En el centro, el actual consejero de Economía, Juan José Sota (PSOE) y el actual consejero delegado de SODERCAN, Salvador Blanco (PSOE)

El actual consejero delegado de SODERCAN, Salvador Blanco (PSOE), se saltó al Consejo de Administración de la empresa pública para dar dos préstamos a IDERMAR, de 50.000 y 220.000 euros, cantidades entregadas «a fondo perdido» en su anterior etapa al frente de la sociedad (2007-2011).

Así lo recoge el Informe de Intervención del Gobierno de Cantabria sobre la sociedad pública entre los años 2009 y 2012, que le dedica un capítulo a Investigación y Desarrollo de Energías Renovables Marinas (IDERMAR), una sociedad puente que se utilizó para financiar el proyecto de la empresa Apia XXI, y que acaba de entrar en concurso de acreedores.

Según la ‘Auditoría de legalidad, operativa y gestión’ de SODERCAN, firmada por el interventor de la comunidad autónoma, «en general» los préstamos a IDERMAR fueron autorizados por el Consejo de Administración.

Pero anota dos salvedades, en las que el entonces (y ahora) consejero delegado de SODERCAN se saltó al Consejo de Administración. En concreto, Salvador Blanco firmó sendos préstamos, por importe de 50.000 euros (20 de abril de 2010) y de 220.000 euros (25 de junio de 2010) «sin ratificación de órgano superior».

Ambos créditos, junto a otro de importe superior (620.000 euros) de 31 de julio de 2009, se establece que IDERMAR reintegrará el principal de los mismos sólo «cuando empiece a generar beneficios” y que, en caso contrario, SODERCAN no recuperaría el importe de los mismos, por lo que todas estas cantidades fueron entregadas «a fondo perdido», según el interventor.

También en relación a esta «financiación de proyecto de Apia XXI», el informe subraya que se superaron los límites de los préstamos y avales que SODERCAN puede conceder a una misma empresa, sin autorización por la Junta General de la Sociedad ni por el Consejo de Gobierno de Cantabria.

Además, señala que no existió informe previo de viabilidad económico-técnico del proyecto IDERMAR, tal y como establece el decreto de creación de SODERCAN (en 1984), así como el protocolo interno de actuaciones en la empresa pública.

Por otra parte, censura la «indefinición de los objetivos concretos» con la participación de SODERCAN en IDERMAR y «el modo en que se contribuye al desarrollo regional de Cantabria».

FINANCIACIÓN DE PROYECTO DE APIA XXI

Sodercan realizó inversiones por valor de 4,3 millones de euros en IDERMAR, sociedad que estaba participada en un 40% por Apia XXI, y el resto se repartía a partes iguales entre Sodercan, la Fundación IH y la empresa Helium, que se encargó de la construcción de una plataforma flotante para la generación de energía eólica marina, a través del oleaje.

Apia venía trabajando en un proyecto de investigación similar desde antes de que naciera IDERMAR, y cuando se constituyó la empresa, le abonó 3,9 millones de euros en concepto de propiedad intelectual. Para financiarlo, se le hizo un préstamo de 3,1 millones de euros, que se repartieron todos los socios a partes iguales.

Después se incorporó una variante, una boya marina, a un precio de 6 millones de euros que IDERMAR debía abonar a Apia y que llevó a tener que pedir nuevos préstamos.

Pero finalmente SODERCAN abonaría préstamos por valor de 2,3 millones de euros que sólo recuperaría si IDERMAR generaba beneficios.

Al margen, Apia recibió un préstamo estatal de 1,5 millones de euros para el proyecto junto a una subvención que no fue dirigida a reducir el coste del proyecto y que coincide con otras aportaciones recibidas por otras vías (la propiedad industrial).

SOBREFINANCIACIÓN Y DOBLE FINANCIACIÓN

La intervención resume que se incrementaron los presupuestos (en 1,2 millones), y que hubo una sobrefinanciación del proyecto, en la que SODERCAN acabó aportando el 40% de las cantidades pese a tener un 20%, la mitad, de las participaciones.

Y además de la sobrefinanciación por parte de SODERCAN, revela una doble financiación a partir de la última addenda al convenio marco, firmada el 20 de enero de 2010 entre Apia XXI e IDERMAR.

En ese documento, analizado por la intervención, se incluye como parte variable del coste de los derechos de propiedad industrial, que ha de abonar IDERMAR, un importe de 752.414.

Una cantidad que coincide con la valoración económica que hace Apia XXI de la financiación que obtiene de la entidad estatal CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial), una suma de casi 2 millones de euros en conceptos de subvención y préstamo.

Así, esas cantidades que debían reducir el coste total del proyecto terminaron incrementándolo, en lo que para la Intervención General de Cantabria supuso una «doble financiación de este importe» (los derechos de propiedad industrial.