||por Mercedes Boix Rovira, candidata de IU Cantabria al senado por Unidos Podemos||

A estas alturas, resulta complicado sorprender con algún dato novedoso acerca de la situación por la que atraviesa este país. Estamos a pocos días de unas nuevas elecciones, y los discursos y los gráficos, las encuestas y las tertulias…todo nos suena a repetido. Incluidas las peticiones de voto.

Yo voy a tratar de envolver la mía en papel de sesuda reflexión, lo cual no es tampoco nada original, pero al menos ofrece la oportunidad de que ustedes puedan o no compartirla, más allá de eslóganes y promesas vaporosas…

Mercedes Boix en una protesta de la Plataforma por lo Público y Sin Recortes en Valdecilla, donde trabaja

Desde el estallido de la burbuja inmobiliaria, y el advenimiento de la crisis, los españoles nos hemos sometido a un acondicionamiento vertiginoso en materia de macroeconomía, acrónimos de más de seis letras y traducciones más o menos logradas de las instrucciones de Bruselas.

Lo sabemos todo de la prima de riesgo, la reestructuración bancaria, el BCE, la troika y el pacto de estabilidad, el techo de déficit…sabemos que esas son las variables que determinan nuestro porvenir, el futuro de nuestras pensiones, de nuestra sanidad pública, de nuestra educación, de la dignidad en el trabajo…todo eso depende del resultado de una especie de algoritmo virtuoso cuyo resultado se traduce en miles de millones de euros en más recortes. Siempre más recortes, siempre más austeridad. Por supuesto, por el bien de todos. Y todas.

Ese atormentado que fue Baudelaire dejó escrito que el truco más hermoso del diablo es hacernos creer que no existe. Esta reflexión, en principio religiosa, es extensible a los territorios más prosaicos del poder y las relaciones sociales.

En la España (y la Cantabria) del 2016, el truco que emplean con nosotros es hacernos creer que las políticas que nos han conducido a la peor brecha de desigualdad en décadas, son inevitables.

Formamos parte de un proyecto común, la UE, que obliga a sus socios a respetar ciertas normas y acuerdos, y ningún Estado miembro podría desmarcarse unilateralmente. Caso cerrado. La política local, la soberanía popular, no pueden desmarcarse de esas realidades transnacionales.

Bueno, esa es otra más de sus muchas mentiras.

Ningún memorándum europeo ha obligado a las administraciones del PP y del PSOE a establecer un hormiguero de redes clientelares que nos cuesta a todos los españoles un 4’5% del PIB anual, es decir, 48.000 millones de euros. Esa es la cifra que se estima alcanza la corrupción vinculada a la contratación pública en España. La trama Gürtel, la operación Púnica, el escándalo Imelsa, los ERE de Andalucía, Pokemon y Bárcenas, y así podríamos seguir hasta la náusea, enumerando los casos emergidos de corrupción sistémica.

Tampoco es la troika la que distribuye el gasto público de cada Estado socio. Los gobiernos españoles han ido configurando un sesgo claramente irresponsable en este sentido, siendo España uno de los países con menor porcentaje de PIB destinado a su sanidad pública, más de un punto por debajo de la media europea (cada punto de PIB equivale a unos 10.000 millones de euros), en la cual, por cierto, desarrollo actualmente mi labor como médica en Valdecilla (una institución que poco a poco los distintos gobiernos maltratan despojándola de su carácter público pasando sus servicios a manos privadas).

En el caso de la educación, los fondos destinados a este fin están casi un punto por debajo de la media. La protección social tampoco se salva de este criterio tan poco rentable en términos democráticos. Más de dos puntos por debajo. En definitiva, distribuimos nuestros recursos de una manera muy similar a Hungría o Lituania, y muy alejada a la que utilizan Dinamarca o Finlandia.

La Unión Europea establece un índice de justicia social, evaluando para su obtención los siguientes parámetros; riesgo de exclusión y pobreza, igualdad de oportunidades en la educación, acceso al mercado laboral, cohesión social y no discriminación, salud, y cohesión intergeneracional. De una lista de 28 países miembros, España ocupa el puesto 21. Solamente siete Estados europeos ofrecen a sus ciudadanos unas condiciones más injustas para desarrollar sus vidas que las que padecen los españoles, y merecen ustedes saber cuáles son; Croacia, Letonia, Italia, Hungría, Bulgaria, Rumanía y Grecia.

¿Y es todo esto un fenómeno de la naturaleza, como la lluvia o el viento?

No, desde luego. Es el producto de años de políticas en esa dirección. Y la respuesta y la solución deben proceder del mismo lugar, el Boletín Oficial del Estado. La única posibilidad de que esto sea posible, de que recuperemos para todos y todas las riendas de nuestra convivencia, es recuperar también las riendas de nuestras instituciones. El poder político y el económico están gravemente entrelazados, y sólo accediendo al primero podremos reorientar el segundo hacia el bien común.

Las elecciones de este domingo son otra parada en este viaje hacia un país más justo. Una posibilidad histórica de implementar esas políticas de rescate social. Una posibilidad de quitarnos de una vez por todas de encima a esa caterva de ladrones que han ido esquilmando nuestro estado del medioestar a base de robar los recursos que lo sostenían. Una posibilidad de acabar con los trucos y las trampas.

Yo me presento como candidata al Senado por Izquierda Unida, dentro del proyecto ilusionante que simboliza Unidos Podemos. Con una serie de propuestas (pinche aquí para conocerlas) que equilibrarían este país y comenzarían a cimentar una sociedad más democrática. Sin miedo al diablo ni a la troika. Una sociedad cuyos integrantes vean reconocidos y garantizados sus derechos universales. Donde abrir una ventana que nos permita ver el futuro que queremos construir.

Dirán que es imposible, que no existe esa sociedad y será otra mentira más.

De ustedes depende que sea la última.

Mercedes Boix Rovira, candidata de IU Cantabria al Senado por Unidos Podemos