El Gobierno entrega la documentación de Nestor Martin tras la denuncia de la oposición
El Gobierno de Cantabria ha entregado la documentación solicitada por los diferentes grupos parlamentarios en relación a la Comisión de Investigación sobre el caso Ecomasa-Nestor Martin, tras las quejas de Podemos y Ciudadanos este mismo viernes.
Lo ha hecho, según ha publicado en Twitter el diputado de Podemos en dicha comisión, José Ramón Blanco, tras la denuncia pública que ha realizado la formación morada en un comunicado.
Y por arte de magia después de la queja pública llega la documentación, #DeChiste #EstoEsUnCachondeo pic.twitter.com/tJQSxe4e9Q
— José Ramón Blanco (@jr_blanco_) 2 de septiembre de 2016
La comisión arrancó el pasado 13 de julio, justo al final del curso parlamentario para analizar el Plan de Trabajo y, al día siguiente, los grupos políticos registraron la petición de documentación a la mesa del Parlamento, que aprobó en el último día de actividad remitir toda la documentación del Gobierno de Cantabria, sus empresas y distintos entes públicos relacionada con este proyecto empresarial.
Sin embargo, casi dos meses después Podemos Cantabria denuncia que no les ha llegado la información requerida. Blanco ha achacado esta demora a «la intencionalidad de que no se investigue en las mejores condiciones». «Hemos perdido los dos meses de verano en los que podíamos haber trabajado en esta comisión, sabiendo lo que viene ahora: tramitación de la Ley de Presupuestos, Comisión de investigación de Valdecilla más las leyes que el Gobierno quiere tramitar antes de que finalice el año”, ha añadido el diputado de Podemos, que ha calificado de «cachondeo» que los temas «se vayan muriendo en el tiempo».
Entre la documentación exigida, Podemos solicitó el Plan de Negocio que se presentó inicialmente al ICAF y toda la documentación inicial que se presentó al ICAF que tuviese relacion con Ecomasa; los informes y/o resoluciones del Plan de Negocio inicial y los planes de viabilidad realizados por los técnicos de ICAF y su valoración y todas las actas de sesiones de la Comisión Ejecutiva del ICAF desde el año 2012 al año 2015.
Además, también pidió todas las auditorías que se realizaron a Ecomasa, bien hechas por Sodercan (Auditoría Forense) o por el Gobierno de Cantabria. Por último, también preguntó por los planes de viabilidad que se realizaron a Ecomasa, tanto públicos como privados y por toda la documentación o información relacionada con la formación de los trabajadores de la empresa quebrada.
Los otros grupos de la oposición, el PP y Ciudadanos fueron menos explícitos y directamente solicitaron “toda la documentación que obre en poder del Gobierno regional de Cantabria y en sus empresas y entes públicos” sobre este proyecto.
CIUDADANOS TAMBIÉN SE QUEJA
El Grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cantabria se ha quejado por no recibir la información que solicitó en julio al Gobierno de Cantabria para la Comisión de Investigación de la empresa Ecomasa-Nestor Martin.
Así lo ha asegurado hoy el portavoz, Rubén Gómez, quien recordó que se dio de plazo el verano para recibir y estudiar esta información pedida por todos los partidos y así comenzar la Comisión de Investigación en este mes de septiembre.
“Se ha perdido parte del mes de julio y todo agosto para analizar el caso y es imposible iniciar la Comisión de Investigación sin esta documentación que no ha entregado el Gobierno de Cantabria”, remarcó Gómez
ANTECEDENTES
La pasada semana Podemos ya presentó una queja en el Parlamento de Cantabria al no haber recibido tampoco información sobre los contratos de la relación de SODERCAN con la empresa Fraile y Blanco y el conglomerado de empresas relacionados con esta agencia de publicidad.
Estas relaciones surgieron después de que se difundiera el informe de Intervención, elaborado en 2012, sobre las irregularidades de la gestión de Salvador Blanco, actual responsable de la empresa pública, cuando estaba al frente de SODERCAN entre 2007 y 2011.
LA ESTAFA DE NESTOR MARTIN
El proyecto de Ecomasa-Nestor Martin se fraguó durante el Gobierno del PP al mando de Ignacio Diego. El Ejecutivo aportó 18 millones de euros de dinero público para apoyar la creación de esta nueva empresa de estufas y darles salida a los 88 empleados de Teka que habían sido despedidos.
Los trabajadores aportaron sus indemnizaciones por despido para seguir trabajando, hasta 3,2 millones de euros a los que renunciaron y que finalmente se esfumaron con el resto del capital de la empresa, dirigida por los empresarios cercanos a Diego, Jesús Lavín y Andrés de León.
Con el proyecto finiquitado, estos trabajadores han acabado finalmente en la calle y todavía continúan su lucha judicial por recuperar parte de estas indemnizaciones perdidas.
El Parlamento de Cantabria acordó el pasado mes de noviembre abrir una Comisión de Investigación, la que fue la tercera tras los casos de GFB y CANTUR durante el anterior Gobierno. A ellas se suma también la de las obras de Valdecilla. La mesa de la comisión ya recibió críticas durante su fundación después de que se revelara que PP, PRC y PSOE coparían su directiva, dejando al margen de las decisiones a los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos.