El Consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, ha comparecido este martes en la Comisión creada para estudiar la modificación puntual de la Ley de Suelo. O, como ya se conoce popularmente, en la Comisión del Pilón.

El PP ha presentado esta proposición de modificación para resolver desde el Parlamento el problema de los vecinos del Pilón, que llevan cerca de un año exigiendo al Ayuntamiento que modifique el Plan General para que más de 40 habitantes de la zona no se vean en la calle al activarse una Junta de Compensación con una actuación privada de la promotora Costa Verde Habitat.

José María Mazón, consejero de Obras Públicas y Viviendas, compareciendo en la Comisión.

Mazón ha asegurado durante esta comparecencia que esta modificación de la Ley de Suelo la considera «innecesaria» e «incompleta». Ha criticado que la propuesta del PP atiende a los realojos de los vecinos pero no a los retornos, y ha asegurado que el Ayuntamiento tiene en sus manos la solución.

«Creo que está muy bien que esta propuesta la enmarquemos dentro de la modificación global de la ley para verla como un todo», ha insistido, asegurando que el Gobierno ya trabaja para presentar «pronto» el nuevo proyecto de ley.

El consejero ha solicitado «no legislar con orejeras», porque considera un error «traer una ley para resolver un único problema», el del Pilón, porque «basta que legisles para un caso para que el día de mañana te aparezca otro con otra cuestión diferente», y esta modificación concreta no sirviera para aplicarla.

Por lo tanto, ha pedido a los diputados del Parlamento «coherencia legislativa» para «no hacer la modificación de algo que nuevamente vamos a revisar completo». «Si se va a cambiar una ley, no se modifica el día antes», ha insistido.

PODEMOS PIDE QUE DECLARE LESIVO EL PGOU DE SANTANDER

La oposición ha contradicho a Mazón, considerando necesaria esta modificación. Desde Ciudadanos, que la pasada semana no analizó la comparecencia de Iñigo de la Serna porque aseguraba no entender su presencia en el Parlamento, en esta ocasión sí han hablado más.

Cambiando de diputado, esta vez ha sido Rubén Gómez quien ha tomado la palabra alegando que «ahora hay casos en esta región que necesitan una modificación legislativa urgente», y ha insistido en que esto «no exime que en un futuro el Gobierno traiga otra Ley». Una ley que podría no prosperar, porque ha insistido en el que Ejecutivo gobierna en minoría y el proyecto presentado podría quedar «en el limbo de los justos».

Podemos, que es el partido que más comparecencias ha exigido en esta Comisión, al punto de convertirla en un análisis del Plan General de Santander, ha solicitado al Gobierno de Cantabria declare lesivo el PGOU de la capital cántabra.

El diputado de Podemos, José Ramón Blanco, acompañado de una vecina del Pilón.

«Este es un Plan que vulnera la Constitución Española, con el derecho a la vivienda digna», ha afirmado José Ramón Blanco, pues, tal y como ha reconocido el consejero, no contempla «el derecho de realojo y retorno». «Al declarar la lesividad, se suspende, y hasta que no se apliquen esos derechos no se reanuda», ha insistido Blanco.

Mazón ha rechazado esta propuesta asegurando que el Gobierno «no puede hacer lo que le da la gana, hay unas normas», y ha alegado que el Plan ha superado la valoración de la CROTU, y que solo una impugnación de actos concretos podría ‘tirar’ el Plan General.

José Ramón Blanco también ha mostrado un expediente en el que el Ayuntamiento de Santander desestimaba los recursos de los vecinos, acusando a De la Serna de «mentir» al decir que no se había presentado ninguna propuesta de modificación.

EL PP CONSIDERA QUE PODEMOS TIENE «FOBIA» AL ALCALDE DE SANTANDER

El diputado popular, José Manuel Igual, ha reprochado a Blanco su «fobia al alcalde de Santander», y ha insistido en que la modificación que plantearon los vecinos «era ilegal».

También él ha reclamado la «urgencia» de su proposición «que no es perfecta», con el «único propósito de dar tranquilidad a los vecinos». También ha reiterado que declarar lesivo el Plan General no es posible «porque ya lo votó el Parlamento y no prosperó».

Las portavoces de los dos partidos que sustentan al Gobierno han respaldado al Consejero en que esta modificación sería inútil ante la aprobación inminente de una nueva Ley de Suelo.

La portavoz socialista, Silvia Abascal, ha insistido en que es un problema de «voluntad política» del PP, tanto en el Ayuntamiento con en su etapa en el Gobierno. «De la Serna tenía el problema en un cajón y ahora quiere trasladarle la patata caliente al Gobierno», ha reprochado, asegurando que «el vacío legal está en el PGOU y el Ayuntamientoto solo con modificarlo podría solucionarlo».

La portavoz regionalista, Rosa Carmen Díaz, ha temido que «esta modificación no solucione el Pilón y Prado San Roque». Y es que considera que esta situación «es un problema único y exclusivo del Ayuntamiento de Santander», y que la CROTU no espera que haya planteamientos urbanísticos similares en ningún otro municipio.

EL DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA CREE QUE LA PROPUESTA ESCONDE «REGALOS ENVENENADOS»

Durante la mañana, también ha comparecido el director General de Vivienda, Francisco Javier Gómez Blanco que, en una sesión más técnica, ha criticado algunas de las medidas presentadas dentro de la propuesta de modificación del PP.

Por ejemplo, reprocha que se diferencie a los vecinos desahuciados según su renta, ya que considera que eso no tiene qué ver en el hecho de que en todos los casos van a perder sus casas.

Además, considera que la propuesta de que se les reubique en unas viviendas protegidas es «un regalo envenenado», porque «los vecinos dejan unas viviendas libres» para acogerse a otras «que tienen más limitaciones».

También ha alertado de que «si después de un tiempo los vecinos desean vender la vivienda, tendrían más limitaciones que las que habría tenido de querer vender su casa libre».

El portavoz popular, José Manuel Igual, ha pedido a los miembros del Gobierno que «cambien de actitud» y «propongan alternativas» a su modificación para «mejorarla» porque, asegura, su único objetivo es «cumplir la ley» y «dar tranquilidad a los vecinos» de cualquier sitio donde se desarrolle el sistema de compensación. Un sistema que ha insistido en que «es legal», y la única diferencia con el de cooperación es que este «es privado y el Ayuntamiento no interviene».