Cientos de ganaderos (600 según la organización) han secundado este lunes la llamada al paro del sector primario de Cantabria que se ha llevado a cabo frente al Parlamento de Cantabria. Estaba convocada a las tres de la tarde, una hora antes de que comenzara el pleno parlamentario, donde se ha debatido una propuesta sobre su problemática.

Venidos de toda la región, los manifestantes han recibido entre pitos y abucheos a los parlamentarios y miembros del Gobierno, a los que han criticado por su inacción para solventar los problemas que enfrenta el sector,

«Estamos vendiendo la leche a 15 céntimos» ha denunciado el presidente del sindicato ASAJA, Pedro Gómez, que también ha destacado que se están retrasando las ayudas para la producción. «Queremos soluciones para un sector que está vivo y que es una fuente de economía para esta región» ha reivindicado, recordando que la ganadería ocupa un 80% del terreno productivo de Cantabria.

Los ganaderos han avisado que si no se ofrecen soluciones en agosto van a realizar una movilización en Santander, frente al edificio de Gobierno. Han registrado un manifiesto en el Parlamento para que todos los grupos parlamentarios sepan cuáles son sus reivindicaciones, y le han entregado uno en persona a Miguel Ángel Revilla, quien les ha emplazado a una reunión este jueves en Peña Herbosa.

A sus representantes públicos les exigen «agarrar el toro por los cuernos» para cambiar los leyes, sobre todo para marcar un precio mínimo para la leche. «Por mucho que digan que estamos en un mercado libre se tienen que marcar unos mínimos establecidos» ha insistido Gómez. «El sector primario quiere vivir de su trabajo y no de limosnas».

Uno de los ganaderos, Fito Diego, procedente de Soba, ha contado a los medios su situación para dar un ejemplo de la realidad en la que viven. La cuota que se le ha puesto este mes de marzo es de 1.700 litros, la cual ha vendido a 28 céntimos el litro. Su excedente ha tenido que cobrarlo a 12 céntimos. «Esto no te alcanza ni para la Seguridad Social, ni para la luz, ni para comer» ha denunciado. «¿Dónde están los políticos en este país? Esto es una ruina».

Protesta de los ganaderos frente al Parlamento.

EL PLENO RECHAZA PAGAR ESTE AÑO LAS AYUDAS AL SECTOR

Precisamente con la situación de los ganaderos ha comenzado el pleno del Parlamento de este lunes. Ha sido a través de una interpelación presentada por el Partido Popular para instar al Gobierno de Cantabria a que ejecutara durante los siguientes 6 meses los pagos de los 2 millones de euros en subvenciones ganaderas y agrarias que se dejaron de entregar en 2009 y 2010.

Los populares se han negado a aceptar la enmienda presentada por Podemos para que estos pagos se acojan en los presupuestos para el año 2017. Aseguran que esa propuesta está hecha de buena fe pero es «de crédulos» porque ellos no confían en el consejero Jesús Oria, al que han acusado de «cobarde» en su defensa del sector.

Ni Podemos (que se ha abstenido) ni Ciudadanos (que ha votado en contra) han apoyado su propuesta, y ambos partidos le han reprochado al PP que ha tenido 4 años de mayoría absoluta para ejecutar esos pagos y que la situación económica impide que se lleven a cabo durante este ejercicio, con los presupuestos elaborados y ajustados en otras materias.

Por su parte, el PRC y el PSOE han acusado al PP de «utilizar de forma partidista» a los ganaderos como «arma arrojadiza». Le han recordado los recortes en ayudas producidos por el anterior Gobierno y han insistido en su compromiso de ejecutar los pagos durante 2017.

EL GOBIERNO REGULARÁ LOS PRECIOS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES

El pleno del Parlamento ha sacado adelante una propuesta de Podemos en materia social. Todos los partidos, excepto el PP que se ha abstenido, han acordado apoyar la proposición que ha sido enmendada por el PRC, para instar al Gobierno a regular el precio de los alquileres sociales en Cantabria.

Desde Podemos consideran que las medidas presentadas por la Ley de Emergencia Habitacional no son claras y, de hecho han acusado a Revilla de incumplir el acuerdo por el que llegó al Gobierno.

Revilla entrando al Parlamento entre protestas.

Este acuerdo de investidura estaba muy centrado en materia social y se basaba en el Plan de Emergencia Social que está llevando a cabo el Ejecutivo regional a través de varias consejerías.

La parte del pacto que Podemos considera que se está incumpliendo es el que corresponde a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en el acuerdo entre GESIVAN y el SAREB, que dice que el precio mínimo del alquiler social será de 150 euros, con un máximo de 400.

«Ustedes no viven en el mundo real», ha reprochado José Ramón Blanco a los parlamentarios. En su opinión, el 30% de los ingresos familiares en muchas ocasiones están por debajo del mínimo impuesto por la Consejería. Por ello, los precios de los alquileres serán de un 30% de los ingresos familiares si estos superan el Salario Mínimo Interprofesional, o de un 10% en caso de que no lo hagan.

Además, desde Podemos pide que se inste a los ayuntamientos cántabros a aplicar esos puntos a sus viviendas municipales; y han nombrado el caso de Santander donde algunas viviendas de protección oficial tienen un precio de alquiler de más de 400 euros, superando otros precios del libre mercado.

SIN CONFIRMACIÓN SOBRE LA LEGALIDAD DE LOS SUELDOS DE SOGIESE

Durante el pleno, Ciudadanos ha preguntado al Gobierno sobre la situación en la que se encuentra la gestión para «legalizar» los sueldos de la empresa pública SOGIESE, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda.

Rubén Gómez ha criticado la «inactividad» del Gobierno para resolver esta irregularidad. El problema data de que los sueldos abonados entre 2012 y 2015 a algunos trabajadores podrían haber vulnerado la legalidad al estar por encima del límite legal vigente en la comunidad autónoma desde 2012.

En caso de que realmente se haya vulnerado, como así parece creer el Interventor General, estos trabajadores deberían reintegrar lo pagado, que en gran parte iría a la Unión Europea que es quien financia el 97% de los salarios de la empresa.

El consejero de Economía, Juan José Sota, ha asegurado que su gobierno «va a cumplir los plazos» a la hora de tomar una decisión «sobre estas discrepancias», y que se ha propuesto «regularizar» la situación antes del mes de junio.

En el pleno, Sota ha destacado que SOGIESE tiene hasta el 21 de mayo para presentar alegaciones al informe emitido por la Intervención General sobre la irregularidad de los salarios.

Sobre las «discrepancias legales» de las que habla Sota entre la Intervención General y SOGIESE, consisten en que estos salarios están sufragados en un 97% por fondos europeos, que han sido acordados por los países participantes en el Programa Interreg (España, Francia, Portugal y Reino Unido) y solo un 3% por el Gobierno regional.