La Plataforma STOP DESAHUCIOS ha denunciado la ejecución, la semana pasada, por parte de Bankia, de un un desahucio en Santoña sin que se produjera la pertinente orden judicial.

Según relata este colectivo, los funcionarios del juzgado se personaron en la vivienda para el cambio de cerradura y la toma de posesión del inmueble.

Al comprobar que había una familia residiendo allí, en lugar de informar al juez, llamaron a la guardia civil y a la policía nacional para que prestaran auxilio en el desahucio, desalojando la vivienda en contra de la voluntad de sus moradores y sin la preceptiva orden judicial.

Tanto la plataforma Stop Desahucios como la familia denuncian el abuso cometido y presentarán en breve un escrito para solicitar la nulidad del desahucio, reservándose la posibilidad de presentar denuncia penal por usurpación de funciones y coacciones.

El pasado viernes, los funcionarios del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Santoña se presentaron en un domicilio de la localidad para la toma de posesión del inmueble por Bankia, actual titular de la vivienda después de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

En la vivienda se encontraba residiendo una familia con dos niños menores desde hacía varios años, ya que el antiguo titular de la misma era hermano de uno de los padres y se la había cedido al encontrarse vacía. Según fuentes de la plataforma Stop Desahucios, “dicha cesión es totalmente legal si no media auto judicial que diga lo contrario”.

María del Tránsito Cerreduela y Angel Dual se encuentran en situación de desempleo desde hace tiempo y son los padres de dos menores, una niña de cuatro y un niño de seis años que padece una enfermedad crónica.

Los funcionarios, entre los que estaba el secretario judicial, iban acompañados de un cerrajero para cambiar la llave y de la procuradora de Bankia.

Al observar que la vivienda estaba ocupada, en lugar de comunicar al juez el hecho para que tomara las medidas oportunas, llamaron directamente a la guardia civil y a la policía nacional, que se personaron para llevar a cabo el desahucio.

Según explica la plataoforma, el auxilio de las fuerzas de seguridad para realizar un desahucio es competencia exclusiva de los jueces y ni los secretarios judiciales ni cualquier otro funcionario tienen dicha potestad en caso alguno.

La familia no había recibido notificación de la toma de posesión y, mucho menos, del posible desahucio, como obliga la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo cual podría constituir una infracción grave en opinión de miembros de la plataforma Stop Desahucios.

Bankia tenía conocimiento de que la vivienda se encontraba ocupada y, sin embargo, no informó al juzgado. Y es que la familia había comunicado en 2014 a Bankia que residía allí y había solicitado la permanencia en el inmueble mediante el oportuno contrato de alquiler, sin que hubiera respuesta de Bankia en sentido alguno.

Dos miembros de la plataforma Stop Desahucios se personaron este lunes junto a María del Tránsito en el juzgado de Santoña y hablaron con el juez responsable. Durante la reunión se produjo una especie de “careo” con los funcionarios que realizaron el desahucio, los cuales informaron que “la familia se había ido voluntariamente”.

El problema de los desahucios ha experimentado un repunte en el último año, como revelan los casos atendidos por las distintas plataformas existentes y las propias estadísticas del Poder Judicial, hasta el punto de que el Gobierno de Cantabria ha habilitado un servicio específico de asesoría, la Oficina de Emergencia Habitacional, dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.

La Oficina atiende de lunes a viernes en la calle Juan de Herrera 2-4, 5ª planta, de Santander. Es preciso solicitar cita previa en los números de teléfono 942 31 89 82 y 942 31 89 80. Los interesados pueden dirigirse también a la Oficina a través del correo emergenciahabitacional@gesvican.es y encontrar toda la informaciónwww.emergenciahabitacionalcantabria.gesvican.es