Tras el requerimiento por parte de la Inspección de Trabajo a las empresas adscritas a los convenios de Formación Profesional Dual con la Consejería de Educación para que paguen el alta en la Seguridad Social de los estudiantes de esta modalidad, la patronal PYMETAL ha cargado contra los responsables políticos.

El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, con uno de los alumnos participantes en la FP Dual.

“Ha habido un engaño, es una falta de sintonía y bochornoso”, manifiesta Miguel Angel Garzón, vicepresidente de PYMETAL, además de profesor de la FP Dual y gerente de Aluminios Ampuero, empresa que desde 2013 ha acogido a varios estudiantes de prácticas.

“En ningún momento desde la Administración ni desde la Cámara de Comercio se ha hecho ninguna alusión, no estaba ni en la letra pequeña” insiste Garzón, que asegura sentirse “comprometido” porque él fue uno de los que trabajo activamente con el anterior consejero de educación del Gobierno del PP para implantar ese modelo.

“En ningún momento se dijo que el empresario tenía que cotizar la Seguridad Social, solo era prestación económica”, y de hecho en el contrato que se firma con la Consejería no se especifica la obligatoriedad de dar de alta al alumno en la Seguridad Social.

Este convenio suscrito con la Consejería de Educación regula la relación entre el alumno y el empresario, en el que se especifica que el alumno no podrá cubrir ningún puesto de trabajo en plantilla ni podrá sustituir o suplir las bajas o no asistencias de otros trabajadores de la empresa.

A cambio de su actividad en la empresa, el alumno en prácticas recibe una retribución mensual, en concepto de bolsa de ayuda al estudio, que va variando conforme se suceden los años, hasta un máximo de tres: 200 euros el primer año; 300 euros el segundo y 400 euros el último año.

Garzón defiende que el modelo que ellos perseguían “llevamos año viéndolo desde Alemania” y que se pretendía reproducir aquí. “Pero, como siempre, lo poco que se hace bien, se hace mal”.

“SI NO ME CORRESPONDE NO LO VOY A PAGAR”

El programa sigue siendo interesante para los empresarios. “Es de sumo interés para las empresas por tener mano de obra cualificada y para los alumnos que participan”, defiende el vicepresidente de PYMETAL, que ha visto como un varapalo el requerimiento de la Inspección de Trabajo, lo que supondrá para las empresas un desembolso de 2.000 euros de media, en concepto de alta, cotización y recargos por cada estudiante que ha trabajado estos años en los distintos centros.

Algunas empresas han acogido a más de un alumno. Desde PYMETAL calculan que haya unas 150 empresas afectadas, lo que a cálculos generales se transforma en unos 100.000 euros de recaudación para las arcas públicas.

“Lo de menos es la cantidad que hay que aportar, no es significativa”, insiste Garzón, que destaca que lo importante es que “de repente estamos en deuda con la Seguridad Social, con lo cual hay un vacío legal y un compromiso para la empresa por no estar al corriente de sus obligaciones tributarias con todo lo que eso conlleva”. “Para los empresarios esto es una losa”, afirma, “porque cualquier cosa que tengas que gestionar debes demostrar que estás al corriente de tus obligaciones tributarias y ahora todos estamos fuera de juego”.

Los empresarios han puesto el asunto en manos del responsable de la Consejería de Educación, que a su vez asegura que ha pasado el asunto al Ministerio correspondiente. “Si no me corresponde no lo voy a pagar”, avisa Garzón, ya jubilado, porque “no es competencia nuestra como empresarios”.