Esta semana el Gobierno de Cantabria amanecía con una dimisión sobre la mesa. La de Carmen Díez Marzal, hasta ahora directora general del Servicio Cántabro de Empleo y cuya dimisión se hará efectiva este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno.

Como siempre en estos casos, el Gobierno ha alegado “motivos personales”, pero la situación en el Servicio Cántabro de Empleo se ha complicado tras varios meses sufriendo muchas presiones debido al cambio en el procedimiento para las contrataciones en los ayuntamientos.

Estas contrataciones, hasta el pasado año, dependían de los ayuntamientos, que podían contratar durante seis meses a personas en situación de desempleo. El antiguo procedimiento contó con muchas críticas de aspirantes que denunciaban que en la fase de selección pesaba más la parte subjetiva que la meritoria.

Carmen Díez Marzal junto al consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota.

Por tanto, el nuevo Gobierno cambió el procedimiento, otorgando la responsabilidad de los procesos de selección al Servicio Cántabro de Empleo en lugar de a los propios ayuntamientos. Algo que solo ha provocado aún más presiones por parte de los consistorios, tal y como denuncian ahora partidos de la oposición.

Es el caso de Los Corrales de Buelna, donde Izquierda Unida ha presentado este martes en el Ayuntamiento un informe, para incluirlo en un expediente de investigación abierto, en el que se enumeran y analizan las posibles irregularidades cometidas por el equipo de gobierno en la selección de personal para los planes de empleo de las corporaciones locales.

Durante la celebración del pasado pleno municipal, el grupo municipal de Izquierda Unida elevó un ruego a la alcaldía, dando traslado a la corporación de las quejas que distintos vecinos habían transmitido previamente al concejal de personal y que, según denunciaron, no habían obtenido respuesta.

En el alegato de dicho ruego, la portavoz de Izquierda Unida advirtió de posibles irregularidades en el proceso de contratación de los planes de empleo, y pidió al equipo de gobierno que “aumente la trasparencia y que se trate adecuadamente a las personas que están en derecho de reclamar lo que les corresponde y de ser informados correctamente del proceso de selección”.

En la presentación del informe, Izquierda Unida detalla las posibles irregularidades cometidas por el gobierno de los Corrales de Buelna, al solicitar experiencia previa a los aspirantes, tanto en las bases enviadas al INEM, como en el pliego de condiciones publicado por el Ayuntamiento. Algo que choca directamente con la Orden publicada por el Gobierno de Cantabria en diciembre de 2015, que dictamina en su artículo 13.3 que la oferta genérica no puede “exigirse experiencia previa relacionada con el puesto de trabajo”.

Desde Izquierda Unida alerta que, además de suponer un trato discriminatorio con los aspirantes a los planes de empleo, este “grave error” podría suponer la pérdida de la subvención, al incumplir reiteradamente las condiciones demandadas por el propio Gobierno Regional.

RECHAZO EN SANTANDER A LAS DENUNCIAS DE SANTANDER SÍ PUEDE

También en Santander ha salpicado la polémica. Durante los pasados días, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento y el Emcan han cruzado comunicados porque, supuestamente, el Consistorio santanderino ha estado rechazando los candidatos propuestos hasta poder elegir a sus allegados.

Algo que Santander Si Puede llevó al pasado pleno, solicitando la creación de una comisión que investigase los procesos de contratación de las dos últimas legislaturas, correspondientes al programa Orden de Corporaciones Locales, ante la sospecha de posible comisión de irregularidades en las mismas y “posibles prácticas de nepotismo y posibles presiones” al Servicio Cántabro de Empleo, para la contratación de determinados perfiles o curriculums, designados desde el ayuntamiento.

Sin embargo, su moción fue rechazada con los votos en contra del PP y las abstenciones de Ciudadanos, PSOE y PRC. Solo Izquierda Unida se unió a su petición en esta ocasión.

En otros municipios como San Pedro del Romeral, San Felices y Marina de Cudeyo, gobernado por el PSOE, y a quien el Emcan ha anunciado que retiraría la subvención de más de 400.000 euros debido a que el propio Consistorio se saltó las reglas y sorteó públicamente las plazas.