Esther Merino, en rueda de prensa junto al expresidente del Gobierno y presidente del PP de Cantabria, Ignacio Diego || Foto archivo: Gobierno Cantabria

El Tribunal de Cuentas (TC) ha pedido la justificación de dos expedientes de gasto en el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, por importes de 1,6 millones y otros cinco expedientes de 90.000 euros correspondientes al ejercicio 2013, en el periodo de gestión de la exalcaldesa, Esther Merino, actual candidata del Partido Popular al Senado por Cantabria.

Lo ha dado a conocer este jueves su sucesora en el cargo desde junio de 2015, la actual alcaldesa de Cabezón de la Sal, Isabel Fernández (PSOE), en una rueda de prensa en la que ha anunciado el inicio de una investigación interna para aclarar el destino de estas partidas económicas.

En concreto, el TC solicita al Ayuntamiento que acredite la subsanación o el levantamiento de los reparos que presentó el anterior interventor municipal, el órgano (un reparo lo puede levantar el alcalde o el Pleno) y los expedientes, que no tenían consignación presupuestaria.

Ante un reparo del interventor, un Ayuntamiento puede hacer dos cosas: si es un gasto pequeño el propio alcalde puede levantarlo. Pero si se trata, como en este caso, de un gasto elevado, la competencia para levantar o subsanar el reparo es del Pleno municipal.

La actual alcaldesa, Isabel Fernández, denuncia que no hay rastro del levantamiento del reparo, en ningún acta de plenos desarrollados en la anterior legislatura, ni tampoco por parte de la exalcaldesa y candidata al Senado, Esther Merino.

Asimismo, tampoco aparece el expediente ni parece haber rastro contable del dinero (1,7 millones de euros).

Por todo esto, y ante la ausencia de explicaciones de la Intervención y Tesorería actuales, que requeridas por la alcaldesa han indicado que contable y presupuestariamente no tienen datos para aclarar estos expedientes de gasto, Fernandez ha decidido abrir una investigación interna.

En el debate de presupuestos de 2014, Isabel Fernández, en la oposición en aquel momento, acusó al anterior equipo de Gobierno del PP de presentar un documento “irreal” por la parte de los ingresos, al considerar que fueron extraordinariamente bajos.

EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

El interventor anterior, poco antes de cambiar de destino (Mallorca), rindió cuentas del ejercicio previo (2013). Por Ley, los interventores municipales están obligados a comunicar al Tribunal de Cuentas todos los reparos, sobre todo los que son suspensivos.

Y así lo hizo en febrero de 2014 y lo reiteró, a petición del TC, un día antes de abandonar el puesto, en el mes de junio del mismo año, según ha podido saber El Faradio.

Como consecuencia de esta información, el TC abrió un informe de fiscalización de gastos aprobados sin consignación presupuestaria del año 2013.

El Tribunal de Cuentas ha contestado recientemente al Ayuntamiento que mientras no se justifique qué órgano levantó el reparo y no aparezca el expediente hay una responsabilidad contable pendiente, por lo que seguirá adelante con el procedimiento.

LA RESPUESTA DE ESTHER MERINO

Frente a esto, Esther Merino le replicaba a su sucesora acusándole de omitir un informe que explicaba los motivos en base a que en realidad el gasto se distribuye en varios años de la vigencia del expediente.

«Quizás lo primero que tendría que hacer la alcaldesa es hablar más con su primer teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente en la anterior legislatura, que es de donde el Tribunal de Cuentas demandó esa información en el año 2013”.

Tal y como explicaba, “en ese año aprobamos en pleno un convenio de basuras con el Gobierno de Cantabria, por un importe de algo más de un millón seiscientos mil euros, que repercutiría anualmente en el presupuesto municipal en torno a 200.000 euros». «Ahí está el dinero”, apostillaba.

Según la actual portavoz del PP en Cabezón de la Sal, “el malentendido con el Tribunal de Cuentas puede deberse a que el anterior interventor consideraba que el ayuntamiento no disponía de esa cifra para un solo ejercicio, cuando la realidad es que se iría pagando a lo largo de los ocho años de duración del convenio”.

Merino añade que hay otros 90.000 euros “que nosotros no podíamos tener presupuestados con carácter previo, ya que son de procesos judiciales de ese año».

“Pero aquí la cuestión no es tanto dónde están el dinero o los documentos, que no se han ido a ningún sitio, sino que la alcaldesa sabe perfectamente que se ha informado al Tribunal de Cuentas. Conoce toda la documentación que se ha enviado, las fechas y los argumentos esgrimidos. Lo conoce todo porque así se lo ha informado la interventora, sin embargo esto no se lo ha hecho saber esta mañana a los medios de comunicación”, aseveraba.

Y la acusaba de malas técnicas en política porque «no parece conocer otra forma de hacer política».

“Los vecinos de Cabezón de la Sal pueden estar muy tranquilos en lo que a mi gestión y a la de mi equipo se refiere. Veremos si los que están ahora pueden decir lo mismo”, reivindicaba.