión, en referencia a la salida de Oftalmología al Hospital de Liencres. Gómez reivindicaba que tiene que ser la “nueva política” la que consiga que se fiscalicen las acciones de los Gobiernos (si bien matizaba que era una investigación sobre todas las obras, no sólo sobre la época del PP).

Desde el PSOE, Silvia Abascal defendía el compromiso de su partido con el hospital “en las instituciones, en los tribunales –en realidad no llegó a haber juicio como tal– y en la calle”. Y desde el PRC recordaban que el contrato con Ferrovial se vendió desde el Gobierno como única alternativa a sobrecostes y retrasos (que, ha remachado, finalmente sí se produjeron).

Por su parte, el Partido Popular, por boca de la que fuera consejera de Sanidad y defensora del contrato de Valdecilla, María José Sáenz de Buruaga, recalcaba que los tribunales y el propio Gobierno ya dictaminaron que el proceso fue legal, negando que el Ejecutivo sea ahora un “inquilino” de Ferrovial en el hospital.

Buruaga ha acusado a los demás partidos de «pervertir» el derecho parlamentario con esta «política-espectáculo» para hacer «oposición a la oposición» sin que existan indicios de «irregularidades», y queriendo ganar en las instituciones lo que no han logrado en otros sitios.

Por ello, ha pedido que Valdecilla quede «al margen de esta forma de hacer política» y ha asegurado que su partido no va a «pedir perdón por haber acabado Valdecilla», en referencia al retraso de las obras que se vivió en el anterior gobierno del PSOE-PRC.

Tras años encadenando retrasos y modificados, el PP en el Gobierno optó por un nuevo sistema para acabar las obras de Valdecilla: la constructora Ferrovial las finalizaría, asumiendo además la gestión de una treintena de servicios no sanitarios, durante un plazo de 20 años, por un importe superior a los 900 millones de euros.

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