Francisco Martín, consejero de Industria, en el Pleno del Parlamento || Imagen: videoteca Parlamento (28 de marzo)

El Parlamento de Cantabria debatirá este lunes una iniciativa de reprobación al Gobierno (PRC-PSOE) presentada por Podemos, por la respuesta que ofreció el consejero de Industria, Francisco Martín, en la sesión del 28 de marzo, relativa al estado de las actuaciones judiciales en las que CANTUR es acusación particular por el ‘Caso Racing’.

En concreto, Podemos presentó esta iniciativa por la respuesta de Martín ante el Pleno, en la que aseguraba que el actual Gobierno no había movido «un papel» en ese asunto, al trascender que en la misma fecha de aquellas afirmaciones CANTUR había cesado al abogado, Javier Noriega, que ha llevado la iniciativa desde que se presentó la querella, encargada por la empresa pública durante el anterior Gobierno del Partido Popular.

Inmediatamente, en Twitter, el diputado de Podemos, Alberto Bolado, acusó públicamente al consejero de «mentir a los ciudadanos» con aquella respuesta al Parlamento. Desde la formación morada, consideraron entonces que el Gobierno PRC-PSOE tiene un claro «conflicto de intereses», al estar investigados el exconsejero regionalista, Francisco Javier López Marcano, y el actual presidente del PSOE, Ángel Agudo, entre otros.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, cerró momentáneamente la crisis con el anuncio de la revocación del acuerdo de CANTUR que cesaba a Noriega, para dar la venia al letrado Miguel Burgada. Entonces, su consejero de Industria acató la orden al tiempo que justificaba su actuación en la «pérdida de confianza» en Noriega.

CRÍTICAS DE TODA LA OPOSICIÓN

El Ejecutivo recibió duras críticas, no sólo desde Podemos, sino también del resto de la oposición parlamentaria. El diputado de Ciudadanos, Rubén Gómez, reaccionó a la noticia, que avanzó BUENAS TARDES CANTABRIA, con otro tuit en que calificaba este hecho de «indignante como poco».

En un comunicado, criticó el «intervencionismo» del Ejecutivo en el ‘Caso Racing’, en su opinión «sin sentido», y que «deja en dudas la clara voluntad de sus responsables de trabajar por los intereses de Cantabria por encima de intereses partidistas”.

Y desde el Partido Popular también apuntaron al «conflicto de intereses». “Tenemos la fundada sospecha de que este cambio se debe a que el abogado que estaba representando a Cantur no ha querido plegarse a las directrices de dejar decaer la acusación y que, por tanto, para cumplir este objetivo de anular la acusación, era preciso acudir a otra representación legal”, aseguraba el portavoz parlamentario, Eduardo Van den Eynde.

Tras la avalancha de críticas, Revilla aseguró que daba la orden de revocar la destitución del abogado de CANTUR para evitar «suspicacias» o «sospechas».

En esta legislatura, PP (13), Podemos (3) y Ciudadanos (2) suman más diputados (18) que los de los partidos que apoyan al Gobierno, PRC (12) y PSOE (5).

EL CASO CANTUR

El Caso Cantur está parado en la Audiencia Provincial, a la espera de que se resuelvan los recursos de los querellados y la Fiscalía, después del auto del 11 de mayo de 2015 que ponía a los acusados al borde del banquillo, aunque tras la renuncia a su acta de diputado del imputado Francisco Javier López Marcano el asunto pasó a la jurisdicción ordinaria.

Además de Marcano, están acusados el exconsejero de Economía y presidente actual del PSOE, Ángel Agudo; el máximo responsable de la empresa pública CEP Cantabria que canalizó las operaciones, Luis Egusquiza; el abogado externo que asesoró las operaciones del Gobierno en el Racing, Emiliano Garayar; el empresario que fue máximo accionista del Racing, presuntamente beneficiado por la venta del Racing en 2011, Jacobo Montalvo y su empresa Dumviro Ventures.

La primera jueza instructora del caso, Paz Hidalgo, elevó el quebranto patrimonial a 43,8 millones de euros e instó a CEP Cantabria a que se personara para defender el interés público, debido a que buena parte de la pérdida de dinero procedía de esta empresa pública.

A regañadientes, CEP se personó y llegó a presentar cargos contra los investigados. Aunque finalmente, el 2 de julio de 2015, y con el Gobierno del PP en funciones, se retiró de la acusación particular.

Al final de aquel mes, el 29 de julio, la Fiscalía rebajó las acusaciones y la gravedad de los hechos investigados. Dos semanas antes había presentado su renuncia el Fiscal Superior de Cantabria, José Ignacio Tejido.