El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy la creación de dos líneas de avales, dotadas con un total de 15 millones de euros para este año, con el fin de brindar apoyo económico a las empresas instaladas en la Comunidad Autónoma, a través del Instituto Cántabro de Finanzas.

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.

Reunión del Consejo de Gobierno

En concreto, se autorizó al Instituto de Finanzas de Cantabria a crear dos líneas de avales, una destinada específicamente a pymes y autónomos y dotada con 10 millones de euros y la otra, de 5 millones, para todo tipo de empresas.

El aval será como mínimo de 100.000 euros y máximo de 1 millón de euros, y el plazo de garantía otorgada si el aval es para liquidez no será superior a 5 años y si es para inversión no será superior a 10 años.

Y en estos dos casos quedan excluidas las empresas en situación de crisis, según el criterio de la Unión Europea, mientras que en el caso de los proyectos de inversión tendrán que ser técnicamente viables y se deberá justificar la capacidad de reembolso de la cantidad que se avale.

Las empresas en crisis quedan excluidas de estas líneas, frente al criterio de la pasada legislatura, en la que se permitió el aval al Grupo SADISA ante sus problemas financieros, consecuencia de la falta de financiación bancaria.

De hecho el aval era para pedir un crédito, y al no ser una opción contemplada en la normativa vigente (como advirtió el ICAF, que incidía en que los avales son para empresas que actúen en sectores definidos por el Gobierno como estratégicos) se tuvieron que hacer hasta dos cambios, incluidos el de una ley, para dar cobertura legal a esta situación.

Entonces se optó por recurrir, para permitir a esta operación, a considerarlo una excepción, para lo que fue necesario un acuerdo del Consejo de Gobierno que sumó el criterio de la crisis consecuencia de la falta de financiación.

Y este objetivo era, directamente, el “mantenimiento del empleo en aquellas empresas que, teniendo un elevado volumen de plantilla y una situación razonablemente saneada, estén sufriendo, temporalmente, dificultades para acceder a la financiación bancaria”.

Pero seguía sin contemplar los criterios legales, por lo que poco después se modificó la ley por la que se creó el ICAF, y se hizo a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos.

Con ese cambio ya se habilitaba a este ente para conceder créditos, avales u otro tipo de garantías a personas naturales o jurídicas pertenecientes al sector privado, siempre que su domicilio social, establecimiento permanente o centro de dirección se situasen (o fueran a situarse) en Cantabria, sin más criterios que los que quisiera el ICAF, en un cambio sobre el que llamó la atención el Tribunal de Cuentas.