Viviendas ilegales en el Alto del Cuco.

El Gobierno de Cantabria destinará un millón de euros a las obras de demolición de las 214 viviendas con sentencia de derribo en el Alto del Cuco (Piélagos), unos trabajos que comenzarán este viernes «tras los acuerdos alcanzados» con el Ayuntamiento de Piélagos.

Así, el Ejecutivo autonómico autorizó recientemente el expediente administrativo para que la empresa pública Tragsa ejecute la demolición de las 214 viviendas sobre las que pesa sentencia de derribo en el Alto del Cuco.

El plazo de ejecución del derribo será de seis meses y el coste de esta actuación, que también implica la regeneración ambiental de la zona será de 3,7 millones de euros, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

EL CONVENIO

El convenio estipula que la cuantía será adelantada por el Gobierno de Cantabria al Ayuntamiento, y después la administración local devolverá este montante en un plazo de 10 años, a razón de un 10% anual, incluido este mismo año, al Gobierno autonómico, según el acuerdo que firmaron las dos administraciones en octubre de 2013.

El reintegro del anticipo empezará este mismo año y a partir del próximo se irá incrementando las cantidades pendientes con un interés del 1% anual. La devolución

En El Cuco había proyectados distintos tipos de viviendas, unifamiliares y en bloques, en total unas 400, todas ellas declaradas ilegales, de las que se llegaron a construir 214.

La demolición supondrá más de 1 millón de euros, a los que hay que añadir los 2,7 millones previstos para regenerar y restaurar el monte. Tras los trabajos de demolición se iniciarán las tareas de regeneración y restauración del monte sobre el que se levantaron las viviendas ilegales.

EL MAYOR MORDISCO DEL LADRILLO

El Alto del Cuco es el mayor símbolo de lo que se ha conocido como el ‘ladrillazo’ en la costa de Cantabria durante los años 90, en el que varios ayuntamientos aprobaron planes urbanísticos.

Aquella ordenación municipal, en el inicio de la burbuja inmobiliaria, recibió luz verde del Gobierno de Cantabria (PP-PRC), con el actual presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla como vicepresidente y consejero de Urbanismo, al frente también de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).

La exdirectora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio (2003-2007) explicó años después, en BUENAS TARDES CANTABRIA, que el Alto del Cuco fue «un pulso de poder que perdimos todos«.

Los recursos de la asociación ecologista ARCA a tales actuaciones urbanísticas derivaron en decenas de sentencias judiciales, ratificadas por las más altas instancias de la Justicia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y el Tribunal Supremo declararon la ilegalidad de las construcciones y las órdenes de derribo de más de 500 viviendas en la comunidad autónoma. Todos los recursos fueron desestimados.

Los primeros derribos de construcciones ilegales en la costa de Cantabria se ejecutaron en la urbanización de la Playa de La Arena, en Arnuero, y en el chiringuito de “Mingo”, en Ajo (Bareyo), para dar cumplimiento a sentencias judiciales que así lo establecieron.

En la Playa de La Arena afectaron a las fases 1 y 2, a 42 de los 144 pisos de la urbanización. Eran viviendas (como las de El Cuco) que no llegaron a terminarse y que no estaban habitadas.

LOS PARCHES DEL PODER EJECUTIVO QUE HA RECHAZADO EL JUDICIAL

Desde entonces no se había producido ningún derribo en Cantabria, sobre todo porque, ante la presión de los propietarios que compraron viviendas ilegales, agrupados en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), las administraciones se han volcado en la tramitación de planes y leyes para la legalización de las viviendas ilegales.

Esas viviendas se han integrado en el Plan de Derribos del Gobierno de Cantabria, que además va a adelantar los costes del derribo, aún no cifrados.

Todos los parches diseñados por los partidos políticos y aprobados por consenso de PP, PRC y PSOE en el Parlamento de Cantabria (y hasta en el Senado) han sido rechazados de nuevo por la Justicia, con dos criterios inamovibles: hay que cumplir las sentencias de derribo y las indemnizaciones para los afectados sólo pueden tramitarse una vez que se haya causado el daño (la demolición).

El actual director general de Urbanismo, Miguel Ángel Palacio (PSOE), cuestionaba desde la oposición parlamentaria (2011-2015) que el Ejecutivo asuma unos costes que corresponderían o bien al Ayuntamiento de Piélagos o bien al PP local, pero no a todos los cántabros.

