El Gobierno negó hace un mes a la oposición informes de Intervención sobre MARE

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El Gobierno de Cantabria negó hace un mes a la oposición en el Parlamento informes de Intervención (el organismo administrativo que se encarga de velar por la pulcritud de la gestión económica) de la empresa pública MARE, dedicada a políticas medioambientales.

Este fin de semana, el Ejecutivo divulgaba a los medios una auditoría realizada por la Intervención sobre esta empresa, uno de los grandes quebraderos económicos de todos los gobiernos cántabros que esta legislatura está adscrita a la macroconsejería que ostenta la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos.

Logotipo de la empresa pública MARE

Logotipo de la empresa pública MARE

En esa auditoría se hablaba de adjudicaciones a dedo a empresas y otras irregularidades en la gestión de esta empresa pública en la etapa en que a su cargo estaba el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández (hoy senador por el PP), con Antonio Zabala como director general.

Partidos como Ciudadanos, dentro de su labor parlamentaria, habían solicitado al Ejecutivo la documentación relacionada con informes de intervención sobre esta empresa pública a partir del año 2011, es decir, desde la legislatura anterior hasta esta.

Y la respuesta del Gobierno, el pasado 21 de marzo, fue comunicarle que no constaban en Intervención informes relativos a esos períodos, que no existían.

LA AUDITORÍA

El trabajo, firmado el 16 de marzo, lo ha realizado la Intervención General de la Comunidad Autónoma, a través de la Subdirección General de Control Financiero, y conforme al Plan Anual de Control Financiero Permanente, Auditoria Pública y Otras Actuaciones de Control para 2015.

La Intervención comunicó a MARE en julio de 2015 el comienzo de la auditoria que analiza el grado de cumplimiento de los principios de economía, eficacia y eficiencia, y en septiembre de ese año el inicio de la auditoria que analiza la adecuación de los sistemas y procedimientos de gestión con respecto a los objetivos que deben cumplir, ambas en materia de contratación.

Su contenido ya está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria, tal y como avanzaba en rueda de prensa convocada para analizar la auditoría la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos (quien matizaba que la iniciativa de esta auditoría ha partido de la propia Intervención y no del Ejecutivo, queriendo hacer así un contraste con las que encargó el gabinete de Diego contra la gestión anterior de PSOE-PRC).

Desde el PP, el entonces consejero y hoy senador Javier Fernández se ha esforzado en transmitir sensación de tranquilidad, con un mensaje en el que ha remarcado que responde «de todos y cada uno» de los contratos y a la vez en que le parece «bien» que se pidan «todos los informes», al tratarse de una empresa pública. Fernández ha recalcado que no hubo ningún reparo (objeción de los funcionarios) a las contrataciones, hechas teniendo en cuenta el criterio de los técnicos de la empresa pública.

MARE

MARE (Medio Ambiente, Agua, Residuos y Energía) es la empresa pública de gestión medioambiental del Ejecutivo cántabro, y aglutina competencias como la limpieza de playas o la gestión de basuras en distintos municipios, además del vertedero de Meruelo, entre otras.

Es la sucesora de la ERC (la Empresa de Residuos de Cantabria), muy criticada en su momento por las contrataciones clientelistas y que asumió en su día la limpieza de las playas tras el vertido del Prestige (que llevó al Parlamento a autorizar un crédito extraordinario por valor de 30 millones de euros).

Finalmente, se acabaría optando por disolver la empresa y crear otra nueva que tampoco hizo que su gestión económica mejorara, sino todo lo contrario.

OTRAS EMPRESAS

No es la primera vez (ni será la última) que el Ejecutivo niega información sobre el sector público a la oposición: recientemente se rechazaba facilitar a Podemos datos de gestión económica de SODERCAN, empresa pública de gestión industrial adscrita también a la macroconsejería de Díaz Tezanos y que está resultando muy polémica desde el principio de la legislatura, alegando cuestiones de confidencialidad en los datos de empresas privadas con las que se tiene relación.

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