Salvador Blanco, consejero delegado de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, declinó hacer alegaciones con comentarios o explicaciones sobre el contenido del informe del Interventor General sobre la gestión de esta empresa pública entre los años 2009 y 2012.

Salvador Blanco

Y eso a pesar de que solicitó una prórroga de dos semanas para hacerlo, que le fue concedida, según refleja el propio informe, difundido este miércoles por Podemos y consultado por EL FARADIO.

Sin embargo, pasado ese plazo aseguró que le resultaba imposible realizar alegaciones al no contar con los documentos utilizados por el interventor, quien le respondió asegurando que tenía acceso a ellos cuando quisiera.

Además, consideraba “insuficiente” la relación de anexos a la documentación (entre la que se incluyen tablas con el estado de las deudas, relación de facturas emitidas por los contratistas de SODERCAN, etc….)

El hecho de que el informe no cuente con sus alegaciones, que él mismo rechazó hacer, ha sido uno de los argumentos utilizados por Salvador Blanco en la rueda de prensa convocada de urgencia este jueves (desde el área de Internacional de SODERCAN, y tras la cancelación de la rueda de prensa de la vicepresidenta sobre el Consejo de Gobierno) en la que ha tratado de desacreditar el documento.

Es decir, Blanco crea un círculo vicioso que comienza con su renuncia a incluir su versión y sigue con que el hecho de que no esté incluida le resta validez.

Pero hay más omisiones o incorrecciones en la defensa que está realizando el Gobierno de Cantabria ante el contenido del Informe:

-La descalificación a la Intervención General de Cantabria, que es una figura no muy conocida en la Administración Pública.

El Interventor es un funcionario de alto nivel que vela por el cumplimiento de la legalidad en la actividad de la administración, en especial en el apartado económico. Aunque es funcionario, el Gobierno tiene la potestad de nombrar a quien considere, y ha mantenido al mismo.

Este informe ha trascendido ahora, pero en los círculos del Ejecutivo de SODERCAN se conoce desde hace tiempo. Si no gustó o no se confía en él, podía haberse cambiado al Interventor, incluso de forma discreta, pero no se ha hecho.

El único motivo del ataque es el hecho de que su trabajo se haya hecho público.

De hecho, es el mismo al frente del informe a otra empresa pública, MARE, difundido con entusiasmo (nota de prensa y documento íntegro enviado en sábado para asegurarse la presencia en los periódicos del domingo y rueda de prensa el lunes para tratar de marcar la empresa) hace semanas por el propio Gobierno de Cantabria, al afectar a la gestión del anterior Ejecutivo del PP (del mismo modo que fue este Gobierno el que difundió el megacontrato de Valdecilla con Ferrovial).

-La primera reacción de SODERCAN, este miércoles, recogida por EUROPA PRESS, fue asegurar que el documento ya se había publicado:

En este punto cayeron en una incorrección. Lo que trascendió, en marzo de 2012, fue una auditoría, encargada a una empresa (Deloitte) por el Ejecutivo del PP a todo el sector público, SODERCAN incluido. Eso fue una auditoría hecha por una empresa, esto es un informe de intervención hecho por la propia administración.

Y tampoco es correcto que aquella auditoría trascendió de forma general o masiva, porque lo cierto es que el PP fue bastante reacio a su difusión. El público pudo conocer su contenido por una serie de informaciones en EL DIARIO MONTAÑÉS y en BUENOS DÍAS CANTABRIA, que, evidentemente, no son todos los medios de la comunidad autónoma. Y desde luego, no se puede consultar en ninguna página Web institucional o Portal público de Transparencia.

-Ahora ya se ha corregido ese error de intentar confundir informe de intervención (funcionarios) con auditoría (encargo a empresa) y la descalificación pasa a asegurar que el contenido de ambos es “sospechosamente”.

