La gran protagonista del pleno de este mes de agosto en el Ayuntamiento de Santander, en el que se ha aprobado por unanimidad conceder la medalla de plata a Nando Yosu por su inigualable labor en el Racing de Santander y poner el nombre de Ruth Beitia al Complejo Municipal de La Albericia, es la vivienda.

Afectados por las deficiencias en las VPO de Santander, hoy en el Pleno

Es esta, y no la falta de Infraestructuras, el principal problema de Santander, según ha destacado Antonio Mantecón, concejal de Santander Sí Puede, que ha llevado al pleno dos de las mociones principales.

La primera, que ha aprobado para sorpresa y satisfacción del concejal, insta al Ayuntamiento a llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para que cedan al parque público de viviendas el 30% de las que tengan vacías.

En caso contrario, el Ayuntamiento dejará de colaborar con los bancos que se nieguen a este acuerdo, en una medida que es pionera en Cantabria y de las primeras en toda España.

Esta petición es una de las reclamaciones históricas de la PAH, que han apoyado Izquierda Unida, Ganemos, PRC, Ciudadanos y PSOE, logrando superar los votos en contra del PP (14 contra 13), que ha alegado que esta medida es ilegal porque atentaría contra la libre competencia.

La oposición le ha recordado al Ayuntamiento que está en su mano regular los criterios y condiciones para trabajar con las entidades bancarias y han acordado que las actuales medidas tomadas son “insuficientes” para paliar la dramática situación social, que, en el caso del problema de la vivienda, ha llevado a medidas urgentes en todo el país, con la apertura en Cantabria de una Oficina de Emergencia Habitacional para asesorar y mediar en estos casos (está en la calle de Juan de Herrera y sus teléfonos son 942 31 89 80 y 942 31 89 92).

Mantecón llevaba al pleno también otra propuesta en la materia –que ha sido rechazada–, que pide hacer un listado de aquellos que no hayan abonado el pago del IBI, y que busca regular los impagos municipales. Según los datos del Catastro y el Ministerio de Hacienda, en Cantabria hay cerca de 27.800 viviendas en situación irregular en municipios, y el objetivo es regular la situación en Santander y controlar especialmente las de los impagos que procedan de los bancos. La moción también quería restringir la colaboración con las entidades deudoras con las arcas municipales.

EL AYUNTAMIENTO APRUEBA GASTAR 7,2 MILLONES EN UN NUEVO VIAL

En el pleno del Ayuntamiento han tomado la palabra representantes de los afectados por las promociones de protección oficial construidas por la Sociedad Vivienda y Suelo (SVS), a los que el Ayuntamiento ha instado a acudir a la intervención del Gobierno de Cantabria o a los Juzgados, para resolver las irregularidades que quedan por solucionar.

Sí que se ha aprobado, con los votos del PP y Ciudadanos, la modificación del presupuesto del presente año para gastar 7,2 millones de euros en la construcción de un nuevo vial, un paso inferior que unirá General Dávila y Camilo Alonso Vega.

El equipo de Gobierno anunció esta semana el proyecto, que se concibió inicialmente en 2009 y se ha ido adaptando al Plan General elaborado en 2012 y ampliamente cuestionado por la sociedad civil.

Este proyecto ha contado con la crítica de la mayor parte de la oposición, que han votado en contra (12 votos contra 15 favorables), y que la han calificado de “faraónica” e “innecesaria”, y temen que, al contrario de lo que ha defendido el equipo de Gobierno, finalmente sean las arcas municipales las que sustenten la obra sin ninguna ayuda del Ejecutivo regional.

La justificación del equipo de gobierno es que es necesario este vial para descongestionar el tráfico de la zona y facilitar la conexión entre el norte y el sur de la ciudad. La oposición defiende que esa función ya la llevan a cabo otros viales, como el de Amparo que se inauguró en mayo de 2015 tras la expropiación de la casa de la anciana, que acabó falleciendo casi al tiempo que se derrumbó su casa.

El alcalde, Iñigo de la Serna, ha criticado la actitud de la oposición, que también se ha opuesto infructuosamente a ampliar el presupuesto actual en casi medio millón de euros para costear viajes y productos de hostelería destinados a los congresos y eventos que acoge Santander.

“Alguien tiene que traer inversión a Cantabria y el Ayuntamiento de Santander va a hacer una histórica”, ha asegurado, defendiendo que estas medidas dan trabajo. “Ustedes quieren que se eche a la calle a todos los que están trabajando en estas materias”, les ha acusado.

La idea del equipo de gobierno es licitar y adjudicar los trabajos antes de que acabe el año, de tal manera que las obras puedan iniciarse a principios de 2017. El proyecto contempla construir un túnel de 142 metros de longitud con sendas rampas de acceso de 64 y 74 metros desde ambos sentidos de circulación de General Dávila.

EL PP CONFIRMA QUE HA PEDIDO SUBVENCIÓN PARA LOS TOROS

Durante el pleno, el equipo de Gobierno ha confirmado que ha pedido una subvención de 18.000 euros al Gobierno de Cantabria para sustentar la plaza de toros, como ya adelantó EL FARADIO.

El importe de esta subvención, “el máximo permitido”, según reconoce la concejala de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, iría destinado a mantener a flote la actividad de la feria taurina pues, según ha reconocido, hay «riesgo real» de que la plaza de toros entre en déficit durante dos años seguidos, llevándolo a la clausura según marca la ley.

Este déficit se lleva al retirar las ayudas del Ayuntamiento, aprobado en pleno con la oposición del PP, y después de que el Gobierno cántabro haya retirado también su aportación pública. González Pescador ha calificado la tauromaquia como una «manifiestación artística y estética», un «bien cultural desvinculado de ideologías» y de «una importantísima transcendencia como económica y empresarial» y «la actividad cultural que más ingresos proporciona al Estado». Sin embargo, a pesar de los datos de su aportación económica, la concejala no ha sabido explicar por qué en ese caso necesita de dinero público para sobrevivir.

El pleno también ha rechazado la moción conjunta de IU, PRC, PSOE, Ganemos y Santander Sí Puede para se regulen y limiten los regalos recibidos por los concejales del equipo de gobierno. El PP se ha opuesto y Ciudadanos se ha abstenido porque querían cambiar la moción para que pasara a ser una petición al Gobierno de Cantabria para crear una norma autonómica.

El concejal de IU, Miguel Saro, se ha mostrado favorable a la medida pero ha recordado que eso sería “una moción diferente”, pues consistiría en instar al Gobierno a hacer algo y no a crear una norma municipal. IU, que no tiene representación en el Parlamento de Cantabria, ha instado al Ayuntamiento a ser pionero en este caso pero el PP ha rechazado “no el contenido”, ha especificado el alcalde, “sino querernos obligar a hacer algo a nosotros y a otros no”, creando, según él, “políticos de primera y políticos de segunda”.