El Tribunal de Cuentas llegó a cuantificar el precio del descontrol urbanístico en la costa: la adaptación de las normas municipales a la regulación autonómica que intentó compensar la falta de seguridad jurídica, las sentencias de derribo y los planes anulados por los tribunales ha costado 8,5 millones de euros.

EL GOBIERNO «CUMPLE ESCRUPULASAMENTE» LAS SENTENCIAS

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), y la alcaldesa de Piélagos, Verónica Samperio (PSOE), han rubricado el acuerdo definitivo que articula el reparto de las obligaciones entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Piélagos para dar cumplimiento a las sentencias judiciales del Alto del Cuco.

En ruedade prensa, Díaz Tezanos ha destacado este paso que «constituye una muestra más del compromiso del Gobierno regional», que mantiene el “calendario previsto” proyectado desde un inicio para derribar las 214 viviendas que se construyeron ilegalmente en el Alto del Cuco (Piélagos).

Eva Díaz Tezanos ha enfatizado que el Gobierno de Cantabria “cumple escrupulosamente las sentencias de los tribunales de Justicia”, y de ahí, los pasos dados en los últimos días que permitirán acometer la demolición de las edificaciones y urbanizaciones existentes en El Alto del Cuco.

El Consejo de Gobierno aprobó, el pasado mes de mayo, el gasto plurianual para consignar el montante necesario para abordar las obras de demolición.

Tras los acuerdos alcanzados con el Ayuntamiento de Piélagos, esta decisión ultima el procedimiento para iniciar los trabajos de demolición a principios del próximo mes de agosto.

«SATISFACCIÓN» EN EL PP POR LA APLICACIÓN DEL PLAN DE IGNACIO DIEGO

El portavoz de Urbanismo del Partido Popular, José Manuel Igual, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Gobierno de Cantabria de aplicar el plan de derribos «diseñado en la pasada legislatura» por el Ejecutivo presidido por Ignacio Diego.

“Al césar lo que es del césar, en este caso no podemos menos que felicitar al Gobierno de Cantabria por dar continuidad al proceso iniciado la pasada legislatura”, ha subrayado.

Para Igual, en esta ocasión se ha actuado «con sentido común», porque el plan es «bueno, beneficia a todos, y sobre todo permite solventar una situación que necesita soluciones inmediatas”.

Para el portavoz del PP en materia urbanística, el plan que se está aplicando para restaurar y ejecutar la sentencia del Alto del Cuco, permite solucionar las principales cuestiones que rodean a una sentencia de derribo.

“Se incide en una importante restauración ambiental para dejar la zona en condiciones, se compensa a los afectados, y se colabora en todo el proceso con el Ayuntamiento de Piélagos, que al no poder hacer frente económicamente al proceso recibe préstamos del Gobierno de Cantabria que irá devolviendo poco a poco”, ha recalcado.

IU DE PIÉLAGOS EXIGE DEPURAR RESPONSABILIDADES

El concejal de Izquierda Unida, Rubén V. Carrillo, ha exigido al equipo de Gobierno de Piélagos (PSOE) que trabaje para «depurar todas responsabilidades patrimoniales, tanto de la empresa que impulsó el proyecto, como de los concejales del Partido Popular que aprobaron el Plan Parcial”.

El Convenio entre el Ayuntamiento de Piélagos y el Gobierno de Cantabria para regular las obligaciones derivadas de las sentencias que anulan el Plan Parcial del ‘Alto del Cuco’ se ha votado esta semana en el pleno municipal.

E Izquierda Unida (IU) se decantó por la abstención, debido a las «numerosas dudas que les genera, entre las que destacan que se deba ejecutar el proyecto de restauración redactado por una empresa contratada en su día por MARTINSA-FADESA, promotora del Alto del Cuco»

Además, esta formación no comparte que la Corporación debe asumir los sobrecostes, que la adjudicataria sea TRAGSA o que el tipo de interés que cobrará el Gobierno sea «tan ventajoso como se ha vendido».

“Pese a todo ello, desde Izquierda Unida no podíamos votar en contra, pues no olvidamos donde está el origen de esa dentellada que sufrió La Picota, ni que las urgencias que sufrimos ahora vienen derivadas de la dejación de los gobiernos anteriores”, ha explicado Carrillo.