“Estén tranquilos” ha asegurado la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, este lunes en el Parlamento de Cantabria, en referencia al debate sobre el convenio del vertido de residuos de Guipúzcoa en el vertedero de Meruelo.

Un convenio que ha tratado de convencer que “podemos votar que sí”, y que ha salido adelante con los votos del PSOE, el PRC y de Ciudadanos, que ha apoyado el acuerdo bajo condiciones. En contra de este, se encuentran el PP y Podemos que se han mostrado muy críticos con el informe que les ha trasladado el Gobierno.

Eva Díaz Tezanos.

Un informe amplio que les han entregado con poco tiempo, apenas 6 días, y que ha provocado que la oposición haya retirado todas las mociones que había presentado para este pleno, haciendo que el tema de los residuos haya sido monográfico.

La también consejera de Medio Ambiente, ha pedido el apoyo de los diputados, a los que ha pedido el apoyo para dar luz verde a este convenio, que permitiría a Guipúzcoa verter 128.000 toneladas más de residuos durante el próximo año y medio. En el primer borrador del convenio se hablaba de cuatro años, pero en el actual solo comprende al tiempo que queda de 2016 y todo el año 2017.

Este vertido de 128.000 toneladas se sumaría a las 42.000 toneladas que ya se ha vertido en los últimos tres meses, en base al preacuerdo que se suscribió en febrero. Un total de 170.000 toneladas por un precio total de cerca de 12 millones de euros.

El acuerdo final se ha logrado tras aprobar las propuestas de resolución propuestas por Ciudadanos, e incluir una de Podemos, la única que ha sido aprobada por unanimidad, en la que se insta al Gobierno a no prorrogar el contrato más de allá de diciembre de 2017.

El PRC y el PSOE han querido insistir en que este acuerdo contará con una cláusula de reciprocidad, de forma que el Consorcio de Residuos de Gipúzcoa se comprometerá a garantizar que si, en iguales condiciones, Cantabria tuviera necesidad de trasladar residuos fuera de de la región.

CIUDADANOS APOYA CON CONDICIONES

El convenio cuenta con el visto bueno de Ciudadanos, lo que permite que pase el corte de la mayoría del Parlamento al unir los votos de sus dos diputados con los de PSOE y PRC.

No es un apoyo ciego sino que han pedido condiciones. Desde Ciudadanos piden que estos 12 millones de ganancia no se usen para “hinchar” la empresa nuevas contrataciones, ni se obligue a los cántabros a gestionar las pérdidas de MARE, la empresa pública que gestiona los residuos en la región.

Más bien pretenden que se usen para gestionar la ampliación de la vida útil del vertedero más allá de 2032 (el plazo final en el que se cuenta ahora) y también para elaborar el Plan de Saneamiento.

“Técnica y medioambientalmente la operación es viable y rentable para Cantabria”, ha asegurado Rubén Gómez, que considera que el dinero “servirá para paliar el resultado de la gestión del PP en MARE”.

Desde Ciudadanos confían en los técnicos jurídicos del Gobierno pero, por si acaso, han trasladado el informe a sus técnicos nacionales del partido, que han dado su visto bueno. “Si quiere hablamos de sus técnicos y cómo han dejado MARE y las demás empresas”, ha espetado a la bancada popular ante su protesta.

Ciudadanos exige también un control parlamentario cada seis meses de todo el proceso “para que no hinchemos el coste de las empresas públicas”.

Rubén Gómez.

CON PP Y PODEMOS EN CONTRA CUESTIONANDO LOS INFORMES

Tanto el PP como Podemos han cuestionado algunos informes que acompañan al expediente, y han denunciado que los residuos procedentes de Guipúzcoa llegarán a Meruelo compactados pero «sin ningún tipo de tratamiento».

El PP ha advertido que el contrato con la Diputación de Guipúzcoa «no es legal», y ha asegurado que encima «el precio es de ganga», aunque desde el Gobierno Díaz Tezanos ha recalcado que se les cobrará lo mismo que al resto de ayuntamientos cántabros, a algo más de 80 euros la tonelada.

Podemos ha asegurado que el Gobierno «nos ha querido engañar otra vez más», y le ha acusado de «bordear la legalidad», con informes «de parte».

La diputada Verónica Ordóñez ha denunciado que el acuerdo con Guipúzcoa «va a empeorar nuestras tasas de vertido al vertedero», y ha acusado al Gobierno de hacer un «uso torticero» del lenguaje y de las normas porque «compactar no es tratar».

Finalmente sí se ha aprobado, esta vez por unanimidad, una propuesta de Podemos para que el acuerdo no se amplíe más allá de diciembre de 2017. Eso sería respetar los 18 meses de los que ha hablado este lunes el Gobierno, que ha rebajado la cifra de los 4 años de los que se habló previamente.