Desde la pasada legislatura, en Santander los vecinos han cedido dejar de callarse, casi como si se pusieran de acuerdo. Aquello que el alcalde, Iñigo de la Serna, llegó a calificar de plataformitis no solo no fue una enfermedad vírica pasajera sino que parece haber echado raíces en la ciudad.

Primero fue Amparo, seguida de los vecinos de Prado San Roque y el Pilón, por un motivo común. Y es que oye, que no querían ni quieren irse de sus casas, y menos en las condiciones en las que han insistido desde las instituciones.

Vivienda protegida en La Albericia, una de las afectadas por las irregularidades en la construcción.

Luego los vecinos de la senda costera, que querían una senda natural, con poco impacto medioambiental y una traza que no incluyera zonas inundables. Hasta les dio por parar las máquinas cuando empezaron a erosionar el suelo y a colocar vallas por doquier.

Es más, son guerreros e inconformistas y dicen que a ellos el maquillaje no les va y que prefieren que se cree un proyecto desde cero en vez de echarle el tipex al actual.

Pero es que, encima, ahora han salido más vecinos, los afectados por las Viviendas de Protección Oficial en La Albericia y General Dávila que, por algún motivo, no les gusta esto de vivir rodeados de irregularidades en la construcción ycon humedades por todas las estancias de sus casas.

Decimos ahora, aunque la situación viene de largo, desde que en 2009 ganaron su primera denuncia que condenó a la Sociedad Vivienda y Suelo de Santander, empresa pública dependiente del Ayuntamiento, a abonar 150.000 euros a los propietarios afectados de la promoción de Peñacastillo.

Este verano ha habido otra sentencia contra el Consistorio que supone otro ‘pellizco’ de casi 100.000 euros.

Dado el resultado de sus denuncias, parece probado que la situación se asemeja a la que vive Chicote cada vez que tiene que meterse en una cocina en cuestionable estado. Pesadilla en las viviendas, podemos llamarlo. Si a Chicote no le gustaba pasar mucho tiempo en esas estancias, imagínense vivir en ellas. Así que no es de extrañar que los vecinos de varias promociones sigan en pie de guerra.

Van a acudir al próximo pleno del Ayuntamiento, que será este jueves, 25 de agosto, a las 09.00 de la mañana. Ya han registrado preguntas para averiguar qué medidas se están tomando para subsanar estas irregularidades y, antes de eso, se concentrarán en la plaza del Ayuntamiento a las 8,50, diez minutos antes de empezar el pleno, con camisetas blancas para darse a conocer de forma reivindicativa pero respetuosa.

LA COSA VA DE INMUEBLES Y DE IRREGULARIDADES

No solo de ellos se hablará en el pleno, que tendrá los inmuebles como protagonistas de las mociones. Unos inmuebles que cuentan también con irregularidades, pero en esta ocasión en el pago de impuestos.

Basándose en una publicación del Catastro, registro dependiente del Ministerio de Hacienda, Santander Sí Puede pedirá al Ayuntamiento que haga un listado de las viviendas que están en situación irregular a la hora de pagar el impuesto de Bienes e Inmuebles, el famoso IBI. El catastro ha cifrado las viviendas irregulares en Cantabria en 27.800, por lo que identificarlas y regularizarlas podría ser beneficioso a las arcas municipales, según defienden.

El callejero franquista sigue presente en las comisiones internas del Ayuntamiento, creando un ambiente tenso en los grupos políticos.

El catastro cree que muchas de estas viviendas pertenecen a entidades bancarias, por lo que la moción también pedirá que aquellas que tengan deudas por este motivo u otros no puedan concertar contratos o acuerdos con el Consistorio hasta resolverlas.

Además, el equipo de Mantecón ha presentado otra moción que pide alcanzar un acuerdo con las entidades bancarias para que cedan al menos el 30 % de las viviendas vacías al parque de viviendas público de la ciudad, destinado a aquellas personas en situación de exclusión social.

EL TENSO AMBIENTE ANTES DEL PLENO

Es difícil llevar la fiesta en paz en el pleno de Santander. En esta última legislatura, en la que el PP ha perdido la mayoría absoluta y se apoya casi siempre en Ciudadanos, y en la que tres partidos nuevos han entrado en la Corporación, lo cierto es que las relaciones entre los grupos políticos están… digamos que tensas.

Y eso se percibe en las jornadas previas a los plenos, con la presentación de las mociones y el ambiente en las diferentes comisiones que continúan trabajando a puerta cerrada.

Otra moción que se debatirá, y que no ha gustado al equipo de Gobierno, es la que ha presentado el concejal de Izquierda Unida, Miguel Saro, y a la que se han suscrito los grupos del PRC, PSOE,  Ganemos Santander y Santander Sí Puede.

La petición se trata de crear una redacción de un reglamento de la recepción de regalos en el Ayuntamiento de Santander, para diferenciar entre los regalos institucionales y los personales. La oposición quiere incluir estas medidas en la ley de transparencia, para evitar “posibles malas prácticas o tentaciones de los cargos públicos” y fijar un límite máximo de importe por cada regalo y un máximo anual por cada concejal o grupo municipal.

El equipo de Gobierno no ha tardado en reaccionar, acusando a IU de querer hacer “pura pose de cara a la galería”, pues ha asegurado que la ordenanza municipal de transparencia ya regula la recepción de regalos por parte de los miembros de la Corporación, y ha señalado que el Gobierno de Cantabria aún no se pone de acuerdo para regular la transparencia en las instituciones regionales.

Pero no ha sido la única cruzada de declaraciones, pues otra más polémica, y que viene de largo, es la que se ha iniciado con la Comisión de Cultural creada para regular el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en la ciudad.

Este lunes, el PRC ha acusado al equipo de Gobierno de tener una “alergia demostrada” para cumplir esta ley en concreto. Los regionalistas llevan meses pidiendo que se convoque una mesa de trabajo para que todos los partidos lleguen a un consenso para retirar monumentos y calles franquistas pero, al parecer, los votos del PP y la abstención de Ciudadanos lo han impedido una vez más.

El PRC cree que el PP busca una “aplicación minimalista” de la ley, que dirija en solitario su partido, en vez de abrir un debate sobre la aplicación, una vez terminado el trabajo de los técnicos.

Tras estas acusaciones, la concejala de Cultura, Miriam Díaz, ha asegurado que el PRC busca “tergiversar absolutamente” los acuerdos sobre los cambios de denominación de calles y considera que es “oportunista” y “absurdo” tratar de abrir un debate sobre las calles que los expertos decidieron dejar fuera de la modificación.

El debate del nombre de las calles parece que continuará abierto incluso después de que se cierre esta Comisión, pues la decisión de los expertos no ha dejado contentos a todos.

No es la primera vez que la oposición critica que se haya “robado” el debate sobre el cambio de calles, por la elección de algunos miembros de la Comisión de Expertos, abiertamente contrarios a eliminar las calles franquistas y que han impedido que se llegue a un consenso en muchos casos. Según la oposición, los cambios que se ejecutarán se centrarán solo en las calles consensuadas, olvidando otras muchas que son consideradas polémicas y que pueden homenajear a la dictadura franquista.