El descontrol de las obras de infraestructura pública en Santander está llevando a que prácticamente todas las adjudicaciones incurran en las bajas temerarias (esas adjudicaciones, criticadas por el mundo de la empresa, en las que el precio de la adjudicación es notablemente inferior a la cifra en que la administración sacó el proyecto a licitación), pero también a una nueva tendencia: el sobrecoste por adelantado.

Normalmente los proyectos tienen varias fases en lo burocrático: una vez redactado el proyecto, se saca a licitación (se determinan las condiciones en público) y las empresas presentan sus ofertas, de forma que se hacen cribas en base a criterios económicos y técnicos que llevan a la adjudicación.

Centro Cultural Doctor Madrazo

Estrictamente esta nueva tendencia no es un sobrecoste, pues en realidad lo que está pasando es que los incrementos de presupuestos se producen ya en la fase en que se comunica el proyecto a los medios, antes incluso de activar la maquinaria administrativa, es decir, entre el momento en que se habla por primera vez del proyecto y en el momento en que se redacta, el paso previo a la licitación.

De momento, ya sólo dos obras anunciadas recientemente suponen costes superiores a los 700.000 euros de gasto extra respecto a lo que había anunciado el propio equipo de Gobierno inicialmente.

La palma se la lleva el Centro Cultural Doctor Madrazo, cuya reforma (que incluye el ascensor de cristal que parece imprescindible colocar en algún sitio en Santander, sea la infografía de PeñaCastillo o la del Chiqui), se ha multiplicado por tres.

En principio se había anunciado que el proyecto costaría 200.000 euros, pero finalmente suma 400.000 euros extra ascendiendo a un total de 600.000, tras ampliar su superficie en 10 metros cuadrados y renovar todo el conjunto de las instalaciones, materiales incluidos.

El otro pre-sobrecoste es el del carril bici de La Albericia, presentado esta semana, que pasa de los ya abultados 400.000 euros planificados inicialmente a los casi 720.000 (320.000 euros más) en que se situará finalmente la redacción del proyecto.

Es un aumento que se justifica en motivos de seguridad, en la necesidad de incorporar una plataforma exclusiva y elevada respecto al resto de la calzada de un carril de 24 kilómetros de trayecto que discurrirá entre el complejo municipal de La Albericia y el Parque Científico y Tecnológico.

LAS BAJAS TEMERARIAS, “UNA HUMILLACIÓN”

Las bajas temerarias son recurrentes en el Ayuntamiento de Santander, cuyo equipo de Gobierno reivindicaba este mismo fin de semana en El Diario Montañés su contribución al ahorro en las arcas públicas, que cifraba en más de 7 millones de euros.

Un ahorro que empresas u organizaciones como el Colegio de Ingenieros de Caminos siempre inciden en que se produce a costa de rebaja de las calidades o de la vida útil de lo ejecutado, lo que a la larga supondrá costes mayores de mantenimiento.

Así lo apuntaba en BUENAS TARDES CANTABRIA Enrique Conde, representante de este colectivo y activo denunciante de esta práctica de la administración, para quien las bajas temerarias suponen una “humillación para la ciudadanía”.

Además, el decano del Colegio de Caminos advertía de que este “planteamiento perverso” está llevando en Cantabria a un sistema de “doble subasta”, en el que las empresas compiten a la baja con los precios en una primera y luego en una segunda selección.

Y todo porque el precio es el único criterio considerado para las licitaciones, frente a otros como los indicadores de calidad, los medios materiales o las condiciones laborales.

Otra de las consecuencias de las bajas es el impago a los proveedores subcontratados en un sector, el de la construcción, aquejado por la parálisis del mercado, el parón en la obra pública, la morosidad y fenómenos como las bajas temerarias. En este punto, Conde pronosticaba: “preveo que este año caerán más empresas del sector de la construcción”.

LAS BAJAS SE TRADUCEN EN RETRASOS

Sobre el papel, y en el caso de Santander, las bajas temerarias sólo se tradujeron en sobrecoste en un único caso el año pasado, el conocido vial de Amparo Pérez, la anciana fallecida tras su larga lucha contra la expropiación de su finca para construir un vial que entró en funcionamiento hace un año.

Y eso a pesar de que la propia ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, a fecha de septiembre, cuantificaba que las obras de 2015 supusieron costes por valor de 36,4 millones de euros no previstos en las partidas iniciales de presupuestos de ese mismo año, pero no reflejados aquí al no acarrear un cambio en el contrato.

Los cráteres de COPSESA

Pero las bajas temerarias sí que han tenido otro efecto: varias obras que han experimentado retraso en la ciudad el año pasado se adjudicaron por una baja temeraria o desproporcionada, como también se las conoce.

Así sucedió con los cráteres de Tetuán hechos por COPSESA (que incumplió los plazos dos veces).

Además, es práctica habitual que las empresas ‘libren’ las sanciones que les correspondería por incumplir el plazo marcado en un contrato público gracias a que el Ayuntamiento las exculpó, asumiendo la responsabilidad o admitiendo la existencia de circunstancias extraordinarias (problemas con una infraestructura eléctrica y reclamaciones vecinales en Tetuán).

Tendencia, la de admitir causas externas en los retrasos de plazos de obras en Santander que llegó al extremo en el caso de la reforma de la Plaza del Mercado de Puerto Chico (junto al Centro Cultural Doctor Madrazo cuya reforma se acaba de anunciar con precios al alza), donde se alegó como motivo para el incumplimiento la lluvia justo en el invierno más seco de los últimos años en la ciudad, por parte de Teginser (Grupo Perseo), adjudicataria también de La Remonta.