Ambos textos se basan en la misma relación de documentos, facturas y contratos, con lo cual no suena tan descabellado que se llega a las mismas descripciones de situaciones (si no hay documentos que velen por la ejecución de los convenios o si se fraccionan los contratos son realidades palpables para unos y otros).

Pero es que además no son exactamente igual: el informe que ha trascendido ahora es más prolijo y detallado, por ejemplo, en las cuestiones relacionadas con los contratos con el grupo Fraile y Blanco (la auditoría no llegó a hablar, como si ha constatado el interventor, del conocimiento de la empresa de los proyectos antes de su licitación).

La boya de Idermar, los contratos con Garayar o el vicepresidente de Repsol no fueron destacados en aquella auditoría y sí lo son ahora.

Precisamente porque hay novedades y porque no se sabía es porque ha encontrado reflejo en la prácticamente totalidad de los medios de comunicación cántabros, que no habían tenido acceso antes a esa información.

-Hay otro factor que refleja la ligereza de considerar que ambos documentos son idénticos. Si se ha pagado a una empresa por un trabajo que han hecho funcionarios, es decir, si se ha pagado dos veces por lo mismo, eso tiene un nombre, malversación de fondos públicos, un delito. ¿Denunciarán a sus predecesores y confiarán en que un juez compare ambos documentos y saque conclusiones?

-La otra descalificación es a los plazos. ¿Por qué ahora?, se pregunta, apuntando a las elecciones y descargando la responsabilidad de la filtración en Podemos, cuando a su vez a ellos les ha llegado por otra vía que no tiene relación con las elecciones ni los partidos. El partido morado lleva reclamando esta información desde el principio de la legislatura y les ha quemado en las manos cuando les llegó, soltándola de inmediato.

El problema de los plazos se hubiera evitado facilitando el informe cuando se pidió, que no había elecciones. En este caso, la falta de transparencia ha perjudicado a quien la practica.

El Partido Popular habría podido usar el mismo argumento de las elecciones al afectar la auditoría de MARE, realizada por la misma Intervención de Cantabria y difundida esa por el Gobierno, a un exconsejero del PP que de hecho encabeza la lista al Senado.

-Y apunta también a que las recomendaciones que se le hacen en las conclusiones ya están puestas en marcha

(como si fuera un mérito atender recomendaciones sobre contratación de Intervención), o como si eso cambiara la responsabilidad por las prácticas realizadas, es más, como si las prácticas documentadas por el informe, las que dan pie a las conclusiones, se hicieran en base a papeles falsos.

¿Han falsificado acaso funcionarios documentos públicos? Porque la falsedad documental es un delito, y si la hace un funcionario púbico, se parece a la prevaricación. ¿Va a denunciar a los funcionarios, en coherencia con su planteamiento de negar la mayor, que los hechos que han dado pie a las recomendaciones se produjeran?

Y, en cualquier caso, la cuestión es, admitiendo que esas irregularidades ya estén resueltas, ¿se entiende que siga en la gestión pública la persona bajo cuyo mandato se produjeron? ¿Se entendería algo así allí afuera, en esa frontera también conocida como MUNDO REAL en la que por un error en una empresa te pueden despidar o te puedes arruinar?

-Incluso se ha referido a la existencia de ISOs (normas de calidad certificadas externamente), que siguen sin ser un desmentido a las concreciones de los hechos relatados por el Interventor tras examinar la documentación (es decir, la ISO no los ha evitado), en un argumento que recuerda mucho a la defensa del PP estatal de que su contabilidad estaba auditada oficialmente.

-Y, finalmente, se ha enfundado la corona del Rey Sol (El Estado Soy Yo), para identificar SODERCAN con su gestión y esta con el apoyo a las empresas cántabras, de modo que, en un salto argumental que no es nuevo en la política local, en su mente cuestionar su gestión en SODERCAN es rechazar la ayuda a las empresas cántabras.

CONSULTA AQUÍ LAS INFORMACIONES SOBRE EL INFORME: 1,2,3,4,5